Bolivia y Chile conformaron cuatro mesas de trabajo para coordinar la lucha contra el narcotráfico y el combate a la legitimación de ganancias ilícitas, informó este jueves el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani.

La autoridad, entrevistada en el programa “Contragolpe”, de radio Patria Nueva, recordó que el flagelo del narcotráfico afecta a los países y no se detiene ante las fronteras, por lo cual se requieren respuestas conjuntas para combatir a ese ilícito.

“El día de hoy se ha dado inicio a la décima primera reunión de la Comisión Mixta Bolivia- Chile sobre las drogas y temas conexos. El problema del narcotráfico es un problema multilateral y multidimensional que forma parte de la delincuencia organizada transnacional y que afecta al mundo entero”, indicó.

Explicó que se conformaron con Chile cuatro mesas de trabajo que abordan los siguientes temas: 

-Intercambio de información permanente de nuevas tendencias y rutas para el tráfico de sustancias controladas.

-Intercambio de experiencias sobre las nuevas drogas y las nuevas sustancias coactivas que se comercializan y distribuyen en la región.

-Coordinación de operaciones simultáneas en regiones de frontera.

-Realización de operativos conjuntos de control de divisas en los principales puntos fronterizos de ambos países.

-Intercambio de información sobre actividades de empresas involucradas en el tráfico ilícito de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas.

-Ejecución de operativos de entrega vigilada que permitan la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.

-Reducción de la demanda para establecer un mecanismo de intercambio de experiencias en prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar, educativo y comunitario.

Por otro lado, el Viceministro dijo que se continúa con la política de erradicación de cultivos de coca excedentaria en el país y, hasta la fecha, se eliminaron 6.714 hectáreas y se espera llegar hasta las 9.000 hectáreas destruidas hasta fin de año.

La Defensoría del Pueblo lamentó este jueves que se cumplan 11 días desde que inició el conflicto por el control de la administración del mercado de la Asociación de Productores de Hoja de Coca de La Paz (Adepcoca), en La Paz, por lo que instó a los cocaleros a deponer intereses personales para buscar un espacio de unidad y diálogo.

“La Defensoría del Pueblo insta a Adepcoca a buscar y fortalecer la unidad de las y los socios productores de la hoja de coca y generar un solo espacio conjunto en el que se pueda lograr la solución de este conflicto que los tiene divididos desde hace años, y posibilitar la pacificación que ansía toda la población”, se lee en un comunicado institucional.

La institución reiteró su voluntad para ser veedora en el probable escenario de pacificación para coadyuvar en la búsqueda de soluciones por el bien de la población de los Yungas.

Según la Defensoría, el enfrentamiento entre cocaleros y policías en estos días causó que 25 personas resulten heridas, entre varones y mujeres, además de siete policías heridos. Asimismo, se realizó la detención de nueve mujeres y 60 varones, 10 de ellos están en calidad de aprehendidos.

Por lo que reprochó las afectaciones a niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, comerciantes y vecinos de las zonas de Villa Fátima y Villa El Carmen, producto del uso indiscriminado de explosivos y gases lacrimógenos que derivaron en daños materiales a la propiedad privada y pública como el incendio del Módulo Policial de Minasa y la afectación del Hospital San Francisco de Asís, sin considerar a los pacientes internados, causando zozobra en el lugar.

Aseguró que durante el conflicto se realizó varias acciones de acercamiento convocado en cinco oportunidades a instalar una mesa de diálogo; sin embargo, las dirigencias no han depuesto posiciones manteniendo la confrontación en el sector.

Asimismo, exhortó a la Policía Boliviana a enmarcar su trabajo sin incurrir en el uso excesivo de agentes químicos y garantizar que no se afecte a la población.

El Colectivo Mamás Sororas de Bolivia entregó este jueves un importante lote de donativos para apoyar a las mujeres que están en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, en La Paz, bajo el lema “Nuestra arma es la sororidad”; las mujeres activistas se reunieron con las madres del centro penitenciario.

El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, aseveró que se pretende brindar las mejores condiciones de vida a las internas del penal, por lo que agradeció la solidaridad del colectivo femenino con las mujeres privadas de libertad.

“Es importante el trabajo, es importante este gesto (…). Agradecer a las compañeras (del colectivo) que nos han estado visitando; había el compromiso respecto a apoyar a las mamás, a los niños y creo que están cumpliendo esta primer etapa”, indicó Limpias.

Entre los donativos destacan: kits de aseo personal, medicamentos, ropa, alimentos para los menores de edad, ente otros.

Por su parte, desde el colectivo manifestaron que esa entrega es una primera fase de ayuda a las madres privadas de libertad y que en las próximas semanas se estarían entregando más lotes de ayuda con el objetivo de mejorar, de manera significativa, la vida de las mujeres y madres del centro penitenciario.

(Foto: Min. Justicia)

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, destacó este jueves la firma del acta de entendimiento entre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura (CM) para la implementación del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ – Gestoras) en materia penal, en cumplimiento al cuarto eje de la reforma de la justicia.

“Hoy es un día muy importante para el país, se marca una ruta de planificación estratégica con acciones concretas; ya estamos en condiciones, como sector justicia, de mostrar aspectos fundamentales (…). El mandato constitucional de coordinación que se desarrolla a partir de la Ley 898 (Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia) hoy ve un resultado muy importante”, señaló, según un boletín del Ministerio de Justicia.

Lima destacó que el entendimiento permitirá la interoperabilidad, a partir de niveles de coordinación y cooperación, sujetos a un cronograma de implementación. Además, aseguró que servirá para promover una eficiente y transparente de interacción del Órgano Judicial con el Ministerio Público, la Policía Boliviana, Régimen Penitenciario y otras instituciones.

“Este es un ejemplo de cómo se pueden lograr trabajos coordinados en beneficio de la población”, sostuvo la autoridad.

Según el reporte, a partir del sistema SIREJ-Gestoras se logrará un soporte oportuno y eficiente a nivel nacional de las bases de datos en materia penal, entre otros beneficios.

“En los seis ejes de la reforma de la justicia se ha planteado la necesidad urgente del uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC’s) que debe ser concretada con acciones de trabajo al más alto nivel técnico, con la garantía de seguridad de la AGETIC y el compromiso de estas dos instituciones que hoy firman el convenio”, manifestó Lima.

El ministro anunció que el uso de las tecnologías de la información permitirá que la justicia “esté en el celular y en la computadora” de la población.

El acuerdo interinstitucional se realizó esta jornada entre los presidentes del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, y del Consejo de la Magistratura, Omar Michel. Participó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa; el director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), Vladimir Terán; y el comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera.