Tras las masacres de Sacaba de Cochabamba y Senkata de la ciudad de El Alto en noviembre de 2019, seis instituciones hicieron seguimiento a los hechos de violencia ocurridos durante el régimen de Jeanine Áñez.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional, el Instituto de Terapia e Investigación Sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard y la Defensoría del Pueblo entregaron sus conclusiones sobre los hechos en seis informes.
La CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras una investigación en Bolivia, condenó “de manera enfática las masacres de Sacaba y de Senkata, en las que se habría incurrido en graves violaciones de los derechos humanos”.
En su informe oficial titulado “CIDH presenta sus observaciones preliminares tras su visita a Bolivia, y urge una investigación internacional para las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco del proceso electoral desde octubre de 2019”, agrega que, “además de las muertes registradas en las masacres de Sacaba y de Senkata, el equipo técnico escuchó las denuncias de los asesinatos de Beltrán Paulino Condori Aruni, de 21 años, y Percy Romel Conde Noguera, de 32 años, quienes habrían muerto por disparos de arma de fuego; y de Juan Marín Félix Taco, de 18 años, cuya causa de muerte no se ha determinado, todos ellos durante la contención de una protesta realizada por pobladores de las zonas de Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa en La Paz, entre el 10 y 11 de noviembre”.
La ONU
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) se suma a las denuncias con el informe denominado “ONU la situación de los derechos humanos tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia”.
Estableció que “los relatos de las víctimas de lesiones y testigos en Sacaba y Senkata, así como la documentación y el material audiovisual analizados por OACNUDH, indican que las fuerzas de seguridad recurrieron al uso innecesario o desproporcionado de la fuerza contra las personas manifestantes, en violación de las normas y estándares internacionales aplicables. Múltiples fuentes verificadas por OACNUDH sugieren que las fuerzas de seguridad del Estado utilizaron municiones letales para dispersar a las personas manifestantes. Elementos materiales, como los cartuchos de munición usados y los impactos de bala en propiedades públicas y privadas, encontrados por OACNUDH donde ocurrieron los hechos, corroboran los relatos recogidos sobre el uso de armas de fuego por las fuerzas de seguridad. El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) confirmó que la munición letal fue la causa de todas las muertes y varias de las lesiones en las protestas de Sacaba y Senkata. No hubo reportes de miembros de las fuerzas de seguridad que hubieran muerto o resultado heridos por armas de fuego durante estas protestas”.
En este informe, la ONU exigió “una investigación pronta, independiente, imparcial, transparente y eficaz sería fundamental para determinar las circunstancias de las muertes y lesiones, e identificar a los autores materiales e intelectuales de esos actos y hacerlos rendir cuentas de conformidad con los estándares aplicables. Además de asegurar la verdad y la rendición de cuentas, ello contribuiría a apaciguar las fuertes tensiones y a restablecer la confianza pública en las instituciones del Estado”.
ITEI
Otro informe elaborado corresponde al Instituto de Terapia e Investigación Sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), una ONG boliviana con sede en La Paz que tiene como objetivo promover y defender los derechos humanos.
El documento titulado “Tortura y malos tratos en los acontecimientos de noviembre de 2019 en La Paz–Bolivia”, del 04 de junio de 2020, exigió al régimen de Jeanine Áñez “el cese inmediato de la represión política, de la tortura a los detenidos y su inmediata liberación, junto con el cese de los asesinatos y de todas las violaciones a los derechos humanos en contra de la población”.
Este documento indica que “el acto de represión policial y la persecución judicial, siguiendo el principio de presunción de culpabilidad muestra que la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y el no respeto al debido proceso, son un accionar generalizado en un sistema jurídico-policial incompetente, corrupto y sometido al gobierno de turno”.
Harvard
El informe “Nos dispararon como animales, Noviembre Negro y el Gobierno interino de Bolivia” presentado por International Human Rights Clinic de la Universidad de Harvard y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR) incluye una investigación independiente de aproximadamente seis meses, entrevistando a más de 200 víctimas.
Estableció que la totalidad de los muertos en las masacres ocurridas en Bolivia en 2019, eran civiles indígenas.
“El 15 de noviembre, tres días después de que el gobierno interino asumiera el poder, las fuerzas estatales abrieron fuego contra una marcha no violenta que pasa por el pueblo de Sacaba, matando a al menos 11 personas e hiriendo a al menos otros 120. Todos los muertos y heridos fueron civiles indígenas. No hubo policías ni soldados muertos o heridos”, indica el reporte.
“El uso de la fuerza por parte de los policías y fuerzas armadas contra personas desarmadas o manifestantes no violentos y otros civiles, violó directamente el derecho a la vida. De acuerdo a testigos presenciales en ambos lugares, fuerzas de seguridad abrieron fuego -sin dar aviso previo- (a) civiles desarmados, incluidos los que ayudan a (los) heridos. Las fuerzas de seguridad también golpearon a los manifestantes, utilizando el lenguaje racista y anti-indígena (…). El patrón en el que la Policía o soldados dispararon intencional o negligentemente, y ciudadanos asesinados sin restricciones, sugiere que estos actores llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales”, indica el informe.
Amnistía Internacional
La organización Amnistía Internacional elaboró el documento titulado “Para sanar la pandemia de impunidad. 20 recomendaciones en materia de derechos humanos a las personas candidatas en las elecciones presidenciales 2020 en Bolivia”.
Indicó que “en el marco de esta crisis post electoral se han perpetrado violaciones de derechos humanos, las que incluyen la represión de manifestaciones, haciendo uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Según información recabada por Amnistía Internacional, al menos 35 personas han fallecido y 833 han sido heridas en el contexto de las protestas desde octubre del 2019. Estas violaciones de derechos humanos no han sido investigadas adecuadamente, juzgadas y sancionadas, y permanecen en la impunidad”.
Sostiene: “Amnistía Internacional concluye que durante la crisis que sucedió a las elecciones de octubre de 2019 se han registrado violaciones de derechos humanos que incluyen el uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en operaciones de orden público incluyendo, durante las protestas, ataques contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas opositoras políticas; declaraciones de altos funcionarios con amenazas y que, en ocasiones, contienen llamados a ejercer la violencia y ataques a la libertad de expresión y a la independencia judicial”.
Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo, tras una detallada investigación, determinó, en su informe titulado “Crisis de Estado Violación de los Derechos Humanos en Bolivia Octubre-Diciembre 2019”, que “Las veinte (20) muertes ocurridas en Sacaba y Senkata, durante las operaciones conjuntas de la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, se constituyeron en masacres, al haberse cometido el delito de Asesinato de forma sistemática, en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno Transitorio, características que configuran un delito de lesa humanidad”.
