El exdefensor del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, lamentó que la justicia no haya actuado aún contra los responsables de la masacre de Huayllani, Sacaba, ocurrida el 15 de noviembre de 2019, durante el régimen de facto de Jeanine Áñez.

Cox, actual viceministro de Régimen Interior y Policía, dijo en el programa “Contragolpe”, de radio Patria Nueva, que él fue testigo de que la masacre fue “programada” y que los jefes policiales que actuaron entonces, tenían con antelación la consigna de “cazar” a los civiles que protestaban contra el régimen de Áñez.

“Que se esclarezca, que se sancione a todos los responsables, para que de una vez se genere este manejo sistemático de acceso a la justicia que se ve muy rezagado, y lo digo de verdad porque, como defensor de derechos humanos, a dos años me preocupa mucho que exista esa ausencia de persecución penal estratégica en la que se logre esclarecer esta masacre de Huayllani”, indicó.

Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Huayllani, Sacaba, ocurrió una masacre, así como ejecuciones sumarias, no hubo enfrentamiento

Sobre esos sucesos de Sacaba, Cochabamba, el entonces comandante de la Policía, Jaime Zurita, indicó que solo usaron agentes químicos y añadió que los marchistas estaban armados. Al respecto, el periódico Página Siete tituló en noviembre de 2019 “Fuego cruzado entre cocaleros y FFAA deja al menos seis muertos”.

Un informe de la jerarquía católica indicó que el 15 de noviembre de 2019 “se suscita un hecho lamentable: los enfrentamientos violentos en Sacaba”.

Sin embargo, de manera contraria a esas versiones, el informe del GIEI concluyó que en Huayllani, Sacaba, militares y policías masacraron a manifestantes. “El GIEI evalúa que las Fuerzas Armadas y la Policía fueron responsables por graves violaciones de los derechos humanos en el operativo realizado en Sacaba el 15 de noviembre de 2019 (…) como resultado, hubo una masacre con 10 civiles muertos y cerca de un centenar de personas heridas. Las pruebas indican, además, una mayor probabilidad de que las fuerzas policiales y militares del Estado actuaron con la intencionalidad de matar a las personas en la protesta, aunque estuviesen en fuga. El EAAF concluye que las lesiones que causaron las muertes permiten inferir que se debieron a proyectil de alta velocidad-fúsil. En los términos de la jurisprudencia de la Corte IDH, se podría, en ese caso, calificar las muertes como ejecuciones sumarias”, indica.

Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Jeanine Áñez, dijo en 2019 que los uniformados no tenían orden de disparar y sugirió que los marchistas de Sacaba se mataron entre ellos.

Sobre el tema, el GIEI determinó que los integrantes de la marcha en Sacaba no portaban armas de ningún tipo. “De cualquier modo, conforme a la investigación y la revisión hecha por el GIEI, no hay evidencia de que los manifestantes hayan disparado entre sí o contra las fuerzas de seguridad”, indica el documento.

“Múltiples testimonios relatan que policías o militares dispararon contra la multitud”, añade el documento.

El comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, confirmó este lunes que nueve oficiales resultaron heridos luego de intervenir el Plan 3000 en la ciudad de Santa Cruz, durante los enfrentamientos entre bloqueadores y vecinos que estaban en contra de la medida el fin de semana.

“Nueve servidores públicos de la Policía Boliviana, entre ellos dos capitanes que presentan una serie de traumatismos tanto a nivel del cráneo, como a nivel del tórax, y una serie de quemaduras producidas por petardos”, indicó Aguilera en conferencia de prensa.

El jefe policial indicó que entre los heridos están capitanes, añadió que los heridos presentan lesiones entre traumatismos y quemaduras.

Lamentó que uno de los oficiales esté gravemente herido, a tal grado que corre el riesgo de perder uno de sus ojos; sin embargo, aseguró que se hará todo lo posible para que el funcionario se rehabilite, por lo que se está buscando a los mejores médicos.

“El acontecimiento más grave es de un funcionario policial que tiene el riesgo de perder un ojo. En las siguientes horas, se le va someter a un diagnóstico que permita establecer cuáles son los daños (…), se está consiguiendo a los mejores médicos para que podamos rehabilitarlo, ya se ha conseguido un oftalmólogo para el diagnóstico”, indicó.

Asimismo, dijo que 19 personas fueron aprehendidas y serán investigadas por los delitos “contra los bienes del Estado y por lesiones”, quienes fueron puestas en conocimiento del Ministerio Público.

Desde el 8 de noviembre, sectores políticos declararon paro indefinido en contra de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo. Santa Cruz y Potosí impulsan un paro indefinido y fueron los departamentos donde se reportaron bloqueos esporádicos que derivaron en hechos de violencia. El 13 de noviembre, el presidente del Estado, Luis Arce, anunció la abrogación de la norma.

El jefe de la División Propiedades, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), de El Alto, Rolando Espinoza, informó este lunes sobre la aprehensión de un presunto delincuente que operaba como “botero”, en la urbe alteña. 

“La División Propiedades de la ciudad de El Alto ha realizado la aprehensión de una persona de sexo masculino, quien realizaba sus hechos delincuenciales a través de la modalidad de ‘botero’”, indicó el jefe policial en declaraciones difundidas por Bolivia Tv.

Espinoza explicó que el sujeto, en complicidad con otros, utilizaba un paquete con billetes de Alasita y de periódico, envuelto en una bolsa de nylon “bien empaquetado”; el presunto delincuente lo botaba al piso haciendo creer a las víctimas que se trataba de dinero verdadero extraviado por otros transeúntes.

“Llevaba a la víctima a otro lugar y en ese lugar, junto con sus cómplices la despojaban de sus pertenencias”, indicó.

Detalló que, al momento de hacer la aprehensión, el sujeto obstaculizó el operativo y se re victimizó delante de los transeúntes; sin embargo, tras el desarrollo del operativo se logró demostrar lo contrario. El oficial exhortó a la población a no confiar en ese tipo de situaciones.

Efectivos navales del Servicio de Búsqueda y Rescate de la Armada Boliviana (SBRAB-La Paz), buceadores del Centro de Instrucción de Buceo en Altura y la Capitanía de Puerto Mayor “Guanay" rescataron el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino de nacionalidad colombiana, uno de los tres desaparecidos en el río Mapiri.

“Luego de tres jornadas de intensa búsqueda de los desaparecidos producto del desborde del Río Merckel y río Mapiri en el norte del departamento de La Paz, hoy (lunes) efectivos navales de la Armada Boliviana recuperaron el cuerpo sin vida de uno de los tres desaparecidos”, se lee en un boletín institucional de la Armada Boliviana.

Según el reporte, se  trata de un colombiano de 51 años, quien trabajaba en la Empresa Minera “Sorata” y perdió la vida por ahogamiento al ser arrastrado por la riada.

“El cuerpo fue recuperado en aguas de la fosa a lado del río Merckel, por efectivos navales del Servicio de Búsqueda y Rescate de la Armada Boliviana (SBRAB – LA PAZ), buceadores del Centro de Instrucción de Buceo en Altura (CIBA) y la Capitanía de Puerto Mayor ‘GUANAY’ de la Armada Boliviana quienes procedieron a entregar el cuerpo a las autoridades competentes”, indica el comunicado.

Esta institución enfatizó que continuará en la tarea de búsqueda, salvamento y rescate de los dos desaparecidos uno de nacionalidad peruana y el otro de nacionalidad boliviana.

El viernes 12 de noviembre, tras una intensa lluvia en el norte de La Paz, se suscitó el desborde del río Merckel, que llegó afectar la crecida del río Mapiri que causó la muerte de personas y otras que quedaron desaparecidas.