El ministro de Justicia, Iván Lima, lamentó que los involucrados en el caso golpe de Estado I, entre ellos Luis Fernando Camacho y su padre, busquen la distorsión y la confrontación para evitar rendir cuentas ante la justicia. Sin embargo, explicó que, aunque se acojan al silencio ante la fiscalía o se declaren inocentes, el Ministerio Público evaluará la existencia de hechos, documentos y otras pruebas sobre su rol en la interrupción de la democracia en 2019.

Lima, entrevistado en radio Kausachun Coca, explicó que los procesos judiciales pueden ser divididos en tres casos: Golpe de Estado I, golpe de Estado II y golpe de Estado III.

El primer caso es impulsado por la exdiputada Lidia Patty e involucra a Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho, a su padre José Luis Camacho, como sindicados, en el marco del proceso seguido por los presuntos delitos de terrorismo, conspiración y sedición.

Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga fueron convocados pero en calidad de testigos, es decir de personas que presenciaron o conocen algunos hechos en 2019.

En este caso, lamentó que los seguidores y afines a Camacho opten por amenazas de movilización, confrontación paros o amenazas mediáticas en vez de preparar una respuesta jurídica a las acusaciones en su contra.

Explicó que, por ejemplo, el padre de Camacho debería responder sobre la negociación que, según su propio hijo, realizó con militares y policías para que se insubordinen y den viabilidad al golpe de Estado de 2019.

Sin embargo, sus afines buscan un “escenario de conflagración”, un “escenario en el que previsiblemente van a utilizar no armas jurídicas ni políticas sino de distorsión y confrontación y eso no es admisible, no es democrático”, indicó.

Sobre la probabilidad de que Camacho y su progenitor se acojan al silencio o se declaren inocentes, el Ministro de Justicia, dijo que sus declaraciones son solo una parte de la investigación que realiza la fiscalía, ya que el Ministerio Público deberá sopesar la existencia de pruebas, documentos y otros indicios que deben ser considerados.

“Tendrá que hacerse preguntas específicas, buscar otros elementos, buscar la prueba y su declaración será otro elemento más”, manifestó.

El otro caso, denominado por Lima como “caso golpe de Estado II”, es impulsado por el Gobierno y se refiere a la imposición de los símbolos presidenciales que hicieron los militares a Áñez, a la autoproclamación de ella en el Senado (sin el quorum reglamentario), en la Asamblea Legislativa Plurinacional y en la Presidencia del país, hechos realizados al margen de la Constitución y las leyes.

En este caso están involucrados los militares que participaron en esos hechos, Áñez y los jefes policiales que participaron en esas circunstancias. Al respecto, el Ministro dijo que se esperan sentencias de entre 12 a 14 años de reclusión.

El caso golpe de Estado III, indicó Lima, tiene que ver con las personas que participaron en la conspiración previa a la interrupción del proceso democrático, es decir, los días previos a que asuma Áñez.

Explicó que, en el caso de la participación de funcionarios diplomáticos en esas reuniones, las normas establecen privilegios legales para esas personas.

El abogado Fabián Poma, dijo que la pieza fundamental para determinar quiénes son los autores materiales e intelectuales del golpe de Estado de 2019, es Luis Fernando Camacho, por lo que su declaración ante la justicia, es clave.

El jurisconsulto, entrevistado por Bolivia Tv, en Tarija, recordó que fue el entonces dirigente cívico cruceño quien admitió que su padre, José Luis Camacho, fue quien logró acuerdos con los militares y policías para que se insubordinen al gobierno legalmente constituido con el fin de dar viabilidad al régimen de facto de Jeanine Áñez.

“La pieza fundamental y clave de la investigación es Camacho, actual gobernador de Santa Cruz”, indicó Poma.

“La participación que tuvo Camacho en el golpe de Estado, tiene que ser necesariamente investigada”, agregó.

En un video, Camacho admitió que su padre fue quien “cerró con los militares para que no salgan”.

“Con la Policía de la misma manera, fue mi padre. Cuando pudimos consolidar que ambos no iban a salir, fue que dimos las 48 horas (de plazo para que renuncie Evo Morales)”, agregó Camacho en el video.

Al respecto, el abogado Poma dijo que las pesquisas de la Fiscalía deben ampliarse al entorno que impulso el régimen de Áñez en 2019.

El director departamental de Tránsito, Raúl Rodríguez Chacón, informó este sábado que una persona de sexo femenino, presunta bebedora consuetudinaria falleció dentro la Estación Policial Integral (EPI) Sebastián pagador de la zona norte de la ciudad de Oruro.

“La señora se encontraba en completo estado de ebriedad y por las características que presenta la persona se presume que sea una bebedora consuetudinaria, la trajeron acá y la hicieron descansar en uno de los asientos y a las 7.00 la señora sufre de convulsiones y llega a fallecer, personal de bomberos trato de reavivarla, pero fueron vamos los esfuerzos”, dijo a la ABI.

Explicó que efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia aproximadamente a las 2.00 a denuncia de los vecinos de la zona de Miraflores, constató la presencia de una persona de sexo femenino que se encontraba en plena vía pública en el suelo, y personal policial la trasladó a dependencias policiales.

El caso paso a la Fuerza especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) para iniciar con las investigaciones del hecho y determinar a través de la autopsia de la causa de la muerte, agregó.

La persona aún no pue identificada y se estima que tiene una edad entre 35 a 40 años, sus restos fueron trasladados a la morgue del cementerio general.

El Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal de la ciudad de La Paz, amplió este sábado por cinco meses la detención preventiva de Jeanine Añez y dos exministros investigados por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, informó Erbol.

La medida judicial solicitada por el Ministerio Público incluye al exministro de Justicia, Álvaro Coimbra y de Energías, Rodrigo Guzmán, quienes deberán permanecer detenidos en la cárcel de San Pedro, en La Paz.

Áñez guarda reclusión preventiva acusada por la comisión de delitos de sedición, terrorismo y conspiración durante el golpe de Estado que dejó un saldo de 37 personas muertas, 804 heridas y miles de perseguidos, torturados y humillados.

La parte acusadora evidenció que existe riesgo de fuga y obstaculización del proceso judicial.

El abogado de la defensa, Luis Guillén, explicó que ante la solicitud de la Fiscalía de ampliar por seis meses más, la autoridad judicial denegó el pedido tanto al Ministerio Público como a las otras partes (Procuraduría General del Estado y Ministerio de Justicia) y se estableció cinco meses para las tres exautoridades, agrega el reporte.

La defensa interpuso recurso de apelación para que un tribunal superior revise esta medida cautelar dentro el proceso a instancias de la exdiputada Lidia Patty.