En Sacaba, Cochabamba, militares y policías masacraron a manifestantes desarmados, realizaron ejecuciones sumarias, torturas sistemáticas y detenciones masivas el 15 de noviembre de 2019, según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que incluye los nombres de los uniformados involucrados y de las unidades castrenses y policiales participantes.
El informe del GIEI indica que en esa fecha resultaron muertas 10 personas que intentaban llegar en una marcha pacífica hasta la ciudad de Cochabamba, al menos 98 resultaron heridas y 223 fueron detenidas.
El reporte de los Expertos es claro al solicitar a las autoridades competentes bolivianas que se identifiquen, procesen y sancionen a los responsables de esos hechos, así como se aceleren las pesquisas.
“El GIEI evalúa que las Fuerzas Armadas y la Policía fueron responsables por graves violaciones de los derechos humanos en el operativo realzado en Sacaba el 15 de noviembre de 2019. Las fuerzas estatales actuaron en violación de su obligación de respetar y proteger los derechos y libertades consagrados en la CADH y otras normas imperativas del derecho internacional de los derechos humanos”, indica una parte de su informe final.
“Como resultado, hubo una masacre con 10 civiles muertos y cerca de un centenar de personas heridas. Las pruebas indican, además, una mayor probabilidad de que las fuerzas policiales y militares del Estado actuaron con la intencionalidad de matar a las personas en la protesta, aunque estuviesen en fuga. El EAAF concluye que las lesiones que causaron las muertes permiten inferir que se debieron a proyectil de alta velocidad-fúsil. En los términos de la jurisprudencia de la Corte IDH, se podría, en ese caso, calificar las muertes como ejecuciones sumarias”, agrega el documento internacional.
El reporte realiza una detallada reconstrucción de los hechos previos a la marcha realizada por campesinos (hombres, mujeres y niños) del Trópico de Cochabamba con el fin de llegar al centro de esa urbe. La movilización tenía las consignas de “defensa de la democracia”, “respeto a la mujer de pollera” y rechazo a la “quema de la whipala”.
Los integrantes de la marcha no portaban armas de ningún tipo, según las pruebas y testimonios que fueron recopilados por el Grupo. “De cualquier modo, conforme a la investigación y la revisión hecha por el GIEI, no hay evidencia de que los manifestantes hayan disparado entre sí o contra las fuerzas de seguridad”.
En cambio, los militares y policías contaban ya con un Plan de Operaciones que estableció, de manera premeditada, que los marchistas no deberían llegar hasta el centro de la ciudad de Cochabamba. Pese al Plan, los uniformados hicieron creer a los marchistas que entrarían en negociaciones para permitirles el paso; sin embargo, sin previo aviso, lanzaron gases lacrimógenos, impulsaron el sobrevuelo de helicópteros, un avión caza K-8 y luego dispararon a los manifestantes.
Previamente, el comandante departamental de la Policía, Jaime Zurita, advirtió a un dirigente de la Federación de Campesinos que “si ustedes ingresan a la ciudad, los voy a cazar”, indica un reporte de la Defensoría del Pueblo citado por el GIEI.
Con la decisión de impedir el paso de la marcha, “el Informe de la Defensoría, testigos y videos revisados por el GIEI demuestran que la policía disparó dispositivos químicos directamente al cuerpo de los manifestantes”, indica el documento.
“La Policía comenzó a avanzar desde el Puente Huayllani en dirección al este (hacia Sacaba). Algunas personas se refugiaron en casas de vecinos, desde donde fueron sacadas y detenidas por la policía”, agrega.
“Múltiples testimonios relatan que policías o militares dispararon contra la multitud. Una testigo señaló que, unos cinco minutos después que la policía comenzara a lanzar gases lacrimógenos, empezaron los disparos. Otro herido entrevistado por el GIEI relató: ‘Después nos han empezado a disparar con los balines, con balas. […] Balines eran de metales, porque a mi cuerpo de mí me llegó balín de metales era […] Era la policía, aparte los militares nos disparaban con las balas’. Algunas personas relataron al GIEI que fueron heridas cuando trataban de ayudar a otras que habían sido alcanzadas por los disparos. Siete personas afirmaron al GIEI haber visto que dispararon a los manifestantes desde los helicópteros. No obstante, el Grupo no ha obtenido imágenes que comprueben este hecho”, indica el informe del GIEI.
“Otros videos revisados por el GIEI muestran a grupos de militares avanzando por la avenida Villazón hacia Sacaba disparando, incluso con ráfagas de balas”, añade el informe que indica que “producto de la represión en el día 15 fallecieron nueve personas por disparos de armas de fuego. Una víctima resultó gravemente herida y falleció el 11 de junio de 2020, como consecuencia del traumatismo craneoencefálico abierto por proyectil de arma de fuego”.
Las víctimas fatales, llevadas entonces a distintos hospitales, fueron: Emilio Colque León, Omar Calle Siles, Juan López Apaza, César Sipe Mérida y Lucas Sánchez Valencia, al Hospital México, donde llegaron sin signos vitales; Armando Caraballo Escobar, Roberto Sejas Escóbar y Plácido Rojas Delgadillo, al Hospital Viedma; Marco Vargas Martínez, a la Clínica María de los Ángeles donde fue derivado desde el Hospital Viedma. Julio Pinto Mamani ingresó en la Clínica María de los Ángeles y falleció siete meses después, el 11 de junio de 2020.
Las autopsias de los 10 fallecidos reportan lesiones vitales causadas o compatibles con proyectil de arma de fuego. Algunos hallazgos relevantes son: Las lesiones fueron todas en abdomen, tórax y cabeza. Siete de las víctimas presentaban orificios de entrada y salida de proyectil de arma de fuego, lo que es indicativo de disparos con rifles y munición de alta velocidad. Solamente dos víctimas fueron alcanzadas por balas que penetraron de atrás para adelante.
Algunos nombres de militares y policías
De acuerdo con el Plan de Operaciones 04/19, el operativo en el Puente Huayllani fue implementado por la Policía y por el Comando Estratégico Operacional Central del Departamento de Cochabamba.
El día 15 se instaló un cordón policial-militar a la altura del Puente Huayllani, cuyo objetivo era impedir el acceso de los manifestantes a Cochabamba. De acuerdo con el plan operativo, la primera y segunda línea estaban conformadas por la Policía, la tercera línea por unidades del Ejército y la cuarta por efectivos de la Fuerza Aérea, indica el informe del GIEI.
La Policía actuó según la Orden de Operaciones 197/2019, “Operaciones Conjuntas Policial Militar para el restablecimiento del orden púbico” del Comando Departamental de la Policía de Cochabamba. A cargo de un coronel, se desplegaron 123 funcionarios policiales. De acuerdo con un testimonio recibido por el GIEI, la Policía reforzó el contingente con funcionarios de la Unidad de Operaciones Tácticas (UTOP) y con efectivos del Grupo Delta. En la segunda línea había 32 efectivos de la UTOP, 20 en motocicletas.
El día de la masacre de Sacaba, a las 14.00, se ordenó reforzar con una patrulla de satinadores, dos ECA (Equipo de Control Antidisturbios) de la Séptima División de Ejército ubicados en tercera línea en el Puente Huayllani. A las 14.15 envió dos ECA de la Segunda Brigada Aérea al Puente Huayllani (cuarta línea). A las 15.15 se reforzó el sector del Puente Huayllani con 200 policías más la unidad de respuesta móvil de la UTOP. Es decir, entre las 14.00 y 15.15, cuando aún no comenzaba el lanzamiento de gases, fue aumentando progresivamente la dotación de fuerzas de seguridad en el Puente Huayllani.
“Con respecto a las unidades del Ejército, informes de la Séptima División de Ejército y del Regimiento Policía Militar 3 permiten establecer que: A las 7.00, por orden del coronel DAEN Jorge Hidalgo Rojas, encargado de operaciones de la Séptima División, se trasladó al Puente Huayllani un ECA del Regimiento de Policía Militar 3 General Arze, a cargo del teniente de infantería Gonzalo Chávez Quispe, para controlar ‘explosivos y armas’ que pudieran portar los ciudadanos del Trópico. Los equipos de control antidisturbios se identifican por el nombre del oficial a cargo, por lo que esta unidad se denominó ECA Chávez y estaba compuesta por dos instructores, 10 alumnos y 43 soldados. Un segundo equipo de control antidisturbios ECA del Regimiento de Policía Militar 3, a cargo del mayor DEM Harold Sossa Montaño, ECA Sossa, recibió la orden de desplazarse a la rotonda El Castillo, kilómetro tres de la avenida Villazón”, indica el documento del Grupo.
“Es conocido, sin embargo, que además de las ECA estaba presente una patrulla de satinadores (tropas de élite del Ejército, compuesta también por francotiradores), cuyo número de efectivos no fue reportado. Además, según los mismos informes, al Peaje Huayllani, ubicado aproximadamente a 300 metros del puente del mismo nombre, se trasladaron dos ECA de reserva, un equipo del Regimiento Policía Militar 3, a cargo del mayor DEM Jorge Meneses Serrano, ECA Meneses y un equipo del Regimiento de Infantería Aerotransportada 18 'Victoria' a cargo del teniente coronel DEM Danny Cuadros Rojas, ECA Cuadros. De acuerdo a los informes, estas ECA no participaron del enfrentamiento”, añade el informe del GIEI.
Armas usadas y participación de la FAB
Respecto del armamento utilizado, los comandantes y cuadros de la ECA Chávez y Sossa portaban un total de “cinco fusiles SIG 510 cal. 7.62 y 20 fusiles FAL 7.62. Los soldados contaban con equipo antimotín, escudos, pistolas lanza gases Cal. 37 mm, escopetas Mossberg Cal. 12 mayor y agentes fumígenos de tipo balón y triple acción”. Además, algunos oficiales y cuadros portaban armamento de dotación personal.
Con base en los informes del comandante de la Séptima División y del comandante del RPM 3 y demás fuentes consultadas por el GIEI, es posible establecer que las tropas militares estaban fuertemente armadas. Si bien las fuerzas de seguridad afirman que emplearon solo munición no letal, es importante notar que las armas personales tenían munición letal de 9 mm. Aunque los fusiles SIG y FAL pueden ser utilizados con balines de goma, disparan con mucha energía y, por tanto, estos balines tienen potencial letal. El GIEI advierte que, en el caso concreto, las lesiones producidas revelan que hubo un uso de munición letal de alta velocidad, indica el documento del Grupo de Expertos.
De acuerdo con la información recibida por GIEI de la Fuerza Aérea Boliviana, en los operativos conjuntos intervinieron dos unidades: el GADA 92 (Grupo de Artillería y Defensa Antiaérea) y el GCAII (Grupo Contra Actos de Interferencia Ilícita) Simón Bolívar.
El GADA 92 informó que, por orden del CEO Central, “apoyó con dos camiones DONG FENG para el desplazamiento del Personal Militar de Cuadros dependiente de la II Brigada Aérea hasta el Puente de Huayllani”. El informe señala que su armamento reglamentario es de fusiles Aka y Galil, no obstante, el armamento no fue utilizado por el personal de cuadros, que no intervino en los hechos, ya que “se encontraba en la cuarta línea por detrás de la policía y el Ejército”. El GCAII Simón Bolívar, por su parte, realizó actividades de apoyo, en cumplimiento de disposiciones del comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba, empleando fusiles Galil, con munición de fogueo y granadas de “gas tipo béisbol”.
Uso de fuerza letal
El documento del GIEI establece que “con el avance de las tropas policiales y militares hasta 200 metros más adelante en la carretera hacia Sacaba, las fuerzas de seguridad adoptaron una estrategia de enfrentamiento y no de defensa del acceso a Cochabamba. Con ese posicionamiento, las fuerzas de seguridad han promovido intensa represión en calles, casas y comercios, no solo con la detención de manifestantes, sino también con el uso de fuerza letal contra la población. Se refuerza la perspectiva de que el operativo no fue ejecutado con el único objetivo impedir el ingreso de manifestantes a Cochabamba”.
Se observa, además, que las fuerzas estatales se rehusaron a prestar asistencia médica a personas heridas y dificultaron la atención iniciada por médicos y enfermeros.
Los servicios públicos se movilizaron para atender de modo mínimamente adecuado a los heridos, pero aun así se perpetraron actos de discriminación y humillación por parte de algunos profesionales.
El Estado también incumplió con sus obligaciones internacionales en relación con la protección de los derechos humanos con la detención, en gran escala y sin evidencia de flagrante delito, de un número todavía indeterminado de personas. Además, el GIEI evalúa como verosímiles las denuncias de tortura y de violación del debido proceso legal en relación con los detenidos en Sacaba, señala el documento.
“Todos los hechos –y especialmente la probabilidad de existencia de tortura sistemática en las unidades de la FELCC– deben ser exhaustivamente investigados y los responsables procesados y sancionados. Igualmente, el Estado necesita adoptar medidas normativas y legislativas para adaptar los procedimientos de la policía y de la Fiscalía en la prevención de la tortura y para el perfeccionamiento de la aplicación de las normas del debido proceso legal”, agrega el reporte internacional.
“En lo que se refiere a las investigaciones y a la persecución penal de los responsables por la masacre, el GIEI advierte: i) la excesiva demora en avanzar la investigación, incluso con la pérdida de oportunidad para obtener imágenes de cámaras de establecimientos hospitalarios de la zona; ii) la ausencia de declaraciones de los policías y militares (Ejército y Fuerza Aérea) presentes en el lugar de los hechos; iii) la falta de pericia del IDIF sobre los daños al vehículo militar; y iv) la tentativa de imputar a uno de los manifestantes, sin pruebas robustas, la responsabilidad por las muertes. Se observa aún que las Fuerzas Armadas y la Policía no colaboran con la investigación. Como órganos del Estado, esas instituciones tienen el deber de prestar toda la información que sea necesaria al esclarecimiento de los hechos”, añade.
