El Ministerio Público inició un proceso de investigación sobre el caso del joven de 22 años con Síndrome de Down que fue atacado por seis perros, al interior de su domicilio en la zona de Lechuguillas en Sucre.

“Se han emitido órdenes de citación y se espera el cumplimiento de estas disposiciones”, indicó el fiscal de materia asignado al caso, Gerardo Gutiérrez, en contacto con la red ATB.

De acuerdo con los informes médicos, el joven que fue víctima de los ataques de seis perros, ahora está estable, pero presenta daños en el cuero cabelludo, múltiples heridas en el rostro y en el tórax.

De acuerdo con el hermano de la víctima, Daniel Condori, los gastos de la internación, curación y cirugía son cubiertos por los dueños de los animales, que son sus familiares.

Por la gravedad del hecho, la víctima fue sometida a una cirugía reconstructiva y la Fiscalía investiga el caso por lesiones graves y gravísimas que produjeron los animales. Se espera que los familiares de la víctima y propietarios de los perros acudan y rindan su declaración para esclarecer cómo sucedió el ataque y tomar una decisión según corresponda.

La justicia determinó la noche del sábado la detención domiciliaria para el exgobernador de La Paz, Félix Patzi, quien el viernes protagonizó en estado de ebriedad un accidente de tránsito, informó Bolivia TV.

Cuenta con arraigo y prohibición de comunicarse con las víctimas. Se le acusa de los delitos de conducción peligrosa, intento de homicidio, lesiones graves y gravísimas.

El hecho ocurrió en la avenida Julio César Valdez, esquina calle Octavio Campero, en la zona Villa Alemania de la ciudad de El Alto.

Según el Ministerio Público, el incidente se suscitó el viernes por la noche, cuando la exautoridad chocó una vagoneta con placa de control 2815-BGR contra la parte posterior media de un vehículo.

Como resultado del hecho de tránsito, quedaron heridos Angélica S. Q. (74 años), Charo A. S. (41) y una niña de 10 años, quienes fueron llevados a un centro médico.

Un examen de alcoholemia practicado a Patzi por personal del Organismo Operativo de Tránsito determinó que se encontraba con 1,50% de grado alcohólico en la sangre, lo que está considerado como sancionable.

Joel Colque de 22 años y Clemente Mamani de 24 tienen algo en común. No imaginaban que ese martes les esperaba el mismo destino. Era un día como cualquier otro, cada uno con planes del recuentro familiar al terminar la jornada; pero, horas antes de que eso suceda, las balas los encontraron cuando pasaban por la zona solamente para cumplir sus actividades cotidianas al igual que otros transeúntes.

En las calles de Senkata de la ciudad de El Alto, se guarda luto hace un año, siete meses y 28 días. Hoy, son testimonio de la masacre de ese 19 de noviembre de 2019. Ese día, otros ocho civiles perdieron la vida y 31 quedaron heridos a causa del operativo de fuerzas combinadas que se ejecutaba bajo el Decreto Supremo 4078, norma que deslindaba de responsabilidad penal a los militares que usaban armas de guerra contra el pueblo.

Por la mañana, se comenzaron a escuchar las sirenas que anunciaban el ingreso de un convoy militar a la zona. El ambiente estaba teñido por el humo de las fogatas encendidas por vecinos que se oponían a que un régimen haya tomado el poder exactamente una semana antes, el 12 de noviembre, dos días después del golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019, cuando Evo Morales dimitió ante la escalada de violencia nacional.

Aproximadamente a las 10.30, el ingreso de camiones militares anunciaba la ejecución de un plan operativo conjunto entre policías y militares para exfiltración de combustible y gas licuado en la planta de YPFB.  El objetivo era trasladarse al regimiento Ingavi de la urbe alteña. El convoy había roto el bloqueo de barricadas que impedían el tránsito. Hasta ese momento, todos caminaban para trasladarse de un lado a otro.

Al principio, el operativo fue exitoso. Camiones cisterna cargados de gas, diésel y gasolina salían del complejo de Senkata custodiados por el convoy militar y policial. Eso intensificó las protestas.

Cuando el convoy llegó al regimiento Ingavi, se tuvo conocimiento de que movilizados intentaban ingresar a la planta de Senkata. Ese instante, el entonces director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y general en retiro de las FFAA, Luis Fernando Valverde Ferrufino, ordenó el retorno de los camiones militares. Al llegar al lugar de conflicto, los disparos de fusil se confundían con el sonido que provocaban los petardos.

“Tenemos indicios, resultado de las pericias perimetrales, declaraciones juradas, reconstrucción y declaración de testigos, que al regresar este convoy algunos de ellos (militares) habrían disparado. Nuestra georreferenciación ha establecido que algunos de los disparos salieron del interior de la planta de Senkata”, reveló el ahora exfiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, en febrero.

No era el único escenario de duelo. La represión tenía otro epicentro cinco días antes, el 15 de noviembre de 2019, cuando uniformados ejecutaron otro operativo en la zona de Huayllani del municipio de Sacaba, en el departamento de Cochabamba. La intervención provocó la muerte de 10 personas esa jornada.

La advertencia ya fue lanzada el 13 de noviembre, un día después de que Áñez tomara el poder. En una reunión en la Estación Policial Integral de Huayllani, Cochabamba, el comandante Departamental de la Policía, Jaime Zurita, advirtió al dirigente del sector campesino Jhonny Pardo lo siguiente: “Si ustedes ingresan a la ciudad, los voy a cazar”.

El 15 de noviembre de 2019, después de despedirse de su madre que estaba embarazada, César Sipe de 18 años se sumó a las movilizaciones organizadas por habitantes del trópico cochabambino contra el régimen de Jeanine Áñez y en demanda de respeto a la democracia. No esperaba que las fuerzas combinadas usaran armas de fuego a quema ropa y elementos antidisturbios.

Cuando marchaba, aparecieron uniformados que tenían como objetivo dispersar la movilización. Durante la protesta pacífica en la zona de Huayllani, Sacaba, recibió dos impactos de bala en el abdomen. Mientras se desangraba, sus compañeros usaron las redes sociales para comunicarse con su madre y anoticiarla del hecho. Cuando ella llegó al lugar, encontró a su hijo en un ataúd, quien era parte de otra lista de 10 fallecidos.

Hoy, Juana Mérida pide que los responsables de los hechos sean sancionados y relata: “Tengo que llorar día y noche en memoria por mi hijo. No lo puedo olvidar. Siempre pido a Dios que se haga justicia”. “Extraño mucho a mi hijo, lloro todos los días”, añade al contar su pena.   

El decreto de la muerte

Según datos de la Defensoría del Pueblo, en la masacre de Sacaba, además de Cesar Sipe, fallecieron también Omar Calle, Juan López, Emilio Colque, Lucas Sánchez, Plácido Rojas, Armando Carvallo, Marcos Vargas, Roberto Sejas y Juan Pinto. Todos ellos por heridas de impacto de bala.

En el caso de Senkata, perdieron la vida Devi Posto Cusi, Pedro Quisbert, Edwin Jamachi, Joel Colque, Juan José Tenorio Mamani, Antonio Ronald Ticona, Clemente Eloy Mamani, Milton David Zenteno, Rudy Cristhian Vásquez y Calixto Huanaco Aguilar. Todos por bala.

Las masacres de Sacaba y Senkata son las dos en las que las FFAA actuaron bajo el amparo del Decreto Supremo 4078 del 14 de noviembre de 2019 del régimen de Áñez. La norma permitió la participación de los militares en apoyo a la Policía Boliviana para reprimir protestas que cuestionaban a los gobernantes de entonces. La norma establecía que los miembros de la institución castrense estaban exentos de responsabilidad penal pese al uso de armas. Tenían permiso para matar.

Las ciudades de El Alto y Sacaba no fueron los únicos escenarios de violencia. Entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, también fueron epicentros Cochabamba, La Paz, Villa Tunari, Bulo Bulo, Sucre, Santa Cruz, Montero, Potosí, Vila Vila, Challapata, Caracollo y Oruro.

“No habrá impunidad”

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) empezó su labor el 23 de noviembre de 2020, cuando se instaló de manera oficial en La Paz. Desde entonces hasta la fecha, desarrolló una agenda de trabajo en todas las ciudades que fueron escenarios de conflicto. Se esperan las conclusiones de las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos para el viernes 23 de julio.

“La información preliminar recabada hasta ahora, en las distintas reuniones con autoridades, organizaciones de la sociedad civil y víctimas, apunta hacia la existencia de violencia ejercida tanto por parte de actores estatales como privados, la obstrucción del debido proceso en casos de criminalización de liderazgos sociales y la denegación de servicios de atención médica a víctimas de la violencia ejercida por fuerzas del orden”, informó el secretario Ejecutivo del GIEI-Bolivia, Jaime Vidal Melero, en entrevista con la Agencia Boliviana de Información (ABI).

Al respecto, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, aseguró que el informe del GIEI-Bolivia contribuirá a que el vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, convoque a sesión del pleno de legisladores para emplazar la solicitud de juicio de responsabilidades contra las autoridades del régimen.

“Esa es la situación que tenemos para el mes de julio. Esperemos que para el aniversario del 6 de Agosto nuestra Asamblea nos dé la buena noticia de que no está pensando en la impunidad, que no quiere que el país siga en confrontación y que abra la puerta de los tribunales de justicia para que la señora Áñez y las víctimas de estos hechos encuentren justicia, sean escuchadas y puedan contar su versión de los hechos y tener una sentencia”, dijo Lima en entrevista con ATB, el 15 de julio. 

En busca de justicia

Con el respaldo de las urnas a Luis Arce, el gobierno dio, al menos, tres pasos decisivos para esclarecer las masacres de Senkata y Sacaba: Firmó un acuerdo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), garantizó el apoyo del Estado a esa investigación y cumplió el pliego presentado por los familiares de las víctimas. Todo ello bajo los principios de “Memoria, verdad y justicia”.

Durante el régimen de facto de Jeanine Áñez se produjeron matanzas, la mayoría de civiles indígenas. Al menos 37 personas fueron asesinadas, 804 resultaron heridas y, según la Defensoría del Pueblo, más de 1.141 fueron detenidas de manera ilegal, inclusive con la participación de grupos civiles paraestatales, y sometidas a torturas y vejaciones.

Tras un histórico 55,11% de respaldo expresado en las elecciones generales, Luis Arce asumió la presidencia el 8 de noviembre de 2020. Días después, el 23 de noviembre de 2020, el Gobierno firmó el protocolo marco con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH para el desarrollo de la investigación de la violencia ocurrida entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de diciembre de ese año, que incluye las masacres de Sacaba y Senkata.

Esa instancia de investigación internacional está integrada por Julián Burger, Magdalena Correa, Juan Méndez, Patricia Tappatá Valdez, Marlon Weichert y Jaime Vidal. Cuando concluya la indagación, posiblemente en este mes de julio, emitirá un informe que será entregado a la Fiscalía para que inicie las acciones correspondientes.

Al respecto, el representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, David Inca, informó, semanas atrás, que el informe final del Grupo Interdisciplinario identificará a los autores intelectuales, materiales, cómplices y/o encubridores de las masacres de Sacaba y Senkata, además de presentar un plan de atención integral a las víctimas.

El representante sostuvo que el Grupo de Expertos revisan más de 100.000 fojas de expedientes jurídicos, testimonios, audios y videos, además del relato de 360 víctimas de las matanzas.

Sobre la pesquisa del Grupo de Expertos, el Gobierno decidió contribuir a su trabajo. El 24 de noviembre de 2020, el ministro de Justicia, Iván Lima, recordó que el Gobierno comprometió el apoyo del Estado por instrucción del propio presidente Luis Arce, que pidió, además, garantizar que la investigación sea independiente, imparcial y con acceso a toda la información.

Es así que "se ha conformado al interior del gabinete un equipo que va a tener tareas concretas: el Ministro de Defensa estará a cargo de asegurar la información militar; el Ministro de Gobierno, lo referido a la Policía; mi persona en relación a la Justicia. Nuestro Canciller, al haber suscrito un documento, un protocolo ha comprometido el apoyo del Estado boliviano", dijo entonces Lima.

Una tercera acción gubernamental consistió en atender el pliego de solicitudes presentado por los familiares de las víctimas de la represión y masacres ocurridas en 2019.

El pliego de pedidos de los familiares de las víctimas de la represión y masacres durante el gobierno de facto ha sido atendido satisfactoriamente, confirmó el ministro de Justicia, Iván Lima, según un reporte de prensa de ese despacho del 13 de marzo de 2021.

Más de 55 personas accedieron a una fuente laboral estable y a un bono alimenticio; se gestionaron becas para jóvenes y se reembolsó gastos médicos, como parte del proceso de atención y reparación entre el Gobierno nacional y las víctimas, indica el informe.

“Tuvimos un encuentro con las víctimas en la Casa Grande del Pueblo, estuvimos atendiendo a las víctimas que han sobrevivido a las masacres”, dijo Lima.

El Gobierno y las víctimas, el pasado 20 de enero, firmaron un acuerdo y de manera previa y posterior sostuvieron varias reuniones para poder viabilizar el cumplimiento del Decreto Supremo 4176 que establece la ayuda humanitaria para los familiares de las víctimas de las masacres y para los sobrevivientes.

Al respecto, la presidenta de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata, Gloria Quisbert, indicó que existe una voluntad por parte del presidente Arce y del ministro Lima para avanzar en el cumplimiento pleno de los acuerdos alcanzados, en la línea de la recomendación de los organismos internacionales de derechos humanos que señalan que la reparación de los daños tiene que ser asumida por el Estado, agrega el informe del Ministerio de Justicia.

En su discurso del 22 de enero de 2021, el presidente Arce dio la línea del accionar gubernamental respecto a las masacres ocurridas durante el golpe de Estado. Dijo que el proceso de recuperación de la democracia también “significa trabajar para sanar las profundas heridas causadas por las masacres de Senkata, Sacaba y El Pedregal, y para esto se requiere memoria, verdad y justicia. El proceso de reconciliación y reencuentro entre bolivianas y bolivianos no pasa por venganza, sino por justicia, y de eso estamos muy conscientes”.

“Creemos que hay pruebas suficientes para imputar a Macri y a un grupo de sus funcionarios”, afirmó este domingo el ministro de Defensa de Argentina, Agustín Rossi, quien aseguró que hay una “semiplena prueba” de que el exmandatario de ese país envió a Bolivia material bélico en 2019 para apoyar el golpe de Estado, cometiendo presuntamente los delitos de contrabando agravado y encubrimiento.

“Para nosotros hay una semiplena prueba de que la nota de agradecimiento expresa claramente el envío de municiones a la Fuerza Aérea Boliviana, por un lado, y ahora también a la Policía de Bolivia, que seguramente ha sido utilizada para reprimir al pueblo boliviano en esas jornadas luctuosas que sucedieron posteriormente a la destitución de Evo Morales y a la asunción o a la usurpación del poder constitucional de Bolivia de la señora Áñez”, sostuvo en entrevista para el programa Las 7 en el 7 de Bolivia Tv.

El ministro argentino indicó que la carta de agradecimiento enviada el 13 de noviembre de 2019 al exembajador de ese país en Bolivia, Normando Álvarez, por el entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Gonzalo Terceros, sí existió.

Resaltó que “hay una cantidad de municiones que fueron encontradas en depósitos de la Policía Boliviana y entre los 40.000, para decir en números redondos, proyectiles que agradeció la Fuerza Aérea Boliviana y los 30.000 proyectiles, en números redondos, que dice haber encontrado la Policía Boliviana, dan cuenta de los 70.000 que en algún momento se había pedido autorización para que salgan del país y que después, finalmente, no aparece esa autorización, pero sí existen registros de que hubo alguna iniciativa en ese sentido”.

Señaló que el 12 de noviembre, a las 23.40, salió de la base aérea de El Palomar de Argentina un avión Hércules C-130 con miembros del grupo Alacrán con rumbo al Estado Plurinacional, a solicitud del Embajador argentino en Bolivia de ese momento. La aeronave llegó la madrugada del 13 de noviembre, entre las 04.00 y 05.00, al aeropuerto de El Alto, bajaron el cargamento, y retornó transportando personal militar y civil de la Embajada del vecino país.

“A partir de una serie de investigaciones que hemos hecho en el marco de cada una de las áreas de Gobierno que pudiesen estar involucradas, se elevaron esas actuaciones a la justicia argentina y el delito penal tipificado es contrabando agravado más encubrimiento. Contrabando agravado porque no existe constancia de que haya salido en el viaje del Hércules C-130, en el que viajaron el grupo Alacrán, personal de gendarmería, no existe constancia que esté declarada esa cantidad, sobre todo de gases lacrimógenos, de granadas y de municiones de goma antidisturbios”, sostuvo.

Rossi dijo que “cualquier situación de esas características en Argentina, debe cumplir con una cantidad de reglamentaciones y de normativas que no fueron hechas”.

Remarcó que las investigaciones en ese país continúan y se está buscando en cada uno de los ministerios involucrados información que pudiera aportar a la justicia para que se cuente con la mayor cantidad de datos y se asuman las determinaciones en el menor tiempo posible.

El fiscal Claudio Navas Rial presentó el viernes pasado un requerimiento para que se investigue al expresidente de Argentina, Mauricio Macri; a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y al exministro de Defensa, Óscar Aguad, ante indicios de “contrabando agravado” por el envío de material bélico a Bolivia durante 2019.