El comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, lamentó este jueves la muerte de Javier Fuad Vaca Julio, detenido preventivamente por los hechos luctuosos de noviembre de 2019, y expresó su solidaridad con la familia. Además, aclaró que su muerte fue a consecuencia de un cáncer de colon y que no se encontraba en celdas penitenciarias.

“Quiero expresar mi solidaridad con la familia del coronel Vaca, un compañero de Academia (Nacional de Policías - Anapol). Es mentira, él no ha muerto en las celdas, en todo caso su permanencia en el penal ha sido muy breve, pues él ya venía llevando una serie de falencias desde el punto de vista de su salud”, indicó Aguilera a la prensa.

Explicó que la permanencia de Vaca en el recinto penitenciario fue breve, porque antes de su ingreso del 10 de septiembre, ya atravesaba problemas de salud. Por lo que tuvo que ser sometido a una serie de intervenciones quirúrgicas.

Detalló que las causas de la muerte fueron shock hipotónico, falla multiorgánica, shock séptico, trombosis, entre otros. Dijo que Vaca no logró aguantar la última intervención quirúrgica que se le practicó en la Caja Nacional de Salud (CNS).

“Se resume en que él tenía una serie de infecciones en su organismo, aparentemente tenía cáncer de colon (…). Básicamente era una muerte de orden natural”, acotó.

El 10 de septiembre el coronel Vaca fue enviado al Centro Penitenciario de San Pedro acusado por homicidio en grado de complicidad y encubrimiento por la muerte de siete personas por disparos de armas de fuego durante los hechos luctuosos en la zona Sur de la ciudad de La Paz, en noviembre de 2019.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmó este jueves que se logró rescatar con vida al capitán Elio Roca, quien había despegado de San Borja con destino a Trinidad y desapareció. Tras un operativo de búsqueda, se logró su rescate en inmediaciones del río Tijarnuchi.

“Se activó la búsqueda inicialmente por aire y luego, en horas de la noche, de acuerdo a las coordenadas que se registró del ELT (transmisor localizador de emergencia) de la aeronave, se rescató vía terrestre y con vida al único ocupante, el piloto de la aeronave, en las inmediaciones del río Tijarnuchi”, se lee en un comunicado de esa institución.

Según el reporte, el pasado miércoles 27 de octubre, la aeronave CESSNA C-182P con matrícula CP-2520, al mando del capitán Elio Roca Calle, despegó de San Borja a las 14.40 con destino a Trinidad (Beni). Sin embargo, a las 14.52 se reportó el último contacto con la aeronave que debía aterrizar en el aeropuerto Jorge Heinrich y no lo hizo.

Por lo que, la Unidad de Investigación y Prevención de Accidentes e Incidentes (AIG) activó los mecanismos de alerta y se dio inició con el proceso de investigación para identificar la causa probable del accidente.

Tras el operativo de búsqueda se rescató al piloto. En tanto la DGAC manifestó su compromiso “por la vigilancia de la seguridad operacional de la actividad aeronáutica civil del Estado Plurinacional de Bolivia”.

El Gobierno nacional elabora un plan de reparación integral para las víctimas de las masacres de 2019. El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Cesar Siles, explicó este jueves que es uno de los pedidos de quienes sufrieron la vulneración de sus derechos en el régimen de Jeanine Áñez.

En respuesta, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional elabora el plan y prevé que el proyecto sea presentado el 5 de noviembre.

“Lo que ahora reclaman las víctimas es una reparación integral y para ello nos hemos puesto de acuerdo en que el Decreto (4176) es un punto de partida. Ya se han empezado con las reparaciones, pero necesitamos generar un plan, un plan de implementación de la reparación integral, y el compromiso del Ministerio de Justicia y el viceministerio a mi cargo es que el día viernes 5 (de noviembre) vamos a presentar ese plan”, indicó Siles en entrevista con La Razón Radio.

Aclaró que también se reunirán con otras agrupaciones que demandan justicia por la vulneración de derechos durante el gobierno de facto de Áñez.

“Es importante este diálogo abierto, porque todo el pueblo boliviano quiere justicia, ese es el clamor popular (…) Queremos justicia, memoria, verdad”, indicó.

Explicó que la mayoría de los 22 puntos del pliego petitorio que presentaron las víctimas de las masacres de 2019 fue atendida por el Gobierno nacional.

Puntualizó que la mayoría de las víctimas ya recibieron la indemnización por fallecimiento y de igual formas los heridos. En la reparación integral, además de lo económico, se contempla el área de salud, educación, inserción laboral, un plan de vivienda y el acceso a créditos con bajas tasas de interés.

Detalló que este nuevo plan será presentado con plazos, cronograma y responsables como lo solicitaron los interesados. Abarcará a todas las víctimas. Añadió que existe una clasificación de cinco categorías de víctimas: fallecidos, heridos, perseguidos políticos, detenidos y torturados.

(Imagen ilustrativa RRSS)

La directora ejecutiva de la Casa de la Mujer, Ana Paola García, condenó este jueves que la iglesia católica obstaculizara el proceso médico que una niña de 11 años embarazada cumplía para interrumpir la gestación. Explicó que con esta determinación se vulneran todos los derechos de la menor de edad y se la convierte en un instrumento de la maternidad.

La Casa de la Mujer es una asociación  que ejecuta sus actividades en el campo de la promoción y defensa de los derechos humanos en general y más concretamente, en los derechos de las mujeres, trabaja en la prevención de la violencia machista, atiende y orienta jurídica y psicológicamente a las mujeres sobrevivientes de la violencia

“Esta situación vulnera completamente todos los derechos, todas las normativas, todo el bloque de constitucionalidad a la cual Bolivia se ha suscrito, como ser la Convención de niño, de la niña, que establece claramente que la prioridad, en estos momentos, corresponde a la protección de la niña de 11 años”, indicó García en Bolivia TV.

Aclaró que, según los primeros reportes, se constató que la madre y la niña acudieron a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní, Santa Cruz, en busca de ayuda y para que el embarazo sea interrumpido; sin embargo, tras dar inicio al proceso en el Hospital Percy Boland, miembros de la iglesia católica se acercaron a la menor de edad y a su madre para convencerlas de desistir de la decisión.

“Estamos consternados, preocupados, indignados con lo que ha sucedido, donde por la injerencia de la iglesia católica se está forzando a una niña de 11 años a ser madre (…) Existe una manipulación para que la pequeña continúe la gestación, estaríamos quitándole la condición de niña y poniéndole una condición de mujer”, condenó.

Aseveró que, al ser Bolivia un Estado laico, la iglesia no tiene por qué ejercer este tipo de intromisión y explicó que los responsables de esta vulneración de derechos deben ser procesados penalmente.

El aborto en este tipo de circunstancias es legal desde 1970, donde se permitía la interrupción con una autorización judicial y con la Sentencia Constitucional 206/2014  establece que el aborto puede realizarse con la presentación de una copia de la denuncia y con el consentimiento informado de la víctima.