El reporte N° 381 del Ministerio de Salud señala que este miércoles se registraron 992 nuevos casos de COVID-19 en el país; mientras que 1.106 pacientes se recuperaron en la jornada.

De acuerdo al informe de esa cartera de Estado, Santa Cruz es el departamento con mayor cantidad de contagios, los cuales ascienden a 398. Cochabamba presenta 156 nuevos casos; La Paz, 85; Beni, 118; Tarija, 101; Pando, 65; Oruro, 26; Chuquisaca, 34; y Potosí, nueve.

El reporte añade que hay 1.163 pacientes sospechosos, 38.192 activos y 634.745 descartados.

Desde el inicio de la pandemia, en el país se registró un total de 272.411 casos de COVID-19, de los cuales 221.962 se recuperaron y hubo 12.257 decesos.

La médico Angélica Velazco, presidenta de la Federación de galenos de Santa Cruz, denunció que en 2019, durante los preparativos del golpe de Estado, la sede de las brigadas de salud fue atacada por escuadrones delictivos que saquearon, torturaron y golpearon a varones, mujeres y hasta niños que se encontraban en el lugar.

Estos grupos delictivos, además, atacaron la casa de la madre de Velazco, lastimaron a su hermano y agredieron a sus hijos que estaban en la escuela. Por si fuera poco, emprendieron una campaña de amedrentamiento y estigmatización que la obligó a salir de Santa Cruz y a vivir oculta en distintos domicilios para evitar represalias.

Este testimonio fue brindado este miércoles por la médico, quien fue entrevistada en el programa Somos Democracia, difundido por Bolivia Tv, a través de una alianza de los medios estatales: radio Patria Nueva, periódico Bolivia, Agencia Boliviana de Información (ABI) y las Radios de los Pueblos Originarios (RPO); así como radio Kawsachum Coca, TV Off y Tele Estrella de El Alto.

La profesional contó que ella formaba parte de las brigadas de salud que apoyaban al dirigente obrero Rolando Borda. Esas brigadas se reunían en sus instalaciones donde habilitaron consultorios médicos para atender distintas patologías. Esa infraestructura fue atacada por los grupos afines a la Unión Juvenil Cruceñista y otros grupos fascistas que asaltaron el lugar, se llevaron los equipos médicos, computadoras e hirieron a varias personas que resultaron con fracturas, relató Velazco.

Dijo que su hermano logró atrapar a uno de los agresores, pero luego los grupos delictivos impulsaron una campaña de acoso violento contra su pariente y lo obligaron a huir de Santa Cruz.

La médico, quien es presidenta de la Federación de galenos de Santa cruz, dijo que pese a las agresiones y la violencia ocurrida durante los preparativos del golpe de Estado, ella continuará atendiendo a los pacientes en el marco del juramento hipocrático.

“A mis compañeras gremiales que pedían que se les deje trabajar les golpearon hasta hacerles orinar”, relató Paola Aguilar Serrudo, quien fue víctima de las barricadas y bloqueos en las calles de la ciudad de Santa Cruz, en noviembre de 2019.

En contacto con Somos Democracia, un programa que surge de la alianza de medios estatales, difundido por Bolivia Tv, la entrevistada contó este miércoles que aquella vez fue humillada, golpeada y secuestrada debido a que en las redes sociales publicó un video donde pedía que a sus compañeros gremiales se les deje trabajar porque viven del día.

“El video se viralizó y luego fui perseguida, humillada y amenaza”, recordó Paola, quien es madre y padre de cuatro niños (dos con capacidades diferentes), a quienes sustenta con su trabajo de gremialista ambulante en La Ramada.  

Señaló que nunca olvidará el día en que un grupo de personas (entre hombres y mujeres) que bloqueaba las calles del Plan Tres Mil la secuestró para obligarla a decir que era militante pagada por el partido del MAS y que renuncie Evo Morales. 

“Una mujer que me hizo arrodillar, me agarró del cabello y me quitó el celular”, relató. Recordó que luego de esto la subieron a una moto y la llevaron a recorrer las calles de Santa Cruz con un cartel que decía “infiltrada del MAS”.

“La gente me tiraba basuras y me insultaba. ¿Acaso es delito ser militante de algún partido?”, manifestó Paola, quién llegó a la ciudad de La Paz para presentar una denuncia ante la Defensoría del Pueblo y pedir garantías por su seguridad y la de sus hijos. 

“Yo estaba en La Paz, pero mi hija me llamaba diciendo: ‘mami, vinieron a la casa, están tirando piedras en la puerta’. Mis hijos corrían peligro, entonces me contacté con la Policía, que envió una patrulla a mi domicilio”, rememoró con lágrimas en los ojos.

Cinco días después de que la jefa de prensa de la Agencia de Noticias Fides (ANF), Nancy Vacaflor Gonzales, presentó su informe de consultoría por el que cobró Bs 30.000, su hermano Jorge Luis fue posesionado como Viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales del régimen de Jeanine Áñez.

Jorge Luis Vacaflor fue posesionado en el cargo el 17 de febrero de 2020 por el entonces ministro de la Presidencia, Yerko Nuñez, y trabajó hasta noviembre del mismo año, según consta en la declaración jurada de la Contraloría General del Estado.

La red de televisión ATB informó la noche del martes que el contrato de “Consultoría de Sistematización Periodística de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE)” entre la comunicadora y el Ministerio de la Presidencia estaba protegido bajo el manto de confidencialidad para evitar que se conozca pormenores y el trabajo fue entregado en un tiempo de 10 días.

Vacaflor entrega, según ATB, el informe final de 18 páginas y un anexo de las obras ejecutadas por el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple y dos simples fotocopias para la ejecución de proyectos.

El informe final fue entregado el 12 de febrero de 2020 y la carta está dirigida al entonces ministro de la Presidencia, Yerko Núñez. Una de las conclusiones a la que llegó Vacaflor fue: “Del análisis sobre la Unidad de Proyectos Especiales se concluye que esta entidad se creó para promover el liderazgo del expresidente Evo Morales y establecer una política cercana con gobiernos autónomos departamentales, municipales, regionales y organizaciones sociales”.

Vacaflor trabajó en varios medios de comunicación como Educación Radiofónica de Bolivia (Erbol), Página Siete, Agencia de Noticias Fides y otros. La consultoría realizada para el anterior gobierno encendió un debate sobre la relación entre el periodismo y el poder y la compra de conciencias de parte del gobierno golpista.