El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, y el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, firmaron este martes un convenio para combatir de manera conjunta la internación ilegal de hidrocarburos, por medio de cuatro actividades interinstitucionales que serán efectuadas en zonas fronterizas y áreas de riesgo del territorio nacional.

“Las tareas van a estar ligadas directamente a cuatro actividades y que tienen como objetivo planificar y ejecutar tareas conjuntas entre estas dos instituciones”, indicó Jiménez, en una conferencia de prensa.

El titular de la ANH explicó que una de las acciones será un proceso de socialización en municipios y la capacitación de las Fuerzas Armadas de las normativas sobre hidrocarburos y defensa del consumidor en las zonas fronterizas y áreas de riesgo, que permitirá, además, colectar datos para identificar los puntos de internación ilegal de combustibles.

Detalló que la segunda tarea estará relacionada con la aplicación de un sistema de interdicción diseñado por el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando y la ANH, que hará posible contar con información en tiempo real sobre el desarrollo de operativos de fiscalización, los procesos de importación de combustibles y el registro de incautaciones.

Acotó que la tercera actividad estará relacionada con la instalación de puestos fijos de control por medio de domos, que es una iniciativa incluida en el denominado “Plan soberanía” de la ANH, para el control de los 7.200 kilómetros de frontera del país y el “cuidado de cada litro de diésel y gasolina que es comercializado en el Estado boliviano”.

“Y los operativos en puestos móviles y controles de carreteras”, agregó respecto a la cuarta tarea programada.

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, destacó que la aplicación del convenio, en especial con el sistema de interdicción para el área de hidrocarburos, servirá para fortalecer el combate a la internación ilícita de combustibles y otros productos, así como el trabajo de las Fuerzas Armadas en el control de las zonas fronterizas del país.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través de los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (Sijplu), pedirá la pena máxima por el delito de tentativa de homicidio y la detención preventiva de dos personas que el pasado domingo golpearon y provocaron lesiones graves a una mujer de 67 años en un asalto a su negocio de venta de coca, ubicado en el quinto anillo de la ciudad de Santa Cruz.

“Se pedirá la detención preventiva y la máxima sanción para los autores de la brutal agresión cometida contra una persona adulta mayor de 67 años, por el robo agravado y las lesiones graves de las que fue víctima el pasado domingo”, confirmó el director del Sijplu, Aldo Torres según un reporte del Ministerio de Justicia.

El Sijplu realiza el patrocinio legal del caso y solicitará, en audiencia de medidas cautelares, la detención preventiva por seis meses para que se desarrolle la investigación correspondiente.

Según la hija de la víctima, la autora intelectual del hecho sería ahijada de su hermano, quien fue contratada hace algunos meses para ayudar a la mujer de la tercera edad.

La presunta autora desconocía que las cámaras de seguridad del negocio fueron reparadas, por lo que se logró captar el momento en que ella y sus cómplices atacaron a la mujer para robarle alrededor de Bs 1.000, además de tarjetas telefónicas y otros.

Las filmaciones de la cámara de seguridad muestran que la adulta mayor se encontraba en su negocio de venta de coca acompañada de una mujer, momento en que un hombre procede a golpearla con un combo hasta causarle graves lesiones. Ambos agresores fueron identificados y se encuentran a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava, informó este martes que el Tribunal de Sentencia Tercero emitió la condena de 20 años de privación de libertad en contra de Wilber J.M., de 31 años, por el delito de tentativa de feminicidio en contra de su concubina Melvi K.C., de 32 años.

“Durante el desarrollo de la audiencia, el Ministerio Público ofreció las pruebas consistentes en certificado médico legal, acta de declaración informativa, informe de entrevista psicológica de la Unidad de Protección y Atención a Víctimas y Testigos, dictamen pericial en alcoholemia y otros elementos que fueron valorados por los miembros del tribunal que determinaron la sentencia para Wilber”, dijo Nava.

La fiscal del caso, Natividad Morales, indicó que el hecho se suscitó el 12 de agosto de 2020. La pareja se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en la casa de un amigo, tras una discusión entre Wilber y Melvi K.C., él la sacó del lugar.

Tras llegar a su domicilio, el sujeto agarró un frasco con alcohol y lo roció sobre el cuerpo de s concubina, prendiéndole fuego. Ante esa situación ella se quitó la ropa y logró apagar el fuego, según un reporte institucional.

El sujeto fue al dormitorio de sus padres y les comunicó lo que había hecho, por lo que el padre se contactó con la Policía que procedió al arresto del agresor.

El Ministerio Público demostró, en audiencia de juicio oral, las pruebas necesarias, por lo que la justicia determinó 20 años de privación de libertad en contra de Wilber en el penal de San Roque.

(Foto: RRSS)

El viceministro de Descolonización y Despatriarcalización, Pelagio Condori, presentó este martes una denuncia penal en contra del gobernador Luis Fernando Camacho; Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz; y otros actores políticos ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, por los hechos de racismo, discriminación y ultraje de la wiphala suscitados el pasado 24 de septiembre en ese departamento.

“El hermano Pelagio Condori Yana (…), en horas de la mañana del día de hoy 28 de septiembre, presentó denuncia formal ante el Ministerio Público de la ciudad de Santa Cruz, por los hechos de conocimiento público protagonizados por los señores Luis Fernando Camacho Vaca, Rómulo Calvo Bravo, Lisseth Durán Fernández, Keila García Milhomen, Adalid Farel Moreno y los que resultaren autores, cómplices e instigadores”, se lee en un comunicado del Viceministerio.

Según el reporte, se solicita al Ministerio Público ejecutar una acción penal en contras de los denunciados por las irregularidades registradas el 24 de septiembre en el acto de conmemoración de los 211 años de Gesta Libertaria cruceña.

Asimismo, se brinda una lista de 15 personas que podrían ser testigos de los hechos a investigar. La Fiscalía cruceña investigará a Camacho, Calvo, dos mujeres y un varón en calidad de “autores, cómplices e instigadores” de hechos discriminación, racismo y ultraje de la wiphala.