El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, informó que en los próximos días su Despacho presentará a la población boliviana un plan para reactivar la industrialización del litio en los departamentos de Potosí y Oruro.

"Tenemos todo un plan que seguramente en las próximas semanas se va a hacer conocer a la población sobre la reactivación de todo lo que es la planificación del litio", dijo el titular de Hidrocarburos y Energías, en entrevista con los medios estatales.

La autoridad explicó que previamente se reactivó la producción de la Planta Industrial de Cloruro de Potasio; asimismo, se retomó la construcción de la Planta Industrial de Carbonato de Litio de la cual se prevé la conclusión de obras a finales de este año o inicios de 2022.

"Estamos durante este año comenzando a reactivar la comercialización de cloruro de potasio (agrofertilizante). Pretendemos reactivar no solamente negociaciones, sino también posibles proyectos importantes, tanto en Oruro como en Potosí, ese es un mandato que tenemos", señaló Molina.

Los proyectos de procesamiento del litio a escala piloto e industrial fueron paralizados el año pasado por el gobierno de facto de Jeanine Áñez; sin embargo, estos comenzaron a ser reactivados por mandato del presidente del Estado, Luis Arce Catacora.

Para desarrollar la industrialización de los salares de Coipasa, en Oruro, y Pastos Grandes, en Potosí, Bolivia firmó anteriormente un acuerdo de sociedad con la empresa alemana ACI Systems e inició conversaciones y preacuerdos con la firma china Xinjiang Tbea Group – Baocheng, según datos oficiales.

En marzo, el Jefe de Estado, en su visita a México, informó que Bolivia reanudó las negociaciones con Alemania para la industrialización de sus reservas de litio y abrió la posibilidad de la participación de otros países que ofrezcan mejor trabajo y tecnología.

Construcción, manufactura, comunicaciones y transporte, son los cuatro sectores que lideran la tendencia en la recuperación económica del país, dijo este jueves el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, quien ratificó las proyecciones de crecimiento del 4,4% del PIB y mostró cifras alentadoras en cuanto se refiere al incremento de depósitos en la banca, número de cuentas bancarias y disminución de la tasa de desempleo.

La autoridad, entrevistada en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, fue consultada sobre las proyecciones de organismos internacionales que prevén que el país estará este año entre los que registren mayor crecimiento económico pese a la pandemia del COVID-19.

Dijo que, al margen de los números proyectados, los informes de los organismos internacionales y las previsiones locales, muestran que "hay una tendencia en la recuperación" económica del país.

"Los sectores que hemos visto que tienen esta posibilidad de estar reactivándose y que están generando un inicio a esta recuperación económica, son la construcción, el sector manufacturero, el sector de comunicaciones que ha estado bastante activo. Son los sectores que han estado liderando esta recuperación; también está el sector de transporte, que ha empezado a generar una actividad económica", manifestó el Ministro.

Añadió que el último feriado largo por Semana Santa, evidenció un importante movimiento económico que contribuyó, junto a otros factores, a la tendencia de recuperación.

Respecto a la tasa de desempleo, sostuvo que el año 2020, estuvo entre el 11% y 12%, pero en esta gestión bajó a 8%.

Sobre los depósitos en la banca, el Ministro informó que entre febrero de 2020 y febrero de 2021, los ahorros en el sistema financiero aumentaron en 9%.

En cuanto se refiere el número de "cuentas aperturadas, también ha aumentado en 5 por ciento, lo que muestra que el sistema financiero está mostrando dinamicidad", acotó.

Según su informe, el crédito, entre febrero de 2020 y febrero de 2021, creció en 4%."Esto es un elemento que ayuda a la economía, inyecta recursos, mueve", indicó.

"Vemos que las cifras están siendo consistentes, están convergiendo. Está aumentando la producción, está aumentando la demanda, está reduciendo el desempleo", sostuvo. 

Consultado sobre el pedido de algunos sectores de cerrar las fronteras para evitar el ingreso de una nueva cepa del coronavirus, Montenegro destacó la disposición legal vigente con Brasil que cierra los límites, pero otorga circulación por algunas horas.

Dijo que un cierre completo y total de la frontera podría "matar la economía" en la región fronteriza y podría asfixiar económicamente a los habitantes.

La autoridad destacó el plan nacional de lucha contra el coronavirus que incluye la movilización de brigadas de salud, la aplicación de pruebas de antígeno nasal y la vacunación para luchar contra el COVID-19.

Se iniciará un proceso de fiscalización a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por el daño económico que asciende a $us 524 millones, el cual fue ocasionado por el exministro de Hidrocarburos del gobierno de facto, Víctor Hugo Zamora, debido a la paralización de la Planta de Amoniaco y Urea, y la firma de la octava adenda de contrato con Petrobras, informó el diputado de Tarija por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Juan José Huanca.

Detalló que el daño económico por la firma de la octava adenda con Petrobras es de $us 233 millones, mientras que la paralización de la Planta de Amoniaco y Urea significó una afectación de $us 291 millones.

“Ahora, corresponde preguntar dónde está Víctor Hugo Zamora, su aliado y socio político de Óscar Montes. ¿Dónde está el exministro de Hidrocarburos?, ¿dónde está la plata del saqueo? Son interrogantes que se plantea y que al final, la opinión pública, el pueblo tarijeño, el pueblo boliviano va a evaluar”, sostuvo.

Huanca dijo que el trabajo de fiscalización comenzó en diciembre de 2020 con la finalidad de “transparentar los recursos de todos los bolivianos y, en el caso de YPFB, daño económico de más de 524 millones de dólares a todos los bolivianos y a todos los tarijeños”.

El 6 de marzo de 2020, durante el gobierno de facto, YPFB y Petrobras suscribieron la octava adenda de compraventa de gas natural que establece una nominación contractual de un volumen mínimo de 14 MMmcd y un máximo de 20 MMmcd.

Tras la firma de la octava adenda al contrato de compraventa de gas natural suscrito entre YPFB y Petrobras, la petrolera estatal boliviana dejó de percibir mensualmente unos $us 5,3 millones por el transporte del energético entre Río Grande y Puerto Suárez (Mutún), en la frontera con Brasil, costo que antes de la firma del nuevo convenio lo pagaba la petrolera del país vecino.

Los jueces del Tribunal de Sentencia Penal N° 6 de Cochabamba, Samuel Vargas Siles y Damiana Medrano Meneces, sentenciaron este jueves a cinco años de prisión a los acusados W.R.S.A. y C.C.G. por el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, con base en un informe del año 2016 presentado por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

"La UIF considera a esta sentencia como un antecedente muy valioso a ser considerado en la lucha contra el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas y que muestra la comprensión clara de parte de la Administración de Justicia y el Ministerio Público de la naturaleza autónoma de este delito y el despojo patrimonial de bienes habidos con recursos ilícitos", señaló la directora General de la UIF, Ana María Morales.

De acuerdo con un boletín institucional, la sentencia establece una condena de cinco años y seis meses de cárcel para W.R.S.A. y cinco años para su esposa C.C.G., además de la incautación de ocho inmuebles, cuatro motorizados: dos automóviles y dos motocicletas.

También se decomisó dinero efectivo consistente en 1.174.720 bolivianos, 30.700 euros, 320 dólares americanos y cuatro títulos valores de la empresa de venta de publicidad en radio, prensa y televisión, impresión y comercialización de diarios de circulación nacional, revistas y posters, marca y signo “La Voz”, sumando en total 43 millones y 250 mil bolivianos.

Entre los bienes inmuebles incautados se encuentran el periódico La Voz, un colegio, un canal de Tv y Radio, todos ellos en la ciudad de Cochabamba y un hotel en la ciudad de Santa Cruz.

El caso se inició el año 2015 a denuncia de una ciudadana y el proceso penal comenzó el año 2019, luego de realizarse una serie de audiencias, peritajes, incluido el de la UIF, informes y allanamientos.