El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, informó este miércoles que, luego de conocer el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) sobre los hechos de violencia, asumirá acciones legales para que el Ministerio Público agilice el proceso de juicio de responsabilidades contra la expresidenta de facto, Jeanine Áñez.

“Quiero anunciar que nosotros vamos a presentar en las siguientes horas, nos vamos a presentar y apersonar en ese proceso de juicio de responsabilidades como sujeto procesal acompañando el informe que oficialmente ha recibido el Estado. Vamos a pedir al Fiscal General del Estado (Juan Lanchipa) que, de acuerdo a los pasos respectivos, se apure la presentación de la proposición acusatoria”, aseveró en conferencia de prensa. 

Los expertos internacionales presentaron el martes el informe final sobre la investigación de los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. En el documento, se confirma la existencia de masacres tanto en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto como en el municipio de Sacaba en el departamento de Cochabamba.

“Por nuestra parte, hemos indicado que, tomando conocimiento de este informe, algunos días atrás y el informe final el día de ayer, lo urgente, lo conducente y lo necesario era de una vez hacer nuestro apersonamiento ante la Fiscalía General del Estado en el juicio de responsabilidades que han iniciado las víctimas de Senkata y Sacaba”, indicó.

El 6 de julio, tras la admisión de la proposición acusatoria por las muertes en las masacres de Sacaba y Senkata, el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, informó este martes que se comunicó a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, para dar inicio a las investigaciones y citaciones de los involucrados en los hechos de 2019.

La proposición acusatoria sobre los hechos en la zona de Senkata y Sacaba tiene como base las actuaciones cumplidas por Áñez en su condición de mandataria a denuncia de 20 personas.

El experto e investigador del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), Juan Méndez, afirmó que partir de la fecha, teniendo el informe sobre los hechos violentos de 2019, se abre una posibilidad de justicia para las víctimas y heridos producto de masacres perpetradas por efectivos policiales y militares.

“Los hechos que ustedes han sufrido son violaciones graves a los derechos humanos, y como tales exigen del Estado Plurinacional de Bolivia una reparación integral al sufrimiento que ustedes han sufrido. Aspiramos a que esto se haga de una manera ordenada, pública, transparente, pero respetuosa de la dignidad de las personas que van a recibir beneficios en el marco de un plan integral de reparación”, dijo Méndez en su intervención durante la presentación del informe final del GIEI en Senkata, El Alto.

En cuanto a las personas torturadas, dijo que son delitos que no prescriben y que el paso del tiempo no impide su investigación. En ese caso, detalló que hay varias dificultades para individualizar a las personas que cometieron delitos de tortura, sin embargo, instó al Gobierno cumplir su responsabilidad para no permitir que la tortura y las ejecuciones extrajudiciales queden impunes.

“Se tiene que hacer un esfuerzo investigativo importante siguiendo lo que nosotros hemos determinado de cómo sucedieron los hechos, quiénes fueron sus autores, quiénes fueron sus instigadores y sus autores inmediatos, y cómo deben ser llevados a los estrados de justica para que paguen por sus acciones”, aseveró.

Apuntó que las graves violaciones de derechos humanos están estipuladas y detalladas en el informe y que el Estado está en la obligación de cumplir con esas obligaciones de justicia, así como las víctimas de acceder a una reparación de daños, tanto monetaria como simbólica.

“En cuanto a la politización de estos hechos, nosotros somos claros y llamamos a todos los actores del escenario político boliviano a la responsabilidad, la no politización no puede crear o significar olvido, no puede querer significar impunidad, no podemos decir que no hay que investigar porque eso politiza. La violación de los derechos humanos no puede quedar impune”, concluyó Méndez.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentó la mañana de este miércoles en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto el informe final que contiene los resultados de las investigaciones de los hechos de violencia durante la masacre de 2019.

“El homenaje que podemos hacer es venir a compartir con ustedes el trabajo que hicimos a partir de oír sus relatos, de consultar documentos, de estudiar expedientes, de leer toda la información de las distintas fuentes a las que accedimos como Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”, indicó la experta del GIEI-Bolivia, Patricia Tappatá, acompañada por sus colegas Julián Burger, Jaime Vidal Melero y Juan Méndez. 

Las investigaciones concluyeron que las fuerzas de seguridad reaccionaron con un uso desproporcionado de la fuerza. Como resultado, 10 personas perdieron la vida y alrededor de 78 resultaron heridas.

El documento confirmó que las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana utilizaron armas letales en su intervención en la zona de Senkata de El Alto durante el 19 de noviembre de 2019 y que provocaron heridos y muerte de ciudadanos. Indica que lo sucedido fue una “masacre”.

“Las Fuerzas Armadas y la Policía no admitieron haber usado armas letales, las evidencias recabadas por el GIEI indican que los disparos que resultaron en muertos y heridos se originaron en estas fuerzas de seguridad”, se lee en parte del informe.

El 19 de noviembre de 2019, un operativo se ejecutó bajo el Decreto Supremo 4078, norma que deslindaba de responsabilidad penal a uniformados que usaban armas de guerra.

El secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), Jaime Vidal, aseguró que el equipo internacional que investigó los hechos de violencia de 2019 considera que, a partir del informe final, se deben trabajar en estrategias para dar justicia y reparación a las víctimas, lo que permitirá alcanzar en el país un contexto de reconciliación.

“La idea principal que se llevan los expertos es tener estrategias en adelante para la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas y, por supuesto, a través de eso y sólo con ese precedente que Bolivia avance en un contexto de encuentro y de reconciliación con la necesidad efectiva que tiene que haber una justicia previa”, indicó en entrevista con la Agencia Boliviana de Información (ABI).

Los expertos presentaron el martes el informe final sobre la investigación de los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

“Este es un informe que se ha construido desde las voces de las víctimas, además, por su puesto, de toda la información oficial que ha sido aportada por el Estado, con la total apertura del Estado, hay que decirlo; pero es un informe de las voces de las víctimas y para las víctimas”, añadió Vidal.

El documento establece que en 2019 existieron masacres en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto y en el municipio de Sacaba en Cochabamba, violaciones a los derechos humanos como, por ejemplo, el uso de armas letales por las fuerzas de seguridad, abusos sexuales y ejecuciones extrajudiciales contra civiles.

Ese fue el resultado de un trabajo que incluye más de 100.000 fojas de expedientes investigativos, judiciales y periciales que fueron objeto de revisión y el testimonio de más de 360 personas que brindaron entrevistas individuales.

El 23 de noviembre del 2020, en La Paz, con respaldo del gobierno de Luis Arce, los expertos comenzaron sus labores. Retomaron las investigaciones la segunda semana de enero de 2021 luego de una etapa preliminar de investigación y una pausa por fin de año. Las indagaciones concluyeron en julio.