El fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, informó este viernes que se activaron los mecanismos de protección en resguardo de la salud física y psicológica de la niña de 11 años, víctima de violación en Yapacaní, Santa Cruz.

“El Ministerio Público en el uso de sus atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y la Ley N° 260, decidió que en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados Internacionales, Código Niña, Niño, Adolescente y leyes como la Ley Nº 458 y Ley Nº 1173 que establecen precautelar el interés superior de la niña, niño y adolescente y la protección reforzada a favor de sectores vulnerables, el Ministerio Público activó los mecanismos de protección de la víctima en resguardo de su salud física y psicológica”, dijo Lanchipa en conferencia de prensa.

Este mecanismo de protección se ejecutará mediante el "Programa de protección de víctimas, testigos, denunciantes y miembros del Ministerio Público", con la intervención del Ministerio de Salud y Deportes, el Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

El Ministerio Público dentro de la investigación por el delito de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, previsto en el Artículo 308 del Código Penal, imputó al presunto autor del hecho y solicitó su detención preventiva que actualmente cumple en el Penal de Palmasola de Santa Cruz.

“Se ha instruido que, por la naturaleza del hecho cuya víctima es una niña, el presente caso se atienda con la debida diligencia con una supervisión directa de la Dirección de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil”, sostuvo Lanchipa.

Explicó que ante la denuncia presentada por la Defensoría del Pueblo, por los delitos de Incumplimiento de Deberes, Desobediencia a Resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad y trata de personas con fines de guarda y adopción, fue admitida por el Ministerio Público y, al haberse dirigido contra autor o autores, se encuentra en etapa de investigación para la individualización de los mismos, al efecto se librarán los requerimientos y órdenes que correspondan.

“El Ministerio Público exhorta a la población en general mantener en absoluta reserva los datos de identidad de la víctima, en cumplimiento de la Sentencia Constitucional 1100/2011-R de 16 de agosto, en resguardo de los derechos y garantías constitucionales de la víctima y evitar su revictimización”, instó.

Foto: Red Uno.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, manifestó este jueves que se hará prevalecer el derecho a la propiedad privada y el respeto a la vida, en relación al incidente ocurrido en el predio Las Londras, en Guarayos (Santa Cruz) cuando periodistas, policías, propietarios y trabajadores fueron emboscados y retenidos ilegalmente por algunas horas.

“Comunicamos al pueblo boliviano que los periodistas que fueron tomados como rehenes por comunarios en Guarayos fueron liberados hace un par de horas y se encuentran bien. Como gobierno manifestamos que no toleraremos este tipo de conductas y que haremos prevalecer, tanto el derecho a la propiedad privada como el respeto a la vida humana en todo el territorio nacional”, publicó en su cuenta de Facebook.

Según un reporte de Red Uno, un grupo de al menos 70 personas armadas, que tomó de forma ilegal el predio Las Londras, retuvo y amenazó a los periodistas, policías y trabajadores que llegaron al lugar para inspeccionar.

Los periodistas habían acudido al lugar por invitación de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) para realizar la cobertura sobre el avasallamiento de tierras productivas, sin embargo, fueron sorprendidos por personas encapuchadas que los retuvieron en contra de su voluntad.

En ese entendido, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, condenó el hecho, por lo que pidió al Ministerio Público iniciar una investigación para identificar a los responsables.

“Condenamos la agresión física a trabajadores de la prensa que hoy fueron retenidos por personas encapuchadas en la propiedad Las Londras (…). Pedimos al Ministerio Público iniciar una investigación para identificar a los responsables del ataque a los 20 reporteros de El Deber, Unitel, Red Uno, ATB y PAT, quienes fueron liberados en horas de la tarde”, publicó en sus redes sociales.

En la reunión entre el Ministerio de Salud y Deportes y los gobiernos subnacionales se emitió un documento de conclusiones en el que el Gobierno nacional se compromete a mantener a los 1.816 médicos AISEM para la atención a los pacientes COVID-19 en hospitales de primer, segundo y tercer nivel, además de extremar la vigilancia epidemiológica, mientras que las gobernaciones y municipios deberán presentar un plan de lucha contra la pandemia con base en el Plan Nacional.

“En el tema de recursos humanos se procederá a mantener los 1.816 contratos para continuar reforzando las unidades de cuidados intensivos e intermedios, cifra que podrá ser ampliada en función de la evolución de la pandemia”, dijo el ministro Jeyson Auza, a tiempo de dar lectura al documento firmado por los representantes subnacionales, señala un boletín institucional.

En la reunión, que se desarrolló durante toda la jornada, los directores y representantes de los servicios departamentales de Salud (Sedes), y municipales, expusieron el trabajo que desarrollan en sus regiones para contener la pandemia y coincidieron en que es importante reforzar la coordinación con el Gobierno nacional para mitigar la llegada de una cuarta ola del COVID-19.

El ministro de Salud remarcó que, a pesar de que el equipamiento es responsabilidad de los subniveles departamentales y municipales, el Gobierno nacional ha fortalecido las redes de servicios con unidades de cuidados intensivos, intermedios y camas de hospitalización.

“Nosotros hemos manifestado que debemos extremar la vigilancia epidemiológica y debemos considerar que todo resfrío es COVID-19, hasta que se demuestre lo contrario (…) ¿Cuál el objetivo de esto?, es que un paciente necesite terapia intensiva”, añadió.

En tanto, en el documento los gobiernos subnacionales se comprometieron a implementar diferentes estrategias para conseguir aumentar sus coberturas de vacunación en sus regiones.

La fiscal de Delitos Contra la Vida, Dubravka Jordán, informó este jueves que se realizó la Inspección Técnica Ocular (ITO), además de la reconstrucción del femicidio de Mayerly, la joven que fue asfixiada y descuartizada en la zona Alto Inca Llojeta de La Paz, con las que se pudo confirmar la primera hipótesis de la Fiscalía que señalaba que ambos imputados participaron del hecho.

“El día de hoy (jueves) en la mañana, se ha dispuesto la Inspección Técnica Ocular, seguida de reconstrucción (…) sobre la muerte de Mayerly, en el desarrollo del hecho se tiene que han participado ambos imputados”, indicó Dubravka Jordán en conferencia de prensa. 

Según las pericias que realizó esta jornada la Fiscalía, corroboró que ambos imputados, Matusalén M. y Roberto H., participaron del hecho. Jordán explicó que los imputados participaron en la ITO y uno de ellos realizó recreación de cómo se suscitó el hecho, donde la joven fue asesinada y posteriormente descuartizada.

“Han participado ambos imputados, uno de ellos ha hecho la recreación de cómo se hubieran suscitado los hechos”, dijo la fiscal.

Detalló que, a mes y medio del suceso, el Ministerio Público ya tiene avances en la investigación por lo que podría emitir el requerimiento de conclusión del caso antes del plazo establecido.

Aseveró que la ITO fue fundamental porque logró confirmar la hipótesis de la participación de ambos sindicados, además de develar otros hechos, pero no dio más detalles para no entorpecer la investigación.

“Aún nos encontramos dentro del plazo, estamos a un mes y medio de que ha ocurrido el hecho. El Ministerio Público ha tenido avances en el desarrollo de la investigación (…), esperemos que ya se vaya a emitir el requerimiento de conclusión”, acotó.  

El 6 de septiembre, a las 13.20 en la zona de Alto Llojeta en la Avenida Max Fernández, en el interior del bosquecillo, efectivos policiales encontraron un cuerpo de sexo femenino desmembrado.

Tras que la Policía logrará identificar el cuerpo de la víctima, como Mayerly C. de 18 años, su madre denunció que recibía mensajes, lo que provocó alerta, por lo que se dio con el presunto autor del crimen y un cómplice, y se procedió al secuestro de sus celulares, donde se encontró registro de los hechos.

Matusalén M. es el principal acusado y se presume que en complicidad con Roberto H. habrían cometido el feminicidio y posterior descuartizamiento de Mayerly.

Ambos acusados tienen detención preventiva en el penal de Chonchocoro y de San Pedro en La Paz.