La representante de la Federación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Beni “Bartolina Sisa”, María Quispe, reprochó este martes la actitud de los marchistas indígenas y los calificó de “caprichosos” por rechazar el diálogo con viceministros de Gobierno.

“Nosotras nos pronunciamos en rechazo (…) No puede ser que ellos, como unos niños caprichosos, no quieran reunirse con los ministros”, expresó en declaraciones difundidas por Bolivia TV.

El lunes, los marchistas indígenas afines al gobernador cruceño Fernando Camacho, que se encuentran en Santa Cruz, rechazaron dialogar con los viceministros de Autonomía y Seguridad Ciudadana, Álvaro Ruiz y Roberto Ríos, respectivamente.

Las autoridades gubernamentales plantearon instalar mesas de diálogo para dar solución a sus demandas; sin embargo, fueron rechazados.

“Nosotras, como Federación Departamental de Bartolinas Sisa del Beni, rechazamos esta movilización, porque son manejadas por el Comité Cívico (de Santa Cruz)”, indicó Quispe.

Aseveran que la dirigencia orgánica de Marcial Fabricano feneció hace años, por lo que no representa a los indígenas de las tierras bajas.

La representante regional de Vaca Diez de la federación campesina, Rosario Tamo, pidió a los indígenas no dejarse influenciar por intereses políticos que solo pretenden desestabilizar al Gobierno nacional.

 “No se dejen manejar por cuatro personas que lo están haciendo políticamente”, señaló.

El viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, Magín Herrera López, informó que como entidad estatal se impulsan los procesos legales contra quienes provocan los incendios forestales y analizan endurecer las sanciones.

“Tenemos 15 casos en proceso penal, los cuales esperamos puedan concluir de manera sancionatoria, obviamente en el debido proceso que corresponde a derecho”, dijo a los periodistas.

Explicó que según señala el Código Penal, la sanción para quienes fueran encontrados culpables por provocar los incendios forestales es entre los tres a cinco años de cárcel.

“Nosotros estamos trabajando para que esta sanción sea modificada, nos parecer bastante corto el tiempo de la sanción, ello no va a escarmentar a la gente, se requiere una sanción más fuerte, porque el proceso penal está muy suave, no tenemos la tipificación de los delitos ambientales”, aseveró.

Agregó que esa cartera de Estado continúa con el control de los incendios forestales, porque en esta época se tiene picos muy elevados en cuanto a la sequía, motivo por el cual el fuego puede propagarse en cualquier momento.

“Se tuvo un reporte de un incendio de consideración, en Oruro, en la zona occidental de Norcarangas, esa eventualidad es porque la época es completamente seca, eso hace de que el fuego pueda propagarse”, comentó.

Según el último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud sobre las estadísticas y acciones que asume Bolivia por la salud y la vida, la estrategia de vigilancia epidemiológica activa identificó 16.080 casos leves y evitó 48.240 nuevos contagios de COVID-19.

“En la estrategia de vigilancia epidemiológica activa, en total se trataron 16.080 casos leves y evitaron 48.240 personas con nuevos contagios”, señala el reporte epidemiológico.

El Ministerio de Salud, desde septiembre, viene aplicando una estrategia de rastrillaje y vigilancia epidemiológica activa y vacunación casa por casa con el despliegue de las brigadas médicas, principalmente en municipios que tienen bajas coberturas de inmunización contra el COVID-19, como la ciudad de El Alto y varios otros municipios del país.

“Hemos desplegado una estrategia de rastrillaje que no solo busca casos; sino, identifica a las personas que no se han vacunado y brindarles el acceso a la vacuna”, dijo el ministro de Salud, Jeyson Auza.

Explicó que la vacuna contra el COVID-19 ayuda al organismo a desarrollar inmunidad contra el virus, una persona vacunada previene a su cuerpo para combatir el COVID-19 en caso de contagio.

“Con cualquier tipo de vacuna el organismo obtiene suministro de linfocitos T de memoria, además de linfocitos B que recodarán cómo combatir ese virus en el futuro”, apuntó.

Por ello, un gran número de personas vacunadas minimiza los efectos COVID-19, un paciente inmunizado ni siquiera percibe la enfermedad y evita las complicaciones o inclusive perder la vida, acotó.

El procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, invitó a todas aquellas personas que denunciaron la existencia de un supuesto fraude en los comicios generales de 2019, a presentar sus pruebas y compararlas con la revisión exhaustiva de las aproximadamente 35.000 actas electorales que se iniciará desde el lunes 11 de octubre.

Esa acción de revisión está promovida por la Procuraduría en el marco de sus competencias de defensa del Estado y de sus intereses y en el marco de preservación de la democracia, afectada por versiones de presunto fraude electoral en los comicios de ese año, indicó.

“Invitamos a que vengan” todas aquellas personas que aseguraron que en las elecciones de 2019 hubo fraude, dijo Chávez en el programa “Primer Plano”, de Bolivia Tv.

Pidió que esas personas traigan sus pruebas con el fin de compararlas con las actas oficiales, escaneadas, firmadas y selladas por parte del Tribunal Supremo Electoral, notarios y delegados de partidos políticos.

Entre los denunciantes se encuentran Carlos Mesa, quien afirmó en 2019 que hubo un “monumental fraude”, el ingeniero Edgar Villegas o Luis Fernando Camacho, entre otros.

El Procurador dijo que en la metodología para la labor de verificación de las actas se utilizará la medición y las técnicas cuantitativa y cualitativa. En cuanto a la muestra y herramientas aplicadas, se revisarán todas las actas computadas en las elecciones generales 2019.

En la técnica del sistema, se usará una aplicación de red cerrada que se conectará al sistema de gestión de bases de datos de actas. Respecto a los insumos, equipos y logística, se contará con personal académico de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Universidad Pública de El Alto (UPEA), a través de convenios de cooperación interinstitucional sin costo para la Procuraduría General del Estado. Se tendrá 40 revisores y revisoras, todos especializados en Informática y otro equipo experto en la Ley de Régimen Electoral.