El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, pidió este martes en Sucre (Chuquisaca) a los sectores que aún se mantienen movilizados a deponer sus actitudes, no perjudicar a las mayorías por favorecer a unos cuantos que buscan desestabilizar al Gobierno legalmente constituido y ratificó que su despacho seguirá en la defensa de la salud y vida de los bolivianos.

“No perjudiquemos a las mayorías por intereses de unos pocos que quieren llevar al barranco el desarrollo económico que con tanto esfuerzo está logrando el Gobierno del presidente Luis Arce (…). Somos el Ministerio (de Salud) que denuncia que se encuentran obstaculizadas sus actividades; en ese sentido, queremos decirle al pueblo boliviano que ya no estamos para aventuras golpistas”, afirmó citado en un boletín institucional.

Pidió a los sectores que permanecen obstruyendo el trabajo de las brigadas médicas de rastrillaje y vacunación anticovid “un poco de cordura, ya que estamos en una situación de pandemia, nuestra población necesita atención en salud, nuestros médicos necesitan desplazarse de un lugar a otro”.

“Nosotros no hemos amenazado con un proceso penal, nosotros no somos el Ministerio Público, somos un Ministerio de Salud que todos los días está luchando por defender la salud y la vida del pueblo boliviano”, remarcó.

Algunos sectores movilizados aún mantienen sus medidas de presión en regiones como Santa Cruz y Chuquisaca, pese a que el Gobierno nacional abrogará en las siguientes horas la Ley 1386 de Estrategia Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas tras su sanción en el Senado.

El director nacional del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Max Enríquez, informó este martes que más de 99.000 adolescentes de entre 12 a 17 años ya fueron inmunizados en el país.

“De los grupos de menores hemos sobrepasado los 99.000 jóvenes y adolescentes (inmunizados), el departamento que más ha vacunado es Cochabamba, seguido de La Paz y Santa Cruz”, informó. 

Explicó que los menores son los que más rápido acudieron con sus padres y más de 50.000 ya fueron inmunizados, de los cuales 18.000 están en Santa Cruz, 11.000 en La Paz y 10.000 en Cochabamba. 

Destacó la responsabilidad de los padres de familia para hacer inmunizar a sus hijos y acompañarlos, además de firmar el formulario de consentimiento. 

Enríquez señaló que, a nivel general, las coberturas de vacunación alcanzan a más del 65% de la población con primera dosis y un 55% tiene el esquema completo; pero aún existe un importante porcentaje de la población que debe ser vacunada.

Pidió a la población asistir a los centros de inmunización para recibir la vacuna y proteger a sus familias del COVID-19 ante el ingresó de la cuarta ola.

La Asociación Nacional de Personas Adultas Mayores LGBTI, la organización Manodiversa, Tras Red de Bolivia (Trebol), y otras organizaciones, presentaron este martes los resultados de una investigación sobre la situación de las personas en situación de vulnerabilidad durante el inicio de la pandemia del COVID-19, que develó que en el gobierno de facto de Jeanine Áñez, el Estado no garantizó los derechos de ese grupo de personas, durante la primera ola de la enfermedad.

La indagación fue realizada en el marco de la Resolución 01/2020 “Pandemia y derechos humanos en las Américas”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para ver el cumplimiento a las recomendaciones y se develó que la población LGBTI, las personas adultas mayores, pueblos indígenas, afrodescendientes, fueron los que más sufrieron la vulneración de sus derechos.

“El 79,50% de la población LGBTI en mayor riesgo indica que durante la cuarentena por la pandemia del COVID-19 su derecho a la alimentación no fue garantizado por el Estado boliviano (…); el 63 % de la población LGBTI en mayor riesgo considera que no ha tenido acceso a la atención médica en el sistema público y privado para tratar el COVID-19, lo que incluye atención libre de discriminación, homofobia, transfobia y bifobia”, indica parte de los hallazgos de la investigación.

Rosa Zamora, investigadora comunitaria de la Asociación Nacional de Personas Adultas Mayores LGBTI, condenó que desde el inicio de la pandemia el Estado no hizo nada por esas poblaciones, incluyendo a las personas que están en situación de vulnerabilidad.

El investigador Frank Arteaga afirmó que los hallazgos serán una herramienta para que los gobiernos subnacionales, y desde el Gobierno central, adopten como lecciones aprendidas, para saber cómo actuar en situaciones similares.

Lamentó que, durante la investigación, dos de las expertas (Rayza Torriani y Pamela Valenzuela) hayan perdido la vida a causa de la pandemia; sin embargo, destacó que dejaron su aporte.

Por su parte, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, reprochó que durante la primera ola la población más afectada haya sido particularmente la LGBTI y las personas en situación de vulnerabilidad, como la población indígena, entre otros. Explicó que solo desde la tercera ola se iniciaron con campañas de prevención del COVID-19 en lenguaje originario.  

“Con el tiempo si bien las condiciones han ido mejorando para toda la población en general, aún faltan los enfoques diferenciados hacia las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Coincidimos con los hallazgos de este documento (…). El Estado boliviano, particularmente durante la primera ola de la pandemia, hizo casi nulos esfuerzos para atender a la población en situación de vulnerabilidad”, explicó Cruz.

El Gobierno del presidente Luis Arce priorizó el acceso a la salud de la población boliviana y se gestionó la adquisición de vacunas para inmunizar a todos los bolivianos contra el coronavirus, además de la aplicación de pruebas gratuitas para la detección oportuna de casos de COVID-19.

La población de Uyuni, en el departamento de Potosí, entre mujeres, personas adultas mayores y sobre todo jóvenes, se volcaron masivamente a los puntos de vacunación anticovid que fueron instalados en la feria “Por la Salud y la Vida” que, por segundo día consecutivo, atiende diferentes especialidades de forma gratuita.

“Es importante reconocer el trabajo que viene realizando nuestro presidente Luis Arce y nuestro ministro de Salud, Jeyson Auza, que es el implementar estas ferias de salud que involucra desplazar recursos humanos, equipamiento y otros implementos, pero amerita llegar a Uyuni porque su población lo requiere”, afirmó el coordinador nacional del Programa Safci-Mi Salud, Osman Calvimonte. 

Según un boletín institucional, la expectativa de los habitantes de esa región circundada por el salar más grande del mundo, rebasó a las brigadas médicas que emplazaron mini-hospitales en los alrededores de la nueva terminal para brindar atención a la población, sobre todo en busca de alcanzar una alta cobertura de inmunización contra el COVID-19 y especialidades como cardiología, dermatología, pediatría, medicina interna, gastroenterología, oftalmología, enfermería, odontología, entre otras.

“Hemos venido en familia, estoy con mis dos hijos para que podamos vacunarnos, más que todo como prevención; sabemos que van apareciendo diferentes olas y además porque ya se viene la otra gestión y, como padre, quiero protegerlos para que vuelvan al colegio”, dijo Rolando Lenis, vecino de Uyuni. 

“Yo estoy firmando el consentimiento para que mis hijos se vacunen por su bienestar, cuidando su salud, y vemos importante que tengamos tantos médicos acá que nos ayudan a vacunar a nuestros hijos”, afirmó René Cruz, otro vecino.
Médicos de los programas Safci-Mi Salud, Telesalud, Discapacidad, Salud Oral, además de expertos del Instituto Nacional de Laboratorios en Salud (Inlasa) atendieron las necesidades de los habitantes que acudieron masivamente en busca de una revisión médica o examen clínico.

Las ferias “Por la Salud y la Vida” recorren ciudades intermedias y rurales de los nueve departamentos de Bolivia a fin de llevar esperanza y vida a sus habitantes con la movilización de médicos, enfermeras, laboratoristas, personal de apoyo, equipo médico de última generación, insumos, medicamentos, entre otros, los que son entregados gratuitamente.