El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, desmintió este domingo que el indígena Lino Peña haya fallecido como consecuencia de un enfrentamiento entre interculturales. Aclaró que la muerte fue a causa del COVID-19.

“En horas de la mañana, algunos medios de prensa publicaron la noticia de que Lino Peña Vaca habría fallecido producto de un enfrentamiento con interculturales”, publicó en su cuenta de Twitter.

“En honor a la verdad, esta información es falsa, el señor Lino falleció por un choque séptico, neumonía grave y fibrosis pulmonar a causa del Covid-19, como lo corrobora el Certificado Médico Único de Defunción No 7058 y el informe médico realizado por la Dra. Amanda Soliz (sic)”, añadió.

La autoridad gubernamental se adhirió al dolor de la familia de Lino Peña y dio a conocer su apoyo.

Pidió a los medios de comunicación “no desinformar a la población en temas tan delicados”.

Ante la tergiversación del hecho, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acusó al Instituto de Reforma Agraria (INRA) de dotar “irregularmente la tierra de los chiquitanos a un grupo de interculturales ligados al MAS”, según reportó de El Deber.

La ministra de Seguridad de Argentina, Sabina Frederic, aseguró que la responsabilidad del envío de municiones a Bolivia durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri al régimen de Jeanine Áñez en 2019 está en instancias superiores a la Gendarmería.

“Claramente, en la Gendarmería hay responsables, pero no han sido los únicos. La decisión tiene que haber venido de otro lado. Eso no los exime a los gendarmes, pero no cortemos el hilo por lo más delgado. Miremos para arriba y para el costado también”, aseveró en entrevista con el portal argentino Página/12.

Uno de los primeros indicios públicos de la injerencia del gobierno de Macri tras el golpe de Estado fue una carta de agradecimiento al exembajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, del 13 de noviembre de 2019, día en el que llegan a La Paz municiones en un vuelo de un Hércules C-130 desde el Aeropuerto Internacional El Palomar.

La misiva encontrada el 8 de julio en la Embajada de Argentina en La Paz tenía la firma del entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Gonzalo Terceros. En el documento, se detalla que las FFAA bolivianas recibieron “material bélico de agentes químicos” por 40.000 cartuchos AT 12/70 y gases lacrimógenos de diferente tipo, entre ellos 18 unidades en spray MK-9, cinco unidades en spray MK-4 y 121 granadas CN, CS y HC.

El caso provocó que el Ministerio de Seguridad de Argentina solicite a las Fuerzas Federales de Seguridad las investigaciones para establecer las responsabilidades ante los hechos denunciados por el Gobierno de Luis Arce.

“Éste es un sumario que está llevando adelante la Gendarmería. Lo que nosotros sí tenemos como información, más allá del sumario, es que esas municiones no iban a proteger a la embajada y a la residencia. Esa fue la excusa que se usó para mandarlas a Bolivia”, aseguró la autoridad gubernamental argentina.

Según los datos oficiales revelados por el Gobierno de Alberto Fernández, se conoce que el 11 de noviembre de 2019, un día después del golpe de Estado en Bolivia, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) autorizó por noventa días continuos a la Gendarmería el envío a Bolivia de 10 pistolas semiautomáticas, dos escopetas de repetición, cinco carabinas automáticas; dos ametralladoras, dos fusiles de repetición, 12 chalecos antibalas, 12 cascos balísticos, dos escudos balísticos, dos visores nocturnos y 8.820 municiones de distintos calibres, de las cuales 3.600 eran calibre 12-70.

Sin embargo, el día 12 de noviembre de 2019, se solicitó y autorizó ampliar a 70.000 cartuchos antitumultos marca Fabricaciones Militares y 100 spray de gas pimienta. También, esa fecha se amplió la autorización para el envío de 661 granadas de mano de gas de hostigamiento.

“Lo que tenemos como información actual —tampoco es información definitiva, porque el sumario no terminó y tiene por lo menos un mes y medio más para que termine— es que con ellos a la embajada y a la residencia no fueron las 70.000 municiones ni iban a ir. No iban a ir con ellos porque es una cantidad que no hubieran podido usar tampoco”, añadió Sabina Frederic.

El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), entidad operativa del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, difundió este sábado los resultados de la investigación de materiales genéticos generados por esta institución en campos de exploración y multiplicación semillera, en los municipios de Okinawa y San Pedro del departamento de Santa Cruz.

“Es importante el poder difundir los avances que está haciendo el INIAF en beneficio de todos los productores (…) cuando hablamos de reactivación económica, hablamos de que todos los factores de producción deben ser acelerados a su máxima producción para salir de esta crisis sanitaria que ha generado una crisis económica”, señaló el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Rubén Gonzales, citado en un boletín institucional.

El Ministro destacó la labor que está desarrollando el INIAF en el marco de las políticas que está impulsando el Gobierno nacional para apoyar a los productores con la disposición de semillas de alto rendimiento y calidad.

Por su parte, el director General Ejecutivo del INIAF, Hugo Rolando Chambilla, enfatizó que estos días de campo tienen como objetivo mostrar al productor el comportamiento agronómico de las variedades de trigo “INIAF Tropical” e “INIAF Okinawa”. 

“En este campo tenemos más de 4.000 líneas avanzadas de trigo y hemos venido generando desde 2016 importantes variedades (…), estamos hablando de 10 a 11, que hemos venido liberando y que tranquilamente pueden duplicar el rendimiento del promedio nacional”, aseguró.

La variedad Okinawa es un grano harinero con un contenido de proteína de 15,5% y gluten de 32%, además de su precocidad de 87 días de madurez fisiológica. Es resistente a enfermedades como la pyricularia y moderadamente resistente a la roya y helminthosporium, acotó.

Por otra parte, la variedad Tropical es de ciclo intermedio, de alto rendimiento y tolerante a pyricularia y helminthosporium, complementó.

La fiscal de materia, Verónica Miranda, informó este sábado que el policía que agredió a su pareja y a su hija de cuatro años fue imputado por violencia intrafamiliar, por lo que fue enviado en detención preventiva a la cárcel de Chochocoro de La Paz.

“El delito que se le sindica es violencia intrafamiliar doméstica (…). De acuerdo a las declaraciones de la víctima no sería la primera vez que sufre este tipo de agresiones, ya en junio intentó sofocarla”, indicó la fiscal en contacto con la red Unitel.

La Fiscal informó que, de acuerdo con las declaraciones de la víctima, el uniformado ya la había agredido físicamente en junio, por lo que se considera que la mujer ya vivía una violencia sistemática que desencadenó en la agresión de la madre e hija el pasado 24 de julio.

Ahora, la mujer de origen cruceño recibe terapia psicológica y se encuentra en un centro de acogida porque no quiere regresar a la casa de su agresor por temor a sus familiares.

“La víctima es de la ciudad de Santa Cruz (…), como ha sido echada de su casa, pese a que se ha determinado la restitución al domicilio, ella no quiere retornar puesto que tiene miedo a los familiares del sindicado”, indicó la Fiscal.