La Armada Boliviana este miércoles realizó el rescate de dos cuerpos sin vida y de un vehículo que se precipitó del puente mirador turístico, conocido como “Bahía Cáceres”, en Puerto Suárez, en el departamento de Santa Cruz.

“Ante el siniestro, efectivos navales efectuaron la operación de búsqueda y rescate de dos cuerpos sin vida de sexo masculino de aproximadamente 50 años de edad que se encontraban al interior del motorizado” informó el capitán de Navío, Oscar Vaca, comandante del Quinto Distrito Naval “Santa Cruz” de la Armada Boliviana.

El hecho se registró en la madrugada de acuerdo a una llamada telefónica que realizaron efectivos de la Policía Boliviana a la Unidad Naval, solicitando apoyo para la recuperación de las personas y del vehículo.

Efectivos del Batallón de Infantería de Marina V “Calama” y buceadores del Grupo Táctico de Buceo N° 5 de la Base Naval “Tamengo”, dependiente del Quinto Distrito Naval "Santa Cruz" de la Armada Boliviana, procedieron a la extracción del vehículo siniestrado con el apoyo de una grúa, según un comunicado de prensa.

El jefe de la División de Homicidios, René Tambo, informó este miércoles que esa institución continúa con las investigaciones por la muerte del oficial Miguel Ángel Q., miembro de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), en Coripata, Yungas de La Paz, por lo que cerca de una veintena de efectivos declararon sobre el caso.

“Tenemos un aproximado de 15 a 20 funcionarios que han prestado su declaración informativa, para corroborar los indicios”, informó Tambo en radio Compañera.

De acuerdo con el oficial, hasta la fecha ya se tomó la declaración con el objetivo de identificar cómo ocurrieron los hechos que desencadenaron en la muerte del oficial.

“Continuamos con las diligencias, se está haciendo las notificaciones correspondientes para llegar a la verdad histórica de los hechos”, afirmó.

Explicó que se está coordinando con la Fiscalía Departamental para que las personas que estaban presentes en el lugar se apersonen a emitir su declaración, por lo que no se descarta que se convoque a declarar a Armin Lluta y Elena Flores, representantes de la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca (Adepcoca).

“También se va a notificar a quienes hayan estado en el lugar (…). Se está gestionando la documentación con el Ministerio Público para hacer las notificaciones correspondientes. Están los señores (Lluta y Flores) porque ellos habrían convocado a esas reuniones”, aseveró.

El sábado 3 de julio pasado se instalaron bloqueos de caminos de organizaciones de productores de coca de Yungas en rechazo a la realización de una asamblea de Adepcoca, que debía realizarse en Coripata.

El oficial Miguel Ángel perdió la vida por un impacto de bala y otro efectivo resultó herido durante un enfrentamiento con cocaleros de la región, donde miembros de las fuerzas especiales realizaban el desbloqueo de caminos.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, desmintió que Antonio Bascopé, alias “Tonchy”, miembro de la Resistencia Juvenil Cochala, haya sido secuestrado en Santa Cruz. Aclaró que lo ocurrido fue una aprehensión.  

“Corresponde aclarar que ayer Marco Antonio Bascopé Revuelta, quien cumplía detención por el delito de sustancias controladas, logró su libertad en Palmasola; sin embargo, inmediatamente fue aprehendido en cumplimiento a un mandamiento de fiscales de materia de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca. No existió ningún secuestro, sino el cumplimiento fiel de lo que manda la Constitución”, aseveró la autoridad gubernamental.

La aclaración al caso se realiza después de que familiares de Bascopé denunciaran en la víspera un presunto secuestro cuando el investigado salía del Penal de Palmasola en Santa Cruz, luego de ser capturado a fines de 2020 por tráfico de sustancias controladas.

El miembro de la Resistencia Juvenil Cochala es procesado por ilícitos en el departamento de Chuquisaca, donde hoy por la mañana fue trasladado para que preste declaraciones. Se lo acusa de causar amedrentamiento, actos vandálicos y delictivos en octubre de 2020. Fue denunciado por la destrucción y deterioro de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

Bascopé también estuvo involucrado en la portación de explosivos durante 2019, cuando sucedieron manifestaciones que provocaron el golpe de Estado contra el gobierno del entonces presidente Evo Morales. Esos antecedentes permitieron que cumpla detención domiciliaria en diciembre de 2020.

Después de las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019, con el pretexto de supuestos indicios de fraude electoral, se generaron movilizaciones en diferentes sectores del país, una crisis política y la ruptura institucional.

La Resistencia Juvenil Cochala fue una organización de fuerza de choque que generó violencia frente a movilizaciones de simpatizantes y militantes del Movimiento Al Socialismo que defendían el gobierno de Morales. El grupo irregular respaldó el régimen de Jeanine Áñez.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que ya se tiene identificado de manera extraoficial a un uniformado argentino que entregó las municiones enviadas durante el gobierno de Mauricio Macri a Bolivia.

“De manera extraoficial tenemos identificada a la persona. Estamos buscando los reportes, cámaras de seguridad y hacer un seguimiento de lo que sucedió el 13 de noviembre de 2019, tanto en los hangares de la Fuerza Aérea como en el exhotel Radisson de la ciudad de La Paz para ver si es la persona que hemos recibido los reportes de Inteligencia. Una vez que confirmemos la identidad y tengamos la certeza sobre ello comunicaremos tanto al pueblo boliviano como al pueblo argentino de quién se trata”, aseveró la autoridad en entrevista con el medio argentino Página/12, según un reporte publicado en su portal.

El miércoles 13 de noviembre de 2019, arribó a La Paz un Hércules C-130 que trasladó municiones de la Gendarmería de Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri. Según las investigaciones, la misión era resguardar la Embajada de Argentina en La Paz; sin embargo, parte del armamento fue distribuido entre la Policía Boliviana y las FFAA durante el régimen de Jeanine Áñez.

“Tenemos un reporte extraoficial de que un militar boliviano de bajo rango habría filmado toda la descarga. Estamos tratando de conseguir las imágenes y, una vez que las obtengamos, seguramente serán difundidas conforme al marco legal vigente”, indicó el Ministro de Gobierno.

El jueves 8 de julio, la Cancillería de Bolivia reveló que el 13 de noviembre del 2019 el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Jorge Gonzalo Terceros, agradeció, a través de una misiva, la dotación de material bélico al entonces embajador de la República de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez.

Según una misiva oficial, la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) en Bolivia recibió, el 13 de noviembre de 2019, 40.000 cartuchos AT 12/70 y gases lacrimógenos de diferente tipo, entre ellos 18 unidades en spray MK-9, cinco unidades en spray MK-4 y 121 granadas CN, CS y HC.