Aproximadamente a las 11.00 del 19 de noviembre de 2019, el enfermero Ayben Huaranca se dirigía a su trabajo de la Caja Nacional de Salud después de una hora de caminata en El Alto. Tenía en mente llegar al área de quirófano del segundo piso del hospital Materno Infantil donde laboraba y no estaba en sus planes ver morir gente en sus brazos.
Cuando pasaba por la zona de Senkata, que se encontraba bloqueada, vio cómo comenzó la masacre. Policías y militares disparaban a quemarropa a transeúntes y vecinos alteños que reclamaban respeto a sus derechos en el régimen de Jeanine Áñez. La gente pedía auxilio y actuó.
“Soy el personal de salud que apoyó en esos momentos tan críticos, cuando los policías y militares comenzaron a disparar a la gente civil. Fui la persona que ayudó a muchos de los heridos que cayeron. Fue triste recordar a cuántos heridos ayudé y cuántos muertos vi. No había voluntad de los policías de decir basta, disparaban sin miedo”, relató en entrevista con el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales.
Los policías y militares lo acusaron de ser uno de los movilizados. Fue detenido por seis meses en el penal de San Pedro de La Paz. Denuncia que fue amedrentado y tres de sus hijos fueron raptados para que diera información que no tenía sobre lo que sucedía.
“Sólo por ayudar a los heridos, entré a la cárcel. Me da tanta tristeza que la gente culpable sigue afuera; pero, los inocentes, en la cárcel. Estuve seis meses (preso), me golpearon, me maltrataron y abusaron. ¿Quién pidió (justicia) por mí? Nadie. Eso es lo que más me duele”, lamenta.
El 19 de noviembre de 2019, 10 civiles perdieron la vida y 31 quedaron heridos a causa del operativo que se ejecutaba bajo el Decreto Supremo 4078, norma que deslindaba de responsabilidad penal a los uniformados que usaban armas de guerra.
