La mañana de este jueves, ocurrió un choque múltiple entre vehículos del servicio público y particulares en el carril de bajada de la autopista que conecta la ciudad de El Alto con La Paz. El hecho sucedió en el sector denominado “Curva del Diablo”.

“Personal de Tránsito, la División de Accidentes y la División Especiales nos constituimos al lugar para constatar este hecho. Por versiones de los conductores de los vehículos afectados, habría un vehículo que se habría dado a la fuga, que es un Toyota Caldina color gris”, informó un oficial de Tránsito a al canal estatal Bolivia TV.

Efectivos de Tránsito llegaron al lugar para investigar las causas del choque múltiple, por lo que la vía fue cerrada para prevenir más incidentes.

Según el reporte preliminar, existen 11 vehículos afectados entre los que están minibuses que trasladaban pasajeros de la urbe alteña hacia La Paz.

Una grúa traslada los vehículos afectados a Tránsito para hacer las indagaciones. Los heridos y policontusos fueron trasladados a los centros de salud cercanos para ser evaluados.

“Las hipótesis que manejamos es el exceso de velocidad, que todos los conductores (cometen) en esta autopista, no se descarta que el protagonista esté en estado de ebriedad”, añadió.

El efectivo de Tránsito indicó que se realizarán las investigaciones pertinentes para llegar a la verdad de las causas de esta colisión múltiple, por lo que se recurrirá a las cámaras de peaje para identificar al conductor que fue responsable del hecho.

El proyecto de ley de Ascensos de las Fuerzas Armadas, que aún no fue analizado por la Cámara de Diputados, se enmarca en la Constitución Política del Estado, beneficiará la carrera militar a los coroneles con mejor puntaje y fue socializado con los comandantes en servicio activo, dijo el diputado Ángelo Céspedes. 

El legislador, en entrevista con el programa “Primer Plano”, de Bolivia Tv, dijo que las críticas contra el proyecto por parte de los uniformados en servicio pasivo, es decir jubilados, no corresponden ya que provienen de un sector que fue uno de los principales impulsores del golpe de Estado de Jeanine Áñez.

Céspedes explicó que la propuesta legal que recién se tratará en la Cámara Baja, fue socializada con los comandantes de las FFAA ya que ellos forman parte del servicio activo.

Explicó que el proyecto de ley se enmarca en lo establecido en la Ley de Leyes, que en su artículo 245 explica claramente que “La organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y a los reglamentos militares. Como organismo institucional no realiza acción política; individualmente, sus miembros gozan y ejercen los derechos de ciudadanía en las condiciones establecidas por la ley”.

“Esta norma beneficia a las Fuerzas Armadas”, indicó el legislador.

Rechazó las versiones de sectores políticos de oposición que cuestionan sin argumentos al proyecto.

Desmintió las versiones de sectores políticos de oposición que afirmaron que sería el Ministro de Defensa quien induzca los ascensos, situación falsa ya que los ascensos se enmarcaran a los dispuesto en las normas militares, reglas internas de las FFAA y la Constitución.

“Lo que quiere la oposición es confundir al pueblo boliviano”, manifestó el diputado.

“Esta ley de ascensos que va a beneficiar a todos los militares que hubieran llegado con la mayor puntuación para ascender al generalato”, añadió.

El diputado pidió tranquilidad a los militares y reiteró que el proyecto de ley recién se analizará en la Cámara Baja.

La Fiscalía Departamental de La Paz solicitó a la Dirección General de Migración una alerta migratoria en contra del exalcalde Luis Revilla Herrero, en el marco de las investigaciones que se siguen por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

“Requerimiento Fiscal a la Dirección General de Migración. El fiscal de Materia, Miguel Ángel Aramayo, adscrito a la Fiscalía Especializada Anticorrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios de la ciudad de La Paz, en ejercicio funcional de las investigaciones del caso investigado por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes”, señala el requerimiento.

El caso es seguido en contra de Revilla y otros, por la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, para acumular elementos de convicción idóneos, sobre los hechos investigativos que sigue la Fiscalía, también en contra de Pablo Meneses, Edwin Tapia, Patricia Castillo, Edward Sánchez y Gustavo Bejarano.

La solicitud deberá ser realizada en el plazo de 24 horas a partir de la notificación.

El abogado de la exdiputada Lidia Patty, Marcelo Valdez, informó este miércoles que la Sala Cuarta en lo Penal negó la cesación de detención preventiva de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, y a sus exministros de Energía, Rodrigo Guzmán, y de Justicia, Álvaro Coimbra, quienes están recluidos por investigaciones del caso golpe de Estado I.

“Se ha tenido una audiencia de apelación a las medidas cautelares de la señora Jeanine Áñez (…), en la referida audiencia se ha ratificado la resolución de primera instancia, esto significa que los señores Coimbra, Áñez y el señor Rodríguez siguen con detención preventiva”, expresó Valdez en declaraciones difundidas por radio Compañera.

Según el jurista, la decisión fue tomada porque los imputados podrían obstaculizar las investigaciones en el caso. Además, que los mismos no presentaron ningún elemento que pueda desvirtuar los riesgos procesales.

“No han presentado ningún elemento nuevo para que se puedan desvirtuar los riesgos procesales, siguen presentes los riesgos de peligro de fuga, obstaculización a la investigación”, indicó.

Asimismo, explicó que en el marco de esas investigaciones se pretende realizar reconstrucción de la inspección ocular en la Universidad Católica Boliviana (UCB), triangulación de llamadas y se teme que los implicados que están con detención preventiva puedan “suprimir las pruebas”.

Áñez y sus exministros cumplen detención preventiva hace más de siete meses por los delitos de conspiración, sedición y terrorismo en el caso golpe de Estado de 2019.