La Asociación Nacional de Personas Adultas Mayores LGBTI, la organización Manodiversa, Tras Red de Bolivia (Trebol), y otras organizaciones, presentaron este martes los resultados de una investigación sobre la situación de las personas en situación de vulnerabilidad durante el inicio de la pandemia del COVID-19, que develó que en el gobierno de facto de Jeanine Áñez, el Estado no garantizó los derechos de ese grupo de personas, durante la primera ola de la enfermedad.
La indagación fue realizada en el marco de la Resolución 01/2020 “Pandemia y derechos humanos en las Américas”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para ver el cumplimiento a las recomendaciones y se develó que la población LGBTI, las personas adultas mayores, pueblos indígenas, afrodescendientes, fueron los que más sufrieron la vulneración de sus derechos.
“El 79,50% de la población LGBTI en mayor riesgo indica que durante la cuarentena por la pandemia del COVID-19 su derecho a la alimentación no fue garantizado por el Estado boliviano (…); el 63 % de la población LGBTI en mayor riesgo considera que no ha tenido acceso a la atención médica en el sistema público y privado para tratar el COVID-19, lo que incluye atención libre de discriminación, homofobia, transfobia y bifobia”, indica parte de los hallazgos de la investigación.
Rosa Zamora, investigadora comunitaria de la Asociación Nacional de Personas Adultas Mayores LGBTI, condenó que desde el inicio de la pandemia el Estado no hizo nada por esas poblaciones, incluyendo a las personas que están en situación de vulnerabilidad.
El investigador Frank Arteaga afirmó que los hallazgos serán una herramienta para que los gobiernos subnacionales, y desde el Gobierno central, adopten como lecciones aprendidas, para saber cómo actuar en situaciones similares.
Lamentó que, durante la investigación, dos de las expertas (Rayza Torriani y Pamela Valenzuela) hayan perdido la vida a causa de la pandemia; sin embargo, destacó que dejaron su aporte.
Por su parte, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, reprochó que durante la primera ola la población más afectada haya sido particularmente la LGBTI y las personas en situación de vulnerabilidad, como la población indígena, entre otros. Explicó que solo desde la tercera ola se iniciaron con campañas de prevención del COVID-19 en lenguaje originario.
“Con el tiempo si bien las condiciones han ido mejorando para toda la población en general, aún faltan los enfoques diferenciados hacia las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Coincidimos con los hallazgos de este documento (…). El Estado boliviano, particularmente durante la primera ola de la pandemia, hizo casi nulos esfuerzos para atender a la población en situación de vulnerabilidad”, explicó Cruz.
El Gobierno del presidente Luis Arce priorizó el acceso a la salud de la población boliviana y se gestionó la adquisición de vacunas para inmunizar a todos los bolivianos contra el coronavirus, además de la aplicación de pruebas gratuitas para la detección oportuna de casos de COVID-19.
