El ministro de Educación, Adrián Quelca, suscribió este miércoles un convenio de cooperación interinstitucional con la Iglesia Metodista para beneficiar a la niñez, adolescencia y juventud boliviana.

“Nos sentimos felices de estar en este escenario que acompaña a la firma de este convenio de cooperación, que sea en buena hora”, manifestó el Ministro de Educación, durante el acto de suscripción de firma de convenio, realizado en el Instituto Americano.

El documento establece la cooperación entre ambas instituciones para apoyar a las unidades educativas de convenio “velando por fortalecer las innovaciones en los procesos educativos del Sistema Educativo Plurinacional y la educación unitaria, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora, liberadora y de calidad, conforme a los lineamientos de la Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez”.

Por su parte, el obispo de la Iglesia Metodista, reverendo Antonio Huanca, agradeció el apoyo del Ministro de Educación y comprometió un trabajo coordinado para apoyar la recuperación del derecho a la educación. 

En el evento, Quelca destacó la aplicación de la estrategia educativa para la recuperación de la educación, diseñada a partir del 6to Encuentro Pedagógico realizado en diciembre de 2020, en el cual todos los actores educativos determinaron la aplicación de las modalidades presencial, semipresencial y a distancia.

“Agradecemos a todos los actores que coadyuvan a esta estrategia, hemos recorrido buen tramo, hemos concluido el segundo trimestre y empezaremos el tercer trimestre”, manifestó la autoridad.

El ministro también se refirió a que este año los estudiantes serán promovidos al grado inmediato superior en mérito a su esfuerzo académico y no por una decisión política, como ocurrió en el gobierno de facto que decidió clausurar la gestión educativa 2020.

Cerca de 2.000 personas migrantes que viven, o están en permanencia eventual en Bolivia, podrán acceder a una atención médica gratuita en centros de salud de primer, segundo y tercer nivel en todo el territorio nacional, mediante el Sistema Único de Salud (SUS), informó este miércoles la viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud, Alejandra Hidalgo.

“Ha sido un trabajo en conjunto, tanto para personas que son extranjeras, son migrantes, pero también para personas bolivianas y esta fue una característica de la actividad. Hemos llegado a adscribir a un total de 5.090 personas de las cuales son cerca de 2.000 personas extranjeras”, dijo la autoridad en el cierre de campaña de registro de personas foráneas, desarrollada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

La campaña de inscripción de migrantes se desarrolló desde el 29 de julio pasado, hasta esta jornada, a través del establecimiento de puntos accesibles en las ciudades capitales de los nueve departamentos y en municipios fronterizos e intermedios en los que se logró identificar dificultades para la adscripción al SUS.

Hidalgo explicó que a partir de la fecha las personas que podrán acceder a ese beneficio gracias a su inscripción en el SUS son: mujeres embarazadas y hasta seis meses después del parto, las que requieran atención en Salud Sexual y Reproductiva, niños menores de 5 años, adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad.

La viceministra detalló que entre los extranjeros inscritos están venezolanos, brasileros, argentinos, ecuatorianos, dominicanos, italianos, irlandeses y peruanos.

“Quiere decir que estamos llegando a proteger a una buena parte de la población migrante que también está en estado vulnerable” acotó.

Por su parte, el jefe de la Oficina de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Bolivia, Horacio Calle, destacó que el esfuerzo que realiza el Estado Plurinacional e Bolivia, a través del Ministerio de Salud, permitirá que se mejoren las condiciones de vida del migrante.

A su turno la representante de los migrantes en Bolivia, Omairú Hernández, agradeció el arduo trabajo desempeñado desde el Ministerio de Salud y Deportes y la OIM Bolivia, para lograr adscribir a personas extranjeras que viven o están de paso por Bolivia.

“Han sido poco más de dos meses de muchos retos, pero de muchos logros, nosotros como voluntarios migrantes somos testigos de tantas complicaciones en materia de derechos humanos y específicamente en materia de la salud, es importante saber que existen iniciativas coordinadas para crear marcos legales dirigidos a la universalidad del derecho a la salud como derechos fundamentales”, puntualizó.

El Reporte N° 556 del Ministerio de Salud y Deportes señala que la cifra de contagios de COVID-19 en el país fue de 308 casos este miércoles; mientras que los pacientes recuperados de la enfermedad fueron 1.026. Los decesos llegaron a 9 y los casos descartados a 5.718 durante esta jornada.

Santa Cruz y La Paz son los departamentos que presentaron el mayor número de contagios, con 119 y 63 casos, respectivamente. Cochabamba registró 54 casos; Chuquisaca 30; Tarija 19; Oruro 10; Potosí 8; Beni 4; y Pando 1.

El reporte añade que hay 24.953 casos activos y 1.908.984 descartados.

Desde el inicio de la pandemia, en el país se registró un total de 497.984 casos de COVID-19 hasta la fecha, de los cuales 454.350 se recuperaron y hubo 18.681 decesos.

La marcha indígena se divide. Tras la intervención de Amparo Carvajal y el explícito apoyo de Luis Fernando Camacho a la movilización, la caminata se fragmentó en tres: Un grupo ya llegó a la ciudad de Santa Cruz, otro se quedó en Cuatro Cañadas y un tercer contingente prosiguió su recorrido hasta el sector de Puerto Rico.

No solo eso. Uno de los grupos ya hizo conocer sus demandas dirigidas a la Gobernación de Santa Cruz y al Gobierno nacional y hasta anunció la apertura de libros de inscripción para los cruceños que no tengan tierra, mientras los otros contingentes mantienen en reserva su pliego petitorio.

El primer pelotón que llegó a la ciudad de Santa Cruz el martes, inició una vigilia en la Plaza principal. Esa movilización partió hace más de 19 días del municipio de San José de Chiquitos.

El cacique chiquitano y representante de la marcha, Franklin Moreno, resaltó a El Deber que esa es una “marcha cruceña chiquitana”, integrada por indígenas y campesinos oriundos del departamento cruceño.

Anunció que en la plaza se tiene previsto abrir libros de inscripción para los nacidos en la región oriental que no tengan tierras para trabajar.

También subrayó que estarán en vigilia permanente, en la misma plaza, hasta que el Gobierno nacional y departamental los atiendan “porque, además, tenemos nuestro pliego petitorio para la Gobernación (de Santa Cruz), a la cual le vamos a pedir que nos conceda la Secretaría de Asuntos Campesinos, a escala departamental”, dijo.

Al respecto, Camacho saludó a la marcha que llegó el martes a Santa Cruz. “Hoy los recibimos en la plaza 24 de septiembre, les brindamos nuestro apoyo y gratitud porque realmente se lo merecen”, escribió en su cuenta de Twitter.

La segunda marcha dirigida por Abdón Justiniano, se quedó en Cuatro Cañadas, mientras que el otro grupo más reducido, a la cabeza de Marcial Fabricano, vocero del denominado parlamento indígena, prosiguió su caminata sin descansar para llegar a Puerto Rico, agregó el impreso.

Pese a la existencia de tres marchas, Justiniano dijo al periódico que “quiero aclarar que la marcha no está dividida, es cierto que un grupo avanzó y nosotros nos quedamos porque un hermano nuestro con problemas del corazón sufrió un percance y fue llevado de emergencia al hospital. Es así, que decidimos esperarlo para que se recupere”.

Sin embargo, además de la evidente fragmentación de la caminata, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia (Cidob) desconoció esas movilizaciones debido a que no son legales ni representan a organizaciones sociales legalmente establecidas.

“Nuestros hermanos están siendo utilizados por exdirigentes que no tienen representación”, dijo un dirigente de la Cidob al canal televisivo Cadena A.

“La marcha no fue orgánica, tiene intereses políticos y económicos”, añadió.

La Cidob presentó su plataforma de demandas al Gobierno, donde pidió la conclusión del saneamiento y titulación de tierras y otorgó un plazo de 72 horas para atender sus solicitudes. De no ser escuchada, anunció que iniciará el 4 de octubre la décima primera marcha nacional hacia la ciudad de La Paz.