El representante legal de la Asociación de víctimas, fallecidos, heridos, procesados y perseguidos en la defensa de la democracia de Huayllani, Gerardo Puma, informó este lunes que realizarán una masiva concentración para recordar dos años de la masacre y demandar sanciones para los autores de la violación de derechos humanos durante el régimen de Jeanine Áñez.

“Existe un dolor en los corazones de las familias del trópico de Cochabamba al recordar un 15 de noviembre de 2019, cuando 10 de nuestros hermanos dieron la vida por la democracia, por sus derechos y varios de nuestros hermanos quedaron heridos. En honor a estos hermanos, hoy se llevará una concentración multitudinaria en el mismo lugar (…) seguimos en el camino de pedir justicia”, indicó Puma en declaraciones difundidas por la estatal Bolivia TV.

Afirmó que la concentración iniciará a las 12.30 con una misa en honor a los “héroes de la democracia” en el mismo lugar donde se suscitaron los hechos de violencia en el puente de Huayllani de Sacaba.

Esta jornada, se cumplen dos años de la masacre y las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba se reunirán para exigir justicia en contra de los responsables materiales e intelectuales.

Puma aseveró que en el acto central se contará con la presencia de las organizaciones sociales, de las federaciones del trópico cochabambino, autoridades municipales y nacionales.

El 15 de noviembre de 2019, un operativo de fuerzas combinadas entre policías y militares en la zona de Huayllani, en el municipio de Sacaba, quitó la vida a personas que cuestionaban el régimen de Áñez.

Las Fuerzas Armadas (FFAA) actuaron bajo el amparo del Decreto Supremo 4078 promulgado el 14 de noviembre de 2019. Esta norma establecía que los militares estaban exentos de responsabilidad penal, pese al uso de armas.

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) concluyó en su informe que en Sacaba existió vulneración a los derechos humanos, una masacre con armas letales utilizadas por las fuerzas de seguridad y ejecuciones sumarias.

Intensas operaciones de búsqueda, salvamento y rescate de desaparecidos, realizan efectivos navales de la Capitanía de Puerto Mayor “Guanay” desde el 12 de noviembre en el Río Mapiri, ubicado en la provincia de Larecaja al norte del departamento de La Paz, informó este domingo la Armada Boliviana.

“La madrugada del sábado se sumaron a este contingente los buceadores del Centro de Instrucción de Buceo en Altura y Rescatistas del Servicio de Búsqueda y Rescate de la Armada Boliviana de la ciudad de La Paz (SBRAB-LP), personal naval que no escatima esfuerzos en incesantes búsquedas”, indica un boletín.

Según el reporte desaparecieron cuatro personas (dos bolivianos, un colombiano y un peruano), en los sectores la “Deseada” y “19 de Mayo”, ubicados en las empresas mineras “Sorata” y “19 de Mayo”, quienes habrían estado trabajando y fueron sorprendidos por el desborde del Río Mapiri.

“Al momento, son decenas de efectivos de la Armada Boliviana que de manera organizada y coordinada junto a autoridades locales y comunarios del lugar, vienen realizando tareas de rastrillaje a bordo de unidades de superficie, en la zona afectada por el río Mapiri, misma que continuará hasta dar con el paradero de los infortunados”, señala.

El Servicio Nacional de Hidrografía Naval reportó un descenso en los niveles de agua del río Mapiri; sin embargo, si las lluvias persisten existiría la probabilidad de que los niveles en ese afluente y el río Tipuani se incrementen, por lo que se pide a la población tomar previsiones.

Diez policías quedaron heridos luego de intervenir el Plan 3000 de la ciudad de Santa Cruz, zona donde se suscitaron enfrentamientos entre bloqueadores y vecinos que estaban en contra de la medida.

El responsable del Comando de la Policía del Plan 3.000, coronel Erick Holguín, dio a conocer que los hechos ocurrieron el sábado.

“Los aprehendidos que tenemos (alrededor de 17) son personas de condiciones humildes que tenían en su poder un arsenal de petardos que nunca había visto en mi vida”, aseguró el efectivo policial, según el periódico cruceño El Deber.

El portal Detrás de la Verdad también dio a conocer que, de la decena de uniformados heridos, uno será operado para evitar que pierda la vista, debido a que uno de sus ojos quedó en riesgo.

Según información preliminar, se conoce que las personas que causaron el enfrentamiento contra los vecinos se encontraban en estado de ebriedad y no son de la zona.

Desde el 8 de noviembre, cívicos, sobre todo, de Santa Cruz y Potosí, impulsan un paro indefinido para rechazar la Ley 1386 que establece la estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo, y que será abrogada en los próximos días, según una información que proporcionó el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, en la víspera.

Pese a que el presidente Luis Arce decidió la abrogación de la Ley 1386, que es la demanda central de sectores cívicos, integrantes del grupo paraestatal Unión Juvenil Cruceñista (UJC) atacaron la noche del sábado la zona del Plan 3.000 para obligar a los vecinos a acatar un bloqueo decidido por el comité cívico pro Santa Cruz.

Según el reporte del canal televisivo ATB, en su cuenta de Twitter, “el grupo parapolicial #UniónJuvenilCruceñista intenta tomar la zona del Plan 3.000 en #SantaCruz. Se reportan varios heridos y detenidos”.

“Pese a que el Gobierno anunció abrogar la Ley 1386, el Comité Cívico Pro Santa Cruz decidió continuar con su paro indefinido”, indica el reporte que añade imágenes de la arremetida de la UJC contra los vecinos del Plan 3.000