Los alcaldes de La Paz, Iván Arias, y de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, anunciaron este miércoles la suspensión de los permisos para la realización de fiestas de fin de año en esas ciudades ante el incremento de casos de COVID-19, pese a que en días pasados habían dado luz verde a las celebraciones, lo cual generó críticas por parte de la población.

(Noticia en desarrollo)

Ante la sospecha de casos de la variante Ómicron, el ministro de Salud, Jeyson Auza, ratificó este miércoles que aún no fue detectada en Bolivia, según el último informe reportado por el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa).  

“Hoy (miércoles) se ha emitido un informe oficial desde el Inlasa que ratifica los estudios preliminares que anunciamos el jueves anterior, hasta la fecha no existe, o no se ha detectado la variante Ómicron en el país”, aseveró Auza.

Dijo que aun continúan con la toma de muestras para el proceso de secuenciación genómica en la estrategia de la vigilancia activa para determinar la presencia o no de la nueva variante Ómicron u otras nuevas variantes que pudieran aparecer en el territorio nacional.

Auza explicó que se hicieron los análisis correspondientes, tanto de casos sospechosos de Cochabamba y Santa Cruz, donde circula la variante Delta.

Aclaró que la sospecha de la presencia de la variante Ómicron está vigente desde el momento en que ingresó a Latinoamérica, por ello se realiza la vigilancia epidemiológica activa.

Lamentó que existan manifestaciones irresponsables de algunos dirigentes de los gremios médicos, que aseguran que por la situación clínica de un paciente este sea sospechoso de portar la variante Ómicron.

“No existen datos clínicos que nos permitan diferenciar un paciente que tiene COVID-19 con un paciente que tenga la variante Ómicron, no existe”, aseveró.

Lo que determina la sospecha que un paciente sea portador de la variante Ómicron, es el lugar de donde está viviendo la persona y si en esa región existe la variante, eso permite tomar la muestra correspondiente a esos pacientes sospechosos, no por el diagnóstico clínico, explicó Auza.

El vicepresidente de la Confederación universitaria de Bolivia (CUB), Remberto Cabrera, sostuvo que se debe realizar una auditoría interna en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) para conocer a quiénes fueron dirigidas las “becas fantasmas”.

“Nos hemos llevado la impresión el día de ayer (martes), según las investigaciones que ha realizado la Fiscalía, que se estaría suscitando esto en la Facultad de Ciencias Jurídicas, en la cual seguramente el decano y las autoridades que están a cargo van a rendir su informe en las próximas horas. También el día de ayer el rector se ha puesto a disposición de la Fiscalía para que se pueda evaluar y se pueda hacer una auditoría interna a quien están dirigidas estas becas”, indicó.

Dijo que lo importante es dar con los responsables y que la universidad coadyuve en las investigaciones, porque las becas fueron una conquista social de los estudiantes.

“Lo importante de este hecho es que nosotros tenemos que investigar como universidad, creo que se tiene que llegar al fondo de esta situación, vamos más allá del tema mediático, político, nosotros tenemos que limpiar la universidades de este tipo de acciones. Las becas IDH han sido una conquista nacional, implementada por el expresidente Evo Morales lo cual es para beneficio social, no para lucro personal”, manifestó.

Sobre la presunta vinculación de uno de los principales acusados con la agrupación política de Fernando Camacho, Creemos, señaló que se solicitará información al Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre su militancia política.

“Según las imágenes que han ido circulando por las redes, él (Denis Gil Melgar) tendría una vinculación directa con esa agrupación, todavía no hemos indagado su militancia política a través de la Corte Electoral seguramente se va a solicitar eso para identificarlo”, manifestó.

El martes, la Unidad Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, aprehendió a dos sujetos involucrados en un presunto hecho de corrupción en la UAGRM, en el marco de las investigaciones del caso “becas fantasmas”.

Los megas de internet van a durar por más tiempo ya que se pagará un precio justo por ese servicio, dijo este martes el director de Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Néstor Ríos.

De esa manera el ejecutivo, entrevistado en el programa “Primer Plano”, de Bolivia Tv, explicó el significado de la Resolución Administrativa Regulatoria 585/2021 que determina que la facturación del servicio de acceso a Internet sea cobrada por volumen de datos, para ello, se realizará un redondeo o fraccionamiento a 1 Kilobyte (KB).

Ríos dijo que la medida, cuyo inicio de aplicación será desde marzo de 2022, beneficiará el usuario de internet móvil en las modalidades de pre y pospago.

“Lo que se va a cobrar es lo que se utiliza”, explicó Ríos, quien preciso que, en la actualidad, los operadores de telecomunicaciones redondean los precios según la cantidad de internet consumido (megas).

Según el director de la ATT, esta nueva resolución es una medida con la que se busca establecer un estándar único a todos los operadores para que hagan el redondeo o fraccionamiento del uso de megas de internet.

“Por ejemplo, al descargar una fotografía de un peso de 1.110 kilobytes ¿qué es lo que hacía el operador? no te cobraba los 1.110 kilobytes, lo redondeaba a 2.000 kilobytes. Entonces esa diferencia de kilobytes es la que pagaba el usuario en beneficio del operador, pero en desmedro de sus intereses”, explicó.

Sostuvo que con esta nueva medida el usuario pagará por consumo exacto; es decir, que cancelará por lo que realmente usa y ya no le impondrán montos superiores o redondeos superiores.

“Los megas les van a durar más”, manifestó.

“Estamos buscando una eficiencia en el consumo de megas, ya no nos van a cobrar por megas que no utilizamos, quiere decir que nuestros paquetes van a durar más y esta medida de precio justo, también es una medida social”, agregó.