El jefe de la División de Homicidios, René Tambo, informó este jueves que el sujeto acusado de atracar a un joven de 22 años falleció a consecuencia de los golpes que recibió por parte de vecinos en la zona 23 de Marzo de la ciudad de La Paz.

“De acuerdo a la primera información del médico del hospital, se tenía un caso de traumatismo encéfalo craneal cerrado (golpes)”, explicó Tambo a la red Unitel.

La noche del miércoles 28 de julio, vecinos atraparon a dos sujetos que asaltaron a un joven de 22 años de edad en la zona 23 de Marzo de la ciudad de La Paz. Los acusados habrían atracado con un arma blanca al joven para robarle su celular, la víctima fue trasladada al hospital del Tórax.

Durante el incidente, el joven pidió auxilio a los vecinos quienes salieron de sus viviendas y golpearon a los antisociales, uno de ellos fue detenido por la Policía Boliviana, en tanto el otro fue trasladado al hospital y falleció por los golpes que recibió en la cabeza.

El secretario de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó este jueves que José Antonio Quiroga, excoordinador político de Comunidad Ciudadana (CC), y Luis Vásquez Villamor, asesor de Jorge Quiroga Ramírez, prestarán su declaración informativa en calidad de testigos en el caso Golpe de Estado de noviembre 2019.

“El día de mañana a las 09.00 va a prestar su declaración informativa en calidad de testigo el señor Luis Vásquez Villamor en la Fiscalía Departamental de La Paz, dentro del caso Golpe de Estado y las 14.00 horas fue citado el señor José Antonio Quiroga para que preste su declaración informativa en calidad de testigo”, dijo Quispe en conferencia de prensa en la ciudad de Sucre.

Solicitó a las personas citadas ser responsables con el país y colaborar con el avance de las investigaciones que se realizan dentro del caso Golpe de Estado del 2019.

“Queremos ser enfáticos en pedir a estas dos personas que fueron citadas que sean responsables con el país, necesitamos conocer el procedimiento que se ha empleado para habilitar el gobierno de la señora Jeanine Áñez”, indicó.

Informó que existe una lista de 35 personas que serán convocadas para que presten su declaración informativa. En la lista, se contempla a Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y al excívico potosino Marco Pumari.

El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó este jueves que el Ministerio Público lleva adelante la investigación sobre una presunta desviación de combustible que realizaba la Séptima División de las Fuerzas Armadas (FFAA) en Cochabamba, en beneficio de los integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC).

“(Una denuncia en audio) nos habla del desvió de combustible a favor de la Resistencia Juvenil Cochala, es decir que desde las Fuerzas Armadas, desde la Séptima División se estaba solventando el funcionamiento de la Resistencia Juvenil Cochala”, indicó la autoridad en conferencia de prensa.

De acuerdo con la autoridad, la Fiscalía tomó conocimiento del caso mediante una denuncia en audio que realizó personal administrativo de esta división de las Fuerzas Armadas. Quispe señaló que se están coordinando las acciones correspondientes con la Fiscalía Departamental de Cochabamba para investigar esta denuncia y contar con los elementos necesarios para abrir un nuevo caso en contra de la Resistencia Juvenil Cochala.

Según las investigaciones preliminares, el personal administrativo que hizo la denuncia ya fue identificado y prestará su declaración informativa en calidad de testigo. Asimismo, se investigará a la cadena de mando.

De acuerdo con el audio que denuncia las irregularidades al interior de esta división de las FFAA, el comandante de la Séptima División de Cochabamba presuntamente ordenaba que la carga de combustible que se hacía a los vehículos de la institución castrense sea “ordeñada” para llenar bidones y entregarlos a miembros de la RJC.

“El comandante nos ha ordenado ordeñar los vehículos para poder entregar a la Resistencia Juvenil Cochala (…), yo, como chofer, cargo combustible de acuerdo a la capacidad entre 60 y 70 litros, llego a la división con el vehículo lleno, con el estafeta procedemos a sacar con mangueras desde el tanque a bidones”, indica parte de la denuncia en el audio que dio a conocer la Fiscalía.

El Secretario General de la Fiscalía indicó que la investigación se hará en el marco de la denuncia sobre el desvió de combustible de las FFAA y el consentimiento de que civiles transiten las calles vestidos de militares.

“Segundo, nos habla de que el responsable de la Séptima División consentía que los ciudadanos paseen por las calles uniformados con grados militares”, aseveró la autoridad.

Quispe indicó que el audio es amplio y que se investigarán las irregularidades que denuncia, con el objetivo de establecer la verdad material de los hechos

El exvocal del Tribunal Supremo Electoral, Idelfonso Mamani, anunció que presentará una demanda judicial para lograr la reparación de los daños causados a su persona por la vulneración de sus derechos y libertades en 2019 bajo el falso justificativo de un fraude electoral que fue desestimado por la justicia.

Mamani, entrevistado este miércoles en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, dijo que el informe de la Universidad de Salamanca, solicitado como pericia por la Fiscalía, ratificó lo que otros informes internacionales independientes ya habían confirmado: que las elecciones del 20 de octubre de 2019 se realizaron de manera transparente y sin ningún fraude.

“Se han conculcado todos los derechos de Idelfonso Mamani y los otros vocales, se han suprimido todas las garantías que pudiese haber tenido (…) no existía un Estado de Derecho (durante el golpe de Estado), manifestó.

Ante ello, el exvocal anticipó que “el Estado ahora debe garantizar necesariamente e ineludiblemente, la reparación de los daños que se habían ocasionado por la supresión y eliminación de los derechos. No puede haber una conculcación de derechos de semejante naturaleza que hemos vivido. Ahora nosotros vamos a reclamar, como corresponde, a que el Estado nos tutele, el Estado reivindique la vigencia de los derechos (…) desde luego la reparación de los daños que habrían sido ocasionados en un proceso arbitrario, indebido e ilegal que se ha iniciado”.

Mamani fue encarcelado por aproximadamente un año acusado, sin pruebas, por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, manipulación informática, alteración de datos y otros relativos al supuesto fraude durante las elecciones de 2019.

El martes, el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, presentó las conclusiones de la Pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes sobre la integridad informática de los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019, encargada por el Ministerio Público al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España.

El estudio, de más de 230 páginas, resultado de un trabajo de tres meses, establece la inexistencia de manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral de octubre del 2019.