La Defensoría del Pueblo cuestionó la desinformación que existe en redes sociales y en medios de comunicación masivos en torno a la muerte de un adolescente en la ciudad de Santa Cruz, que es atribuida a los enfrentamientos ocurridos en el Plan 3000 de la capital cruceña, que en un contexto de conflicto social tiende a profundizar la polarización y las posiciones intransigentes.

Personal defensorial ha podido verificar que ese fallecimiento no está relacionado al conflicto social en esa región del país, y que de acuerdo a reportes oficiales el deceso se produjo por causas naturales, indica un reporte de prensa de la Defensoría.

Recuerda al Estado, a través del Viceministerio de Comunicación, la obligación que tiene para generar mecanismos para verificar la información que se difunde a fin de garantizar el derecho que tiene la población de un acceso a una información veraz; también pide a las instancias que atienden el caso del adolescente a mejorar sus canales de información, indica el reporte.

Exhorta, por otro lado, a las instituciones sociales o privadas a corroborar los datos que difunden o publican para no generar ni reforzar la desinformación en la población.

De igual manera, la Defensoría del Pueblo reprocha la instrumentalización de la pérdida de vidas humanas y demanda respeto por el duelo de las familias, indica su comunicado.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, lamentó las agresiones y actos delincuenciales cometidos contra vecinos del Plan 3.000, en la ciudad de Santa Cruz, que solo pretenden cumplir sus actividades en forma normal.

“Lamentamos y condenamos estos actos delincuenciales. Estos actos de violencia que ustedes nos han acompañado, han sido testigos, Canal 7 en ese momento estaba mostrando cómo ayer en la madrugada han entrado a una vivienda donde producen su olla común, ha venido una marcha supuestamente pacífica y han empezado a agredir el vehículo en el que yo estaba, han empezado a golpear, han venido con petardos, han venido a golpear a la gente”, indicó.

Explicó que los grupos vandálicos, tienen la finalidad de tomar el sector del Obelisco.

La autoridad dijo que se respeta el derecho a la protesta, “sin embargo vemos cómo este punto de bloqueo de las personas que no comulgan con esta forma de pensar, que en realidad piden trabajar, que piden llevar el sustento a sus familias, está siendo atacado constantemente”.

Ante esas agresiones, recordó que la Policía precautela “el orden público, la convivencia pacífica. La instrucción que ellos tienen es no permitir que se generen actos de violencia entre nuestros hermanos, existen algunos reclamos de por qué la Policía está precautelando este lugar, pero es importante mencionar a la población que justamente la Policía está precautelando porque en este lugar están concentrados en vigilia aquellos hermanos que quieren trabajar, que piden a sus autoridades departamentales, cívicas que por favor les permitan el derecho al trabajo. Ellos quieren realizar sus labores con normalidad”, manifestó.

La Fiscal Departamental de Cochabamba, Nuria Gonzáles Romero, informó que, en audiencia de juicio oral, el Ministerio Público demostró con pruebas contundentes que Rodrigo V.R., de 30 años de edad, es autor del delito de Feminicidio cometido en contra de su expareja Sirley G.B., de 38 años, por lo que el Tribunal de Sentencia N° 1 de Sacaba dictó 30 años de condena que deberá cumplir en el penal de El Abra.

Asimismo, dentro de este caso, la hermana del agresor Aide V.R., de 35 años, su actual pareja Neyva T.M. de 30 años y un expolicía Diego C.P., de 35 años, fueron sentenciados a 1 año y seis meses de presidio en el penal de San Pedro de Sacaba por el delito de Encubrimiento, indica un boletín de prensa de la Fiscalía General del Estado.

“Como Ministerio Público se presentaron todas las pruebas colectadas en la investigación entre ellas el protocolo de autopsia que reveló que la mujer murió por asfixia mecánica por sofocación, declaraciones testificales, entre otros que fueron valorados por los miembros del Tribunal que determinaron las sentencias”, dijo Gonzáles.

Por su parte, la Fiscal Miriam Gutiérrez informó que el hecho se registró el 3 de noviembre del año 2019, cuando Rodrigo V.R. llamó a su expareja Sirley G.B. para hablar respecto a su embarazo, en ese momento la mujer le exigió que cumpla con su responsabilidad como padre y después llamó a la actual pareja del hombre para hacerle conocer de su estado de gestación, hecho que disgustó al sujeto.

El mismo día, Rodrigo V.R. se encontró con Sirley G.B. en la Av. Petrolera del municipio de Cercado y la llevó a la casa de sus padres ubicada en la localidad de San Lorenzo, carretera al Valle Alto, donde la golpeó en el rostro, la asfixió y la metió dentro de un turril para luego trasladar el cuerpo y dejarlo en una quebrada a unos 14 metros de la carretera al trópico cochabambino. El cuerpo de la mujer fue hallado el 17 de noviembre de 2019 por comunarios del lugar.

El agresor pudo ser identificado gracias a la triangulación de llamadas, luego fue aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público el 25 de noviembre de 2019. La hermana del agresor, su actual pareja y el expolicía, también fueron aprehendidos luego de conocerse que ayudaron a encubrir el hecho.

Grupos vandálicos de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), brazo operativo del comité cívico de Santa Cruz, procedieron a asaltar un comedor popular en la zona del Plan 3.000 y a agredir a quienes se niegan a cumplir el paro dispuesto por los cívicos, indicaron vecinos entrevistados por Bolivia Tv.

Las imágenes difundidas por el canal mostraron como los integrantes de ese grupo irregular llegaron hasta el sector de la avenida La Campana y comenzaron a agredir a los vecinos que se negaban a cumplir el paro dispuesto por el comité cívico pro Santa Cruz.

Uno de los vecinos dijo que los agresores se llevaron de un comedor popular 14 quintales de azúcar, equipos de sonido, sillas, mesas y garrafas y produjeron destrozos en la infraestructura.

Otro vecino entrevistado culpó de los actos violentos a Rómulo Calvo, dirigente cívico cruceño y le pidió que se detengan las agresiones contra pobladores del occidente que habitan en esa zona popular cruceña.

BTV informó que en los actos vandálicos se observó a varias personas encapuchadas de la UJC.

Añadió que la policía intervino con gases lacrimógenos para evitar que continúen las agresiones.