El procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, dijo que la aceptación de culpabilidad de cuatro cómplices de Arturo Murillo, ante la justicia de EEUU, muestra el nivel de corrupción durante el régimen de Jeanine Áñez y evidencia que no existe persecución política en Bolivia.

La autoridad, entrevistada en el programa “Primer Plano”, de Bolivia Tv, dijo que la admisión de culpa de Luis Berckman, Rodrigo Méndez Mendizábal, Bryan Berckman y Philip Lichtenfeld por varios delitos de corrupción, hacen casi imposible que Murillo pueda justificar inocencia.

Dijo que ese grupo delictivo, dirigido por Murillo, exministro de Gobierno de Áñez, se declaró culpable de manera voluntaria sin ninguna negociación previa por lo que se espera la sentencia o pena que emitirá un juez estadounidense.

“Se trata de delitos de orden federal, como conspiración para el lavado de dinero, soborno a funcionarios extranjeros, blanqueo der activos, lavado de dinero, conspiración para defraudar”, indicó.

“Es contundente, ante cuatro declaraciones de culpabilidad de forma voluntaria es muy difícil sostener (para Murillo), yo entiendo por lo menos, alegando supuestamente inocencia, es muy difícil de sostener”, sostuvo.

Esas admisiones de culpabilidad ante la justicia de EEUU, demuestran que “estuvimos en manos de un gobierno delincuente, pero la justicia de EEUU lo va a decir así y que dejen de decir (en Bolivia) que hubo una persecución política. Es solo buscar justicia para el país, en este caso”, manifestó.

El procesado Luis Berckman aceptó los cargos de conspiración para cometer el delito de lavado de dinero y soborno de funcionarios extranjeros, cuya pena prevista está entre los tres y diez años.

Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal se declaró culpable por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero y blanqueo de activos para soborno de funcionarios extranjeros, cuya pena prevista oscila entre los tres y los diez años.

Bryan Berckman se declaró culpable por los delitos de conspiración para defraudar, cuya pena mínima es de un año y tiene como máximo cinco años.

Philip Lichtenfeld aceptó la comisión del delito de conspiración para defraudar, cuya pena de reclusión está prevista entre uno y cinco años.

Murillo y sus cómplices fueron acusados de los delitos lavado de dinero, soborno y de acciones contrarias a la ley en la compra de material antidisturbios, para Bolivia, a una empresa internacional.

Se estimó un daño económico para Bolivia de más de $us 2,3 millones por lo que el Gobierno boliviano inició un juicio civil ante tribunales de EEUU para recuperar el dinero.

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, anunció este miércoles que el hospital Santa Bárbara, de Sucre (Chuquisaca) fue acreditado como el único centro del sector público para realizar el trasplante de riñón y reveló que el Gobierno nacional subvencionará la totalidad de los gastos económicos para la cirugía de un paciente y el donante de esa capital del Estado. 

“Para nosotros es importante anunciar a la ciudad de Sucre que el Hospital Santa Bárbara está recibiendo la acreditación del servicio de trasplante, siendo actualmente el único centro del sector público a nivel nacional (…). El día de mañana (jueves) vamos a iniciar con la cirugía de una persona, totalmente gratuita, y que va a beneficiar a una familia”, reveló la autoridad en conferencia de prensa.

En Bolivia, desde la gestión 2013 hasta 2019 se realizaron 236 trasplantes gratuitos de riñón (213 con donante vivo y 23 con donante cadavérico); en 2020 no se realizaron cirugías debido al abandono de las autoridades gubernamentales de turno y la emergencia sanitaria por el COVID-19.

El ministro de Salud explicó que actualmente Chuquisaca tiene 215 pacientes con Enfermedad Renal Crónica en Terapia de Sustitución Renal (hemodiálisis), es por ello que –dijo– que resulta importante la implementación del servicio de trasplante y “qué mejor en un nosocomio que recibió la calificación máxima de acreditación”. 

Auza recordó que la situación que vivían los enfermos renales entre 2005 y 2006 era de “terror” ya que en el país se tenía solo cinco máquinas de diálisis, aspecto que cambió en la administración del presidente Luis Arce porque “hace poco estábamos llegando a las 400 máquinas de hemodiálisis que además brindan su servicio totalmente gratuito para las personas que requieren del mismo”.

“Yo debo felicitar todo el empeño, responsabilidad y compromiso que le ponen para este objetivo nuestros profesionales destacados, que han logrado que se obtenga esta acreditación, nosotros como Ministerio de Salud vamos a apoyar todas aquellas iniciativas que vayan orientadas a resolver problemas de nuestro pueblo”, puntualizó.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, indicó que se identificaron a 30 personas que incitan la violencia y los actos vandálicos en inmediaciones de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), en la ciudad de La Paz, acciones que amenazan el orden y la tranquilidad pública.

La autoridad, en conferencia de prensa, dijo que esas personas incitan los hechos violentos que incluyen el uso de explosivos, bazucas artesanales y otros objetos peligrosos en contra de la ciudadanía y de enfermos que están en hospitales cercanos.

“A nueve días de conflictividad, se ha advertido, de forma manifiesta, que existe ya un uso indiscriminado de elementos explosivos, uso de armas que tienen una afectación directa contra intereses de terceras personas, hasta bazucas artesanales se ha podido ver en las imágenes que están reflejando los medios de comunicación”, indicó.

Recordó que el Gobierno garantiza la protesta social, la libertad de expresión, pero cuando esta tiene “elementos vandálicos, corresponde operar e intervenir de forma manifiesta con relación a los mandatos constitucionales” y los protocolos que indica la CIDH.

“Hacemos saber a la población que ya se tiene 30 personas identificadas, plenamente identificadas, que están en este efecto de poder incitar, de poder propiciar, de poder generar que exista una conflictividad diaria y esta situación pone en riesgo la tranquilidad pública”, manifestó.

Dijo que esas personas deben saber que “se van a activar los mecanismos necesarios que vayan a ser conducentes por dar tranquilidad a la población. Se va efectuar la coordinación pertinente para evitar que se generen mayores situaciones de tensión”.

Explicó que esas personas “necesariamente no son quienes están involucrados en esta movilización. Existen personas que están por detrás y están efectivamente instando a que la conflictividad acreciente” y se generen escenarios que “constituyen una amenaza al orden público”.

Ante esos hechos vandálicos que incluyen uso de explosivos, Cox anticipó que “corresponderá que el Ministerio Público asuma las determinaciones pertinentes a objeto de que exista una regulación en cumplimiento de las garantías constitucionales”.

La autoridad convocó a los diferentes sectores de Adepcoca a resolver sus controversias mediante el diálogo.

El presidente Luis Arce entregó este miércoles un lote de equipos para la implementación de la fase dos del proyecto “Sistema Integrado de Comando y Control para Seguridad Ciudadana Sub Nacional/BOL – 110”, en la ciudad de Santa Cruz. La inversión gubernamental efectuada fue de Bs 80 millones.

“Hoy venimos con este obsequio del Gobierno nacional al pueblo cruceño, a nuestra querida Santa Cruz. La seguridad de las personas, de quienes caminan las calles, es para nosotros vital, de mucha importancia”, dijo en un acto realizado en el Módulo Policial de la Villa Primero de Mayo.

El lote estuvo conformado por un centro de datos, 18 consolas de operación, 295 cámaras de videovigilancia tipo domo, 42 filmadoras de reconocimiento facial, 23 cámaras de identificación de placas, 28 kits de alarmas comunitarias y 108 handies de comunicación con GPS, entre otros.

En su discurso, el Mandatario pidió que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, aceleren la instalación de los equipos con las inversiones económicas necesarias para que entren en funcionamiento “lo más rápido posible”.

“Los equipos, así como lo ven ustedes, no son útiles, son útiles cuando están operando, cuando tenemos el monitoreo diario y permanente de nuestra Policía Boliviana”, agregó.

El jefe de Estado manifestó, por otro lado, que el Gobierno nacional equipará el Módulo Policial de la Villa Primero de Mayo de la ciudad de Santa Cruz.

A su turno, el ministro de Gobierno expresó que la implementación de la fase dos del proyecto permitirá que la población se sienta protegida en los barrios y las calles.

“Este proyecto es parte de uno integral y holístico a nivel nacional ¿qué quiere decir? que las cámaras que instalemos las vamos a poder ver desde cualquier departamento de Bolivia y esta es una prueba palpable y evidente de que, como Gobierno nacional, nos preocupamos por la seguridad de la gente”, sostuvo.

El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, agradeció por la entrega del equipamiento del sistema integrado de seguridad ciudadana, puesto que dijo que contribuirá con el objetivo de mejorar las condiciones tecnológicas para que la Policía Boliviana luche contra la delincuencia en los barrios de la capital cruceña.