El miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), Juan Méndez, destacó los compromisos anunciados por el Gobierno nacional con relación a las recomendaciones del informe final elaborado por el equipo internacional respecto a los hechos de violencia de 2019.

“Respecto a los compromisos que escuchamos (…) quiero destacar que el presidente (Luis Arce) anunció la próxima derogación del decreto de amnistía, también anunció un censo de víctimas y un plan de reparación integral”, dijo.

El martes, el presidente Luis Arce ratificó, al recibir el informe final, el compromiso para el establecimiento de la verdad de los hechos ocurridos en 2019, sobre todo en las masacres de la zona de Senkata en la ciudad de El Alto y del municipio de Sacaba en el departamento de Cochabamba en 2019.

El mandatario indicó: “En este contexto, apoyados en la verdad, asumimos el firme compromiso de implementar las recomendaciones planteadas por el GIEI, de acuerdo con los principios de nuestra institucionalidad democrática y la Constitución Política del Estado”.

Anunció que, según las recomendaciones planteadas, el Gobierno derogará el Decreto Supremo N° 4461 de amnistía, establecerá una comisión del más alto nivel para avanzar en el censo de las víctimas y su correspondiente reparación integral.

El GIEI-Bolivia entregó el martes en La Paz y este miércoles en El Alto el informe final que contiene los resultados de las investigaciones de los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

El documento confirma la existencia de masacres en Senkata y Sacaba y hace, entre otras recomendaciones, la reparación integral de las víctimas.

El experto Juan Méndez aseguró que tanto las recomendaciones del informe final como los compromisos gubernamentales deben contar con el acompañamiento del pueblo boliviano.

“Para nosotros, la participación de las víctimas, sin perjuicio de la independencia y la imparcialidad de las instituciones, de la justicia y el Ministerio Público, es indispensable. Esas instituciones tienen que hacer lugar a la participación de las víctimas sin poner el énfasis en la carga probatoria de las víctimas, pero sí dándole la oportunidad de escucharlas y de hacer argumentaciones que correspondan en el proceso penal”, aseguró.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, recibió este miércoles el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) sobre actos de violencia de 2019 y se comprometió a apoyar con las investigaciones para que los hechos no queden en la impunidad.

“Vamos a trabajar para que no exista impunidad en ninguno de los casos. Nuestro compromiso como Ministerio Público es que se logre encontrar la verdad, que se haga justicia y que no haya más impunidad”, dijo en conferencia de prensa.

Representantes del GIEI-Bolivia se reunieron esta jornada con Lanchipa en Sucre. En el encuentro, entregaron el informe final que contiene los resultados de las investigaciones de los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

“Hemos hecho constar al grupo de expertos que el Ministerio Público ha sido la única institución que ha entregado toda la información solicitada, no hubo ninguna documentación, ningún proceso, ningún elemento que haya sido sometido a reserva”, aseguró.

En el documento, se confirma la existencia de masacres tanto en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto como en el municipio de Sacaba en el departamento de Cochabamba.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este miércoles que la Dirección Departamental de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) logró recuperar 10 vehículos y una motocicleta en el departamento de Santa Cruz.

“Nos sentimos muy felices con el actuar de la Policía Boliviana, con la dirección de Diprove aquí en Santa Cruz. Se ha logrado aprehender a más de tres personas que se encontraban en posesión de vehículos que habrían sido hurtados o robados y podemos devolver herramientas de trabajo para la población cruceña”, manifestó.

Detalló que las personas aprehendidas son: Julio R. N. G., Eduardo M. J. A., David F. M., Luis C. A. y Juan J. Z. M., acusados del delito de robo de vehículos y serán remitidos al Ministerio Público, según un boletín institucional.

“Estamos generando una pequeña alegría en la población, porque estamos reforzando el tema de seguridad ciudadana aquí en el departamento de Santa Cruz y en toda Bolivia”, señaló.

Los vehículos recuperados por Diprove fueron devueltos a sus dueños, quienes presentaron la denuncia correspondiente cuando se convirtieron en víctimas de robo y tienen los papeles legales de propiedad.

El experto del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), Julián Burger, dio a conocer este miércoles algunas de las recomendaciones planteadas por el equipo internacional para el Estado respecto a las víctimas de la masacre de 2019 en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto. Entre las sugerencias se encuentra el pedido de que las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía entreguen documentación sobre los operativos de las masacres de 2019.

“Hemos puesto una recomendación en términos de las instituciones públicas que presten amplia colaboración para esclarecer la verdad y adelantar las investigaciones, en especial que las Fuerzas Armadas remitan al Ministerio Público y al Órgano Judicial toda la documentación relevante relacionada con la planificación, ejecución y evaluación de los operativos realizados durante este periodo”, indicó.

El GIEI-Bolivia presentó la mañana de este miércoles en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto el informe final que contiene los resultados de las investigaciones de los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

Las investigaciones concluyeron que las fuerzas de seguridad reaccionaron con un uso desproporcionado de la fuerza en Senkata. Como resultado de los hechos, 10 personas perdieron la vida y alrededor de 78 resultaron heridas.

“Creo que es muy importante lo que hemos pedido al Gobierno, de una adopción de un plan de reparación integral a las víctimas de los hechos cometidos durante la crisis de 2019, no solamente aquí, en otros lugares del país. Ayer, hemos entendido del presidente (Luis Arce), es comprometido a hacer este plan de reparación (sic)”, indicó Burger.

Explicó que otras de las recomendaciones es que existan medidas para un plan de atención y reparación integral de las víctimas de Senkata y la posibilidad de un censo donde estén los nombres de todos los afectados.

“La tercera recomendación en términos de esos eventos en Senkata es promover actos públicos que reconozcan la dignidad de las víctimas y responsabilidad estatal en las vulneraciones de los derechos humanos”, dijo.

Pidió que se promuevan las investigaciones de manera seria, efectiva, exhaustiva y diligente con respeto al debido proceso y de los derechos de víctimas, de las personas imputadas y procesadas.

Dijo que otra de las recomendaciones es la aplicación de sanciones para todos los responsables de los hechos de violencia y vulneración de derechos documentados en el informe.

“Hemos recomendado hacer especial atención a los hechos de violencia sexual y otros cometidos por razón de género”, sostuvo.

Explicó que otra sugerencia está relacionada a la erradicación de la tortura en el sistema penitenciario para asegurar el respeto de los derechos de las personas.

Sostuvo que se deben erradicar prácticas abusivas en las FFAA y la Policía, además de aplicar normas para fortalecer a estas instituciones en el respeto a los derechos, subordinadas a la sociedad civil, e impulsar controles internos y reglas de transparencia. Añadió la necesidad de adoptar protocolos para regular las actuaciones de las fuerzas de seguridad en las protestas sociales.

Reiteró que es una sugerencia la organización de una cumbre nacional contra el racismo y discriminación.

Dijo que el GIEI-Bolivia está dispuesto a aportar al Estado en la aplicación de un mecanismo de implementación de todas las recomendaciones hechas, sobre todo para la reparación de las víctimas.