El 18 de junio pasado, el presidente Luis Arce Catacora reactivó el proyecto de construcción de la Planta Siderúrgica del Mutún, en Puerto Suárez (Santa Cruz), después de que el gobierno de facto de Jeanine Áñez lo paralizara a finales de 2019.

“Venimos a reactivar nuestro proyecto siderúrgico del Mutún, porque el camino estratégico que está trazando el Gobierno nacional, para el desarrollo económico, es la industrialización definitiva de nuestros recursos naturales, y el Mutún es uno de nuestros principales recursos naturales que vamos a industrializar decididamente en nuestro gobierno”, afirmó en la oportunidad el jefe de Estado.

El emplazamiento del complejo industrial abarca 42 hectáreas y estará compuesto por siete unidades productivas: una planta de concentración, de peletización, reducción directa, acería, laminación, central eléctrica y plantas auxiliares.

El 26 de noviembre, el presidente también fue el encargado de recibir el primer lote de 1.755 toneladas de estructuras metálicas en Puerto Suárez, transportadas desde el puerto de Ilo (Perú) en 120 camiones de alto tonelaje.

Estos equipos son empleados para el montaje de los hornos de fundición, la planta trituradora de metal, de trillado, el edificio de la planta de concentración, entre otras áreas que tendrá la industria siderúrgica.

A la fecha, el complejo industrial presenta un avance físico y financiero del 45% y 48% respectivamente; ejecución monetaria, equivalente a $us 220 millones de los $us 546 millones presupuestados.

El presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Jorge Alvarado, dijo que las reservas de hierro boliviano alcanzan a unos 40.000 millones de toneladas y se constituye en las segundas más grandes del mundo después de Australia.

La construcción del proyecto consta de tres etapas: en la primera, se proyecta la producción de 200.000 toneladas por año, desde el 2023, que cubrirá el 50% de la demanda local de acero.

En la segunda y tercera fase se proyecta generar 500.000 y el millón de toneladas para cubrir la demanda nacional y generar excedentes para la exportación.

La ESM anunció que en los siguientes meses arribarán a Bolivia maquinarias, motores, reactores, generadores de energía eléctrica, entre otros varios equipos, por un peso total de 33.000 toneladas. Este equipamiento será enviado desde China, España, Alemania y México.

Por primera vez en el país se aplicó el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), medida con la cual se recaudó Bs 240,2 millones en 2021. La política fue implementada para contribuir a la redistribución de la riqueza, la ejecución de obras y fortalecer los sectores de salud y educación. 

Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con la promulgación de la Ley 1357, del 28 de diciembre de 2020, hasta abril de 2021 se logró recaudar Bs 240,2 millones de 204 contribuyentes, cuyo patrimonio supera los Bs 30 millones.

De acuerdo con la lista de 204 millonarios, 125 se encuentran en Santa Cruz (Bs 119 millones), 48 en La Paz (Bs 100 millones), 19 en Cochabamba (Bs 14 millones), 4 en Beni (Bs 5 millones), 3 en Oruro (Bs 1 millón), 2 en Potosí (Bs 1 millón), 1 en Chuquisaca (Bs 1 millón) y 2 en Tarija.

El presidente, Luis Arce, destacó que ese tipo de impuesto es una medida que fue implementada para contribuir a la redistribución de la riqueza, en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP).

El Estado destinará el monto de la recaudación de dicho impuesto a obras que benefician a los bolivianos, en áreas de salud, educación, infraestructura productiva y otros proyectos incluidos en la inversión pública, destacó el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), por otra parte.

El IGF fue puesto en vigencia mediante dicha ley, que estuvo dirigida a dos tipos de personas: a las que radican en Bolivia y tienen un patrimonio superior a los Bs 30 millones; y a las que viven en el exterior y cuenta con un patrimonio mayor a ese monto en el país.

Según la norma, el impuesto recae a quienes tienen bienes inmuebles, vehículos terrestres y de navegación aérea o acuática, inversiones de capital, depósitos en entidades financieras, dinero en efectivo en moneda nacional o extranjera, ingresos por seguros, joyas, obras de arte, antigüedades y artículos de colección y derechos de propiedad intelectual e industrial.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Bono Contra el Hambre, otorgado por el Gobierno nacional desde el 1 de diciembre de 2020 hasta mayo de 2021 a los sectores más vulnerables de la población, contribuyó a reducir los índices de pobreza en el país.

En seis meses, ese bono de Bs 1.000 benefició a un total de 4.035.773 personas con una cancelación de Bs 4.036 millones, lo que causó un importante impacto en los indicadores de la pobreza.

“Gracias a la implementación de esta medida, la pobreza moderada disminuyó de 39% a 37,1%; es decir que redujo en 1,9 puntos porcentuales (pp). En tanto, la pobreza extrema bajó de 13,7% a 12,4%, lo que quiere decir que descendió en 1,3 pp”, explicó el titular de esa Cartera de Estado Marcelo Montenegro, en agosto.

El gerente general de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, Jaime Durán, explicó que esos recursos económicos incrementaron el consumo y la demanda interna, lo cual contribuyó a la reactivación de la economía.

Por su parte, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), con sede en el departamento de Santa Cruz, destacó que la importante medida permitió reactivar la demanda y oferta en el mercado boliviano.

"Nosotros verdaderamente aplaudimos toda medida que el Gobierno lanzó para reactivar la demanda (como) el Bono Contra el Hambre", dijo el gerente general de esa entidad, Gary Rodríguez.

El Bono Contra el Hambre fue la primera medida que implementó el gobierno de Luis Arce para apoyar a las personas que se vieron afectadas por la paralización de la economía a causa de la pandemia del COVID-19.

Las personas que se beneficiaron fueron hasta los 60 años, que no percibían salario del sector público o privado, ni pensión o renta de la Seguridad Social a Largo Plazo.

Otra importante medida que se destaca, es el Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA) con el que se devolvió en efectivo Bs 24,6 millones a noviembre y se registraron 61.942 personas hasta el 7 de diciembre, según el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

Mediante el Re-IVA, el Gobierno nacional devuelve en efectivo el 5% del valor de las facturas por la compra de un bien o servicio a las personas naturales con un ingreso promedio mensual igual o menor a Bs 9.000.

Se trata de un mecanismo de redistribución del ingreso fiscal diseñado por el Gobierno nacional para canalizar recursos económicos hacia las familias bolivianas que más lo necesiten, dinamizar la demanda interna y reactivar la economía boliviana.

Tras ser paralizadas por el régimen de facto en 2020, las empresas públicas se reactivaron con éxito en 2021 y se encaminan a competir con las compañías del sector privado, con producción de calidad e innovación.

Así lo afirmó el gerente general de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA), del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP), Javier Freire, en una entrevista con la ABI.

“EBA es la empresa más grande de alimentos del país, ninguna otra empresa privada de alimentos tiene 18 plantas funcionando. Los productos que nos caracterizan realmente son de mucha calidad y son los más naturales que van a encontrar en el mercado”, destacó.

Freire aseveró que algo que los consumidores valoran de la empresa estatal es la calidad e innovación en sus diferentes productos en las líneas frutícola, endulzantes, amazónica y lácteos.

“Por ejemplo en el tema de lácteos, no existen productos que tengan mayor cantidad de leche natural que el nuestro (…). Entonces la innovación y la competitividad, de manera justa y leal, es algo que caracteriza a EBA y nos pone al nivel de cualquier empresa privada”, sostuvo.

Fortalecen la producción y oferta exportable de Bolivia

En su informe de primer año de gestión, el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, destacó que las diferentes empresas públicas fueron reactivadas de manera paulatina este año y ahora fortalecen la producción y la oferta exportable de Bolivia. 

“Estas instalaciones industriales, además de fortalecer la articulación de la producción agropecuaria de las regiones, fortalecerán la oferta exportable con la apertura de nuevos productos”, dijo.

Lamentó que en 2020 se registrara la caída en la producción de las empresas públicas, bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, como consecuencia de una desacertada administración del Estado por parte del gobierno transitorio.

Sin embargo, con la llegada de su Gobierno, elegido por mayoría en las urnas en octubre de 2020, las diferentes empresas que administra esa cartera de Estado fueron reactivadas.

“Es el caso de la Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba), cuyos daños causados por la administración de facto fueron reparados con Bs 35,1 millones. Gracias a la reanudación de sus operaciones se tiene contratos firmados de ventas por Bs 40,2 millones”, indicó el primer mandatario en su informe de gestión.

También se reactivaron proyectos productivos a cargo de EBA, como por ejemplo las plantas liofilizadoras de frutas, inauguradas en Cochabamba y La Paz con una inversión de Bs 101,6 millones.

Arce resaltó que, con la reactivación de los complejos productivos hasta septiembre de 2021, se procesaron 9,2 millones de litros de leche, 2,2 millones de litros de néctar de frutas, 460,2 toneladas (t) de miel, 950,1 t de productos derivados y 26,2 contenedores de almendra, por lo que se generó Bs 226,3 millones de ingresos por ventas, además se benefició a 3.095 productores.

Por otra parte, gracias a la reactivación de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), hasta octubre de la presente gestión se acopió 247.963 t de granos (maíz, trigo y arroz), que significa un 45% de crecimiento en relación a la gestión 2020.

“En lo que respecta a la comercialización de los productos de Emapa, se han inaugurado 15 nuevos puntos de venta entre tiendas y Superemapas, tanto en el área urbana y rural, garantizando la seguridad alimentaria de todas y todos los bolivianos”, resaltó.

Destacó que la firma Yacana efectivizó este año exportaciones de “tops y noils de alpaca”, con la empresa inglesa SIL Holdings LTD., por un total de 24,04 t; y para 2022 consolidará un contrato por Bs 12 millones de ventas al mercado externo y Bs 3 millones al interno.

Respecto a la compañía Quipus, el presidente indicó que una vez asumido el mandato constitucional se mejoró la producción de equipos, generando hasta octubre ingresos por Bs 22 millones, 66 empleos directos y 330 fuentes laborales indirectas.

La planta de cemento de Oruro, Ecebol, instalada en el municipio de Caracollo, fue reactivada el 15 de junio con una inversión de Bs 58 millones. Por otra parte, la aerolínea Boliviana de Aviación (BoA) aumentó sus ingresos en Bs 148 millones respecto al primer semestre de 2020.

Se reanuda las operaciones de la Planta de Urea

Otra de las industrias más emblemáticas que tiene Bolivia para la industrialización de los recursos naturales, es la Planta de Amoniaco y Urea (PAU), instalada en la localidad de Bulo Bulo en el trópico del departamento de Cochabamba.

Los datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) señalan que la construcción de la PAU demandó $us 953 millones, una de las inversiones más importantes para impulsar la industrialización de los recursos naturales en el país.

El complejo petroquímico fue inaugurado en septiembre de 2017, en la gestión del expresidente Evo Morales; sin embargo, en noviembre de 2019, con la llegada al Gobierno de Jeanine Áñez, tras un golpe de Estsdo, las operaciones de la factoría, al igual que otras del sector público, fueron paralizadas.

La "abrupta" paralización durante 22 meses de la factoría industrial, causó severos daños en sus maquinarias y esto ocasionó al Estado boliviano un perjuicio económico que alcanza los $us 450 millones.

Ante esa situación, el Gobierno de Arce elaboró e implementó un plan de reactivación que contempló la adquisición de insumos químicos, maquinaria, repuestos y reparación de equipos críticos como el turboexpander, la turbina 101 JGT, el generador de nitrógeno y habilitación de calderos.

Tras reparar esos daños, las operaciones de la PAU fueron reiniciadas el lunes 6 de septiembre de 2021 con la proyección de producir un total de 590.000 t de urea en un año; es decir, hasta septiembre de 2022.

En el acto de reinicio de operaciones, el Jefe de Estado anticipó que la Planta de Amoniaco y Urea de YPFB ahora será la base industrial de Bolivia para la producción de fertilizantes y agroquímicos.

“Esta planta va a fortalecer el proceso de industrialización de nuestros recursos naturales; tenemos que industrializar el país y esta planta es una buena base para ello”, dijo en su discurso de reapertura de la petroquímica.

La alta demanda del fertilizante en la región, principalmente por el sector agropecuario, confirma que, pese a los contratiempos, la urea boliviana tiene mercado asegurado gracias a su excelente calidad.

El mes pasado, el Viceministerio de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos informó que la PAU alcanzó el 81% de su capacidad productiva, con lo que logró obtener 1.600 t de urea por día y $us 38 millones en ingresos mensuales.

El domingo 5 de diciembre, el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, afirmó que las empresas públicas se están reactivando y generan utilidades en el marco del proceso de reactivación económica del país.