El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos Sanjinés, informó este miércoles que la Policía Boliviana desplegará efectivos a nivel nacional, en el marco del plan nacional denominado “Fiestas Patrias Seguras 2021”, con el objetivo de evitar acciones delictivas y accidentes de tránsito precautelando la seguridad de las familias bolivianas. 

“Activamos el día de hoy lo que se ha denominado ‘Fiestas Patrias Seguras’, este plan se activa el día de hoy miércoles 4 de agosto, hasta el lunes 9 de agosto. Este plan se va a desarrollar en todo el país”, explicó el viceministro.

De acuerdo con la autoridad, este plan se desarrollará en tres etapas. Durante la primera, los efectivos se encargarán de identificar espacios de mayor tráfico vehicular considerados “conflictivos” para prevenir posibles accidentes de tránsito en el territorio nacional.

Se prevé que un equipo de efectivos brinde asistencia técnica e inmediata a los ciudadanos que lo requieran, además de interactuar con la comunidad bajo el modelo de policía comunitaria, brindando auxilio inmediato ante cualquier situación de peligro o riesgo. En la última etapa de este plan se realizará una sistematización y evaluación del plan. “Nuestro trabajo será a favor del pueblo”, aseguró la autoridad.  

El comandante nacional de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, instó a los efectivos policiales a trabajar intensamente en esta primera fase del plan mediante la socialización, prevención y concienciación de los ciudadanos.

Por su parte, el director Nacional de Tránsito y Transportes, Juan Carlos Espinoza, informó que realizarán diversas actividades de socialización para que la población, tanto conductores como peatones asuman su obligación y cumplan con las normas.  

Espinoza indicó que se activará el plan “Viajero Seguro” y trabajará de manera coordinada con otras instituciones para hacer controles en las terminales. Añadió que se evaluará física y psicológicamente a los conductores para habilitar su viaje, también se hará un riguroso control de la documentación y el estado de los vehículos.

Asimismo, aclaró que se realizarán anillos de control a nivel nacional para identificar a conductores que infrinjan la norma. Los mismos que se desarrollarán a nivel nacional para prevenir accidentes de tránsito e intensificar las recomendaciones sobre el uso de elementos de bioseguridad frente al COVID-19.

El presidente del Parlamento Andino, Adolfo Mendoza, dijo que los cívicos de la ciudad de Santa Cruz comenzaron a manejar la bandera del tema tierras para exacerbar el regionalismo y el odio racial con el fin de afectar la unidad de Bolivia y la democracia.

En declaraciones al programa Primer Plano, de Bolivia Tv, el legislador supraestatal llamó a la reflexión a los cívicos que anunciaron bloqueos y movilizaciones en demanda del cumplimiento de una amplia y variada agenda que incluye el tema tierras, el sobreseimiento del caso fraude, rechazo de la Ley de Emergencia Sanitaria y de la norma Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, entre otras exigencias.

Dijo que los anuncios de los cívicos cruceños tienen “otros intereses” que no son de defensa del bien común. “La preocupación que se establece en todo esto, en el fondo, es que se está motivando ya no una demanda regional sino el regionalismo, que es como tender la cama para afectar la unidad del país y eso es grave”, manifestó.

Puso como antecedente que, en 2019, los sectores opositores usaron la bandera del “fraude monumental” para impulsar el golpe de Estado.

Ahora, la bandera usada por los cívicos cruceños es el regionalismo que “puede afectar seriamente las bases del Estado unitario”, indicó.

Mendoza manifestó que los cívicos cruceños parecen querer desplazar a los partidos de la oposición, esta vez con el objetivo de horadar la democracia.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en un informe dirigido a la Fiscalía, derrumbó el armazón de “sucesión constitucional” usado por los impulsores del régimen de Jeanine Áñez para teñir con algo de legalidad al golpe de Estado de 2019.

El Tribunal, el 20 de julio de 2021, envió una respuesta a la comisión de fiscales que investiga el caso golpe de Estado.

El documento, clasificado como CITE:TCP-SG N° 223/2021 y firmado por Marvin Molina, Secretario General del Tribunal Constitucional Plurinacional, indica que no se encontró “sentencia, declaración o auto constitucional” sobre la presunta sucesión constitucional de Jeanine Áñez, en noviembre de 2019.

El documento, indica que “De la revisión del Sistema de Gestión Procesal y el informe de 16 de julio de la presente gestión por parte del Gestor Procesal Tutelar de esta institución, se concluye que no se encuentra sentencia, declaración o auto constitucional por el cual se hubiese emitido pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la sucesión presidencial de la entonces senadora ciudadana Jeanine Áñez Chávez, producidas el mes de noviembre de 2019”.

El 12 de noviembre de 2019, Áñez se basó en un supuesto aval del Tribunal Constitucional para asumir la presidencia del Senado, primero, y la presidencia de Bolivia, después.

Ese aval, en realidad se trató de un simple comunicado informativo que no tenía valor jurídico, solo informativo, pero fue usado por quienes impulsaron ese armazón jurídico, como Luis Vásquez y su esposa, para darle un barniz de legalidad a la toma del poder.

Entonces, Jeanine Áñez justificó su autoproclamación con la lectura de un comunicado del TCP de ese día, que apelaba a la Resolución 003/2001 con la que el vicepresidente Jorge Quiroga sucedió en agosto de 2001 al presidente Hugo Banzer.

“Ese 12 de noviembre de 2019, el entonces senador de Unidad Demócrata (UD) Yerko Núñez esperaba el documento del TCP, aunque días antes Luis Vásquez, exsenador y asesor de (Jorge) Quiroga, hacía lobby político y legislativo para promover la sucesión de Áñez con la resolución constitucional de 2001. La misma Iglesia Católica, que promovió diálogos extralegislativos en la Universidad Católica, informó de que ese grupo de políticos apeló al texto de 2001”, informó La Razón.

Esa fecha se aplicó el “Plan B”, propuesto por la diputada Jhovana Jordán, que consistía en la sucesión de Jeanine Áñez en base a la Declaración Constitucional 003/2001, del 31 de julio de 2001, utilizada para la sucesión de Banzer.

“Jordán es esposa de Luis Vásquez, asesor legal del expresidente Quiroga (2001-2002) y uno de los artífices de la iniciativa que, paralelamente a los intentos de sesión en la Asamblea Legislativa, justificaba la propuesta en la reunión extralegislativa de la Universidad Católica Boliviana (UCB)”, informó el impreso el 21 de junio de 2021.

Ese comunicado del TCP del 12 de noviembre de 2019, fue usado para justificar que el Tribunal “dio su respaldo legal a la sucesión constitucional (de Jeanine Áñez) en el marco de la Sentencia Constitucional 0003/01 del 31 de julio de 2001, que se sustenta en la ‘vacancia’ del presidente”, informó la agencia ANF en esa fecha.

Sin embargo, en el documento enviado por el TCP a los Fiscales el 20 de julio de 2021 se aclaró que “en cuanto a los efectos jurídicos, todo comunicado tiene carácter general y no particular, pues lo que transmite o difunde es información”.

Es decir, ese comunicado fue solo informativo y no tenía efecto jurídico como una sentencia, declaración o auto constitucional.

Por otro lado, la carta del TCP a los Fiscales que investigan el golpe de Estado de 2019, aclara que “la fecha y hora de publicación del comunicado del 12 de noviembre de 2019, se encuentra descrita en el INFORME TCP-INF-JUI N° 011/ 2021 elaborado por el Jefe de la Unidad de Informática; asimismo, se adjunta el referido comunicado en copia legalizada”.

La Fiscalía y la Policía procedieron este martes a la aprehensión de Milena Soto, cabecilla de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), grupo paramilitar que operó para consolidar el golpe de Estado de 2019 y es responsable de ataques a indígenas, a mujeres de pollera, a la Alcaldesa de Vinto además del vandalismo a oficinas de la Fiscalía General del Estado, en la ciudad de Sucre.

La aprehensión se produjo en la ciudad de Cochabamba. Los policías mostraron sus placas y la orden de aprehensión contra Soto, quien se negó a que le coloquen manillas antes de ser trasladada hasta la ciudad de Sucre.

Soto es cabecilla de la agrupación conocida como la Resistencia Juvenil Cochala, que operó en motocicletas (motoqueros) para atacar a sectores campesinos e indígenas que llegaron a la ciudad de Cochabamba para expresar su rechazo al golpe de Estado de Jeanine Áñez.

Esa organización paramilitar es también responsable del secuestro, agresiones, corte obligado de cabello de la entonces alcaldesa de Vinto, Cochabamba, por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Patricia Arce, quien fue obligada a caminar descalza, además de sufrir humillaciones públicas en noviembre de 2019.

“Fue un grupo paramilitar entrenado para amedrentarnos, agredir a las personas, a las mujeres y personas indígenas de pollera”. “Lo que ha hecho este grupo mal llamado Resistencia Juvenil Cochala fue ir a quemar ánforas, han ido a quemar domicilios, han ido a agredirnos, arrastrarnos. Ustedes (medios de comunicación) han mostrado, como a señoras de pollera han golpeado. A mí me han arrastrado hasta Quillacollo, me han cortado el pelo, han hecho todo eso”, recordó Patricia Arce, entrevistada por La Razón.

La agrupación Resistencia Juvenil Cochala también es investigada por beneficiarse del desvío de combustible que realizaba la Séptima División de las Fuerzas Armadas (FFAA) en Cochabamba.

“(Una denuncia en audio) nos habla del desvió de combustible a favor de la Resistencia Juvenil Cochala, es decir que, desde las Fuerzas Armadas, desde la Séptima División se estaba solventando el funcionamiento de la Resistencia Juvenil Cochala”, indicó el secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, el 29 de julio de 2021.

Quispe indicó que la investigación se hará en el marco de la denuncia sobre el desvío de combustible de las FFAA y el consentimiento de que civiles transiten las calles vestidos de militares. “Nos habla de que el responsable de la Séptima División consentía que los ciudadanos paseen por las calles uniformados con grados militares”, aseveró el Fiscal.

Por otro lado, en octubre de 2020, integrantes de la RJC procedieron a atacar y vandalizar el edificio de la Fiscalía General del Estado, en la ciudad de Sucre, con el objetivo de forzar la renuncia del Fiscal Juan Lanchipa antes de las elecciones generales de ese año.

La Fiscalía inició acciones penales en contra de la Resistencia Juvenil Cochala, a la cabeza de Yassir Molina, por haber ocasionado daños en contra de la infraestructura del Ministerio Público, que es un Patrimonio Histórico de la capital del Estado.

El 10 de agosto de 2020, Milena Soto, de la Resistencia Juvenil Cochala, anunció la autoconvocatoria a sus integrantes para desbloquear los caminos que fueron interrumpidos por sectores sociales que entonces exigían elecciones generales al régimen de Jeanine Áñez.

El 1 de diciembre de 2019, integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala fueron homenajeados en un acto al que asistió el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

El 20 de enero de 2020, Arturo Murillo pidió a la Policía que se reúna con los líderes que conforman la Resistencia Juvenil Cochala para "agradecerles" por lo realizado en los conflictos.

"Le he dado instrucciones al comandante de la Policía para que busque a toda esta gente, a líderes de estos grupos (RJC) y les diga que Cochabamba agradece, pero es importante que seamos claros, pues no podemos permitir violencia de ningún lado, esa gente fue útil para esta ciudad ", indicó Murillo. (Fuente: https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/ministro-sobre-resistencia/20200120123524746785.html )

Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Defensoría del Pueblo, denunciaron las agresiones, ataques y abusos que cometieron integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala durante el régimen de Áñez.