“Pido que se haga justicia, nadie tiene el derecho de quitar la vida a otra persona, solo Dios”, dijo David Mamani, un carpintero en aluminio que fue herido de gravedad en la masacre de Senkata y quedó con una invalidez que le impide trabajar y llevar el sustento a sus hijos.

Este testimonio fue expresado este miércoles durante el programa “Somos Democracia”, difundido por Bolivia Tv, mediante una alianza de los medios estatales: radio Patria Nueva, periódico Bolivia, Agencia Boliviana de Información (ABI) y las Radios de los Pueblos Originarios (RPO); así como radio Kawsachum Coca, TV Off y Tele Estrella de El Alto.

Mamani relató que el 11 de noviembre, él tuvo que ir a la zona 16 de julio a su trabajo, pero al llegar, su jefe le indicó que se suspendía la labor debido a los conflictos. En su retorno a casa, pasó cerca de la Ceja y un grupo de policías le disparó dos balines, uno de ellos le rompió la clavícula.

Tras caer herido, los uniformados propiciaron golpes con sus escopetas (culatazos) en la cabeza de Mamani, quien pudo escapar casi en agonía luego de rogar a los policías que dejen de torturarlo. “Me he rogado, por mis hijos”, recordó.

Un grupo de personas lo llevó al hospital San Salvador, pero no lo atendieron e incluso algunos médicos evitaron diagnosticarlo con el justificativo de que era “masista” y que cobró dinero para ir a una manifestación.

Tras ello, fue llevado al Hospital del Norte, donde estuvo internado hasta fin de año.

Mamani quedó con su brazo casi inutilizado para sus tareas de carpintería en aluminio. Dejó de trabajar y ahora se queda en su casa junto a sus tres hijos pequeños. Su esposa se dedica al comercio y sustenta el hogar.

Por todo ello, Mamani no duda en “pedir que se haga justicia”. “Nadie tiene el derecho de quitar la vida a otra persona, solo Dios”, indicó con voz baja.

Él es una de las 804 personas heridas en las masacres de Senkata, Sacaba, Montero y Ovejuyo, matanzas que dejaron 36 muertos y miles de perseguidos y torturados en el golpe de Estado de 2019.

El Alto fue uno de los epicentros de masacre durante el régimen de Jeanine Áñez. Apolinar Colque no puede olvidar que varios disparos se llevaron la vida de su hijo Joel, de 22 años, en la zona de Senkata un noviembre de 2019.

Joel estudiaba mecánica. Una de las promesas que le hizo a su padre que vive en el área rural era terminar la carrera técnica para ayudarlo económicamente, motivo por el cual migró a la urbe alteña.

Apolinar Colque cuenta que su hijo no era afecto a los vicios. Dedicaba sus talentos a la Iglesia. Era músico y le gustaba tocar el saxofón.  El día de la masacre solo pasaba por el lugar de los hechos.

Sin embargo, no esperaba que Joel muera el 19 de noviembre de 2019, menos en un conflicto en el que no estaba inmiscuido. Ese día, otros nueve civiles perdieron la vida y 31 quedaron heridos a causa de un operativo de fuerzas combinadas entre militares y policías en Senkata.

“El 19 pasó la masacre, yo llegué el 20. Ahí estaba muerto. Según el forense, había sido por impacto de bala. Había entrado por la espalda y la bala había salido, porque ya no está en su cuerpo. Mi hijo había recibido dos o tres balas. Me lo llevé a mi pueblo y me lo enterré. Era una pena para mí”, relató Apolinar.

Lamentó que en el régimen de Áñez se diera aval a operativos militares mediante normas como la 4078, para el uso de armas de fuego en las calles tras los conflictos poselectorales de 2019.

“Yo pido en este momento al Gobierno que haya justicia, mi hijo no era animal para que lo maten así”, exclamó el padre en entrevista para el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales que da voz a las víctimas y familiares de los hechos de violencia sufridos hace dos años.  

El Decreto Supremo 4078 del 14 de noviembre de 2019, del régimen de Áñez, permitió la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Boliviana ante movilizaciones que se generaron por la crisis poselectoral. La norma establecía que los militares que participen en operativos estarán exentos de responsabilidad penal pese al uso de armas.

El 16 de febrero de 2020 un juez se encargaba de dictar detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz para Lorgia Fuentes, imputada por una supuesta vinculación con el exministro de Gobierno, Carlos Romero, y la empresa china CAMC. La detención se extendió por un tiempo interminable para Fuentes, quien permaneció encadenada y torturada por el régimen de Jeanine Áñez.

“Fui presa política durante todo el gobierno Áñez, han montado un caso utilizando a un periodista supuestamente de investigación, el español Alejandro Entrambasaguas, quien ha hecho un trabajo de terrorista, vinculándome con contratos del gobierno chino y de ser amiga cercana del exministro Carlos Romero”, recordó.

En ese tiempo el pseudo periodista Entrambasaguas, actuaba impunemente en el país bajo la protección de Arturo Murillo, ministro de Gobierno del régimen de facto, con el fin de incriminar a exautoridades vinculadas al Movimiento Al Socialismo (MAS).

En el caso particular, alardeaba de contar con pruebas contundentes para procesar a Fuentes por el delito de enriquecimiento ilícito y de ser la supuesta amante de Romero, documentos que nunca los mostró pero que fueron utilizados para que la Fiscalía pueda encarcelarla.

“Tenemos muchas imágenes de la carpeta de investigación de mi caso en el que primero muy estratégicamente dijeron que mi esposo y yo éramos adictos a la droga para quitarnos a nuestro hijo y mostrar al niño como hijo de Carlos Romero. Fue todo un caso montado, un caso de injusticia total, me privaron el derecho a la salud conociendo que sufrí de un accidente cerebro vascular”, detalló.

Encadenada en una cama de hospital, así permaneció por varios días por orden directa del exministro Murillo para luego ser trasladada al penal de Obrajes.

“He sido encadenada, aparte de ser encadenada fui torturada cuando tenía que alimentarme con una sonda, así fui tratada todo ese tiempo. Ahora pido justicia, hay muchos que dicen que es una venganza, no es venganza, es justicia, porque muchas familias fuimos afectadas y torturadas por el gobierno de Áñez”, demandó Fuentes.

Los sectores opositores comenzaron a aglutinarse tras la detención preventiva de la expresidenta de facto Jeanine Áñez y pretenden rearticularse para intentar repetir lo sucedido en 2019, pero no toman en cuenta que la población no está dispuesta a sufrir nuevos paros o bloqueos, sostuvo la analista Susana Bejarano.

La especialista, entrevistada este miércoles en el programa 180, de radio Patria Nueva, hizo una radiografía política del nuevo escenario que comienza a surgir tras las elecciones subnacionales recientes.

Indicó que “sí existe una intención de rearticulación de la oposición, una intención de reeditar el octubre y noviembre de 2019. Todas las personas, organizaciones que estaban detrás de las movilizaciones en esas fechas, hoy día están activas”.

Sin embargo, lo verdaderamente importante es la respuesta de la sociedad ante esos aprestos y, en ese sentido, la “respuesta de la población está por otro lado”, aseguró Bejarano.

Explicó que la sociedad no está en la disposición de apoyar algún paro, bloqueo o medida de presión debido a que fue duramente golpeada por la pandemia del COVID-19 y por el encierro forzado decidido por el régimen de Áñez.

“La población tiene la necesidad de normalizar su situación, de salir y de trabajar”, indicó.

Sin embargo, Bejarano explicó que los sectores opositores que asistieron dispersos a las elecciones subnacionales, ahora encontraron un motivo para aglutinarse: la detención de Áñez.