El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, informó este miércoles que el Consejo Nacional Estratégico para Emergencias Sanitarias determinó la declaratoria de emergencia sanitaria en el país, por el incremento de los casos de COVID-19, además de la aplicación de nueve medidas extraordinarias para la prevención de contagios y la atención de pacientes.

“Hoy (miércoles) hemos convocado al Consejo Nacional Estratégico para la emergencia sanitaria para analizar la situación epidemiológica a nivel internacional y nacional (…). Se ha determinado que este Ministerio de Salud y Deportes declare emergencia sanitaria a nivel nacional y vamos a asumir medidas extraordinarias”, anunció en conferencia de prensa.

La autoridad nacional detalló que las medidas extraordinarias se fijaron en aplicación de la Ley 1359, de Emergencia Sanitaria.

Entre las acciones aprobadas, Auza explicó que se determinó que los laboratorios farmacéuticos industriales e importadoras deberán presentar la lista actualizada de precios máximos de venta de sus fármacos y dispositivos médicos, que será aprobada y publicada por la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud (Agemed).

Asimismo, mencionó que se resolvió contar con un procedimiento abreviado para la expedición de registros sanitarios.

“Respecto a la prohibición de suspensión de servicios, por ningún motivo podrán ser interrumpidos los servicios del sistema nacional de Salud mientras dure esta declaración de emergencia sanitaria”, acotó.

Auza dijo que, en el caso de los servicios médicos en establecimientos privados, estos no podrán exigir depósitos previos, garantías o cualquier tipo de cobro anticipado.

Además, se consideró también el tema de la medicina tradicional y se determinó que se aprobará que se recurra a ella para la prevención y contención de las enfermedades.

Agregó que se resolvió también que las entidades territoriales autónomas (ETAs), y otras entidades, podrán realizar contrataciones de bienes y servicios directas a nivel nacional e internacional, que deberán estar orientadas a labores preventivas y la atención inmediata y oportuna de la población.

“Respecto a la contratación de personal médico, se podrá abreviar plazos y simplificar requisitos y procedimientos para la contratación del personal profesional y técnico en Salud”, acotó.

El ministro añadió que se procederá al despacho aduanero en un plazo máximo de 24 horas en el caso de los insumos, medicamentos, dispositivos, equipos y reactivos.

El titular de Salud y Deportes mencionó que la importación de pruebas diagnósticas, vacunas, fármacos, insumos, reactivos y equipamiento, para el caso del sector de salud público, estará exenta del pago de tributos aduaneros.

El Gobierno nacional, a través de la aprobación del Decreto Supremo Nº 4645, amplió este miércoles la vigencia del carnet de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2022, para las personas con invalidez de grado moderado, grave y muy grave, para el ejercicio de sus derechos y obligaciones.

“El presente Decreto Supremo tiene por objeto ampliar la vigencia del Carnet de Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2022 para las Personas con Discapacidad, con grado de discapacidad moderada, grave y muy grave, para el ejercicio de sus derechos y obligaciones (sic)”, indica el artículo 1 de la mencionada norma.

Asimismo, el artículo 2 señala que se amplía la vigencia del carnet de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2022 para aquellos que se encuentren vencidos desde el 1 de octubre de 2019.

La medida está vigente para aquellas personas registradas en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (Siprun-PCD) del Ministerio de Salud y Deportes.

La directora general ejecutiva del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa), Evelin Fortún, dijo este miércoles que el incremento de los casos de COVID-19, a nivel nacional, se debe a la relajación de las medidas de bioseguridad entre la población.

“La primera respuesta que nosotros tenemos, principalmente, es la relajación en las medidas de bioseguridad de toda la población, es lo que indican estos números que son preocupantes”, dijo en una entrevista en el programa “Primer plano” de Bolivia Tv.

La autoridad estatal dijo que los casos reportados están relacionados con la circulación predominante de la variante Delta del COVID-19, que es muy transmisible y altamente contagiosa, y “de la mucha liberación en cuanto a las actividades que se realizaban en varias ciudades capitales y municipios”.

Recomendó a la población que retome con responsabilidad las medidas de bioseguridad, como el lavado frecuente de manos, el uso de barbijo, que ha sido dejado de lado en varias ciudades capitales y municipios, el uso del alcohol en gel y distanciamiento social.

“Creemos que nuevamente hay que retomar ese camino de lo que implica la protección y la prevención del contagio, y también el acceso de lo que son las vacunas”, aseveró.

La titular del Inlasa celebró que los gobiernos subnacionales tomaron decisiones autónomas para la restricción de las actividades que generan aglomeración cada fin de año, porque pueden ser un vector principal para transmitir con mayor velocidad el COVID-19.

“Creemos que es una de las medidas más acertadas para detener y frenar el contagio que está avanzando de manera preocupante”, concluyó.

El alcalde de Oruro, Adhemar Wilcarani, presentó este miércoles el Proyecto de Ley de Declaratoria de Alerta Naranja en ese municipio, ante las inundaciones en diferentes barrios de esa ciudad que ya causaron más de 3.000 familias damnificadas.

“El Ejecutivo tiene el proyecto de ley municipal de declaratoria de alerta naranja en el municipio de Oruro, ante las torrenciales lluvias que inundaron las calles y viviendas, siendo los barrios de nueva creación los más afectados, alcanzando a más de 3.000 familias damnificadas”, dijo en conferencia de prensa.

Explicó que las familias afectadas en los últimos días fueron rescatadas en medio de la desesperación e impotencia, en un despliegue conjunto con los trabajadores del municipio, el grupo Sar Bolivia y bomberos de la Policía Boliviana, que atendieron dichas emergencias.

“Una de las causas de las inundaciones fue el desborde del río Paria ante la falta de defensivos y medidas preventivas”, acotó.

Con base en las normas nacionales vigentes en el ámbito de la gestión de riesgos, los municipios pueden declarar alertas y emergencia por desastres naturales, agregó.

Wilcarani pidió al Concejo Municipal aprobar de forma inmediata la propuesta de ley, debido a que dicha norma permitirá destinar recursos económicos y personal para intervenir en las zonas afectadas, con brigadas y maquinaria.

Asimismo, informó que la Alcaldía de Oruro presentó el proyecto de mejoramiento y rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario del Casco Viejo de Oruro, al Ministerio de Medio Ambiente y Aguas para su financiamiento, a través de los fondos concursales que otorga el Gobierno nacional.