La Aduana Nacional informó este sábado que los miembros del Control Operativo Estratégico comisaron dos camiones y un vehículo de transporte público que circulaban por el departamento de Beni, los cuales contenían artículos de limpieza, bebidas alcohólicas y comestibles.

Según un boletín institucional, el resultado se consiguió por medio de varios operativos en la zona El Triángulo y la localidad de Riberalta.

“La mercancía comisada tiene un valor de Bs 282.000, aproximado”, menciona el documento.

Los productos internados por la vía del contrabando fueron trasladados al Recinto DAB de la localidad de Guayaramerín. 

De acuerdo con datos oficiales, la Aduana Nacional comisó mercadería de contrabando por un valor de más de Bs 279 millones hasta julio de este año.

Entre 1996 y 2021, del total de las tierras tituladas, el 53% corresponde a los varones (1.464.568), el 45% a las mujeres (1.259.574) y el 2% a personas jurídicas (48.767), según señala un informe del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

Estos datos adquieren relevancia en comparación al periodo 1952-1992, cuando del total de las tierras tituladas, el 90% era de los varones (681.584), el 10% de las mujeres (74.274) y 0% de personas jurídicas.

El 19 de julio de este año, el director de Planificación del INRA explicó que, en los últimos 15 años, el régimen de propiedad de la tierra cambió ya que antes estaba en su mayoría en manos de sectores empresariales, pero ahora incluye a pueblos indígenas, comunidades campesinas y pequeños propietarios.

Según el reporte, entre 2006 y 2021, la superficie saneada y titulada es de 80,4 millones de hectáreas (ha), de las cuales 26,5 millones son tierras fiscales y 53,9 millones corresponden al título agrario.

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, informó el jueves pasado que, para el lunes 2 de agosto, Día de la Revolución Agraria, Productiva y Comunitaria, el Gobierno nacional alista decretos en favor de los productores y la entrega de títulos de tierra.

El Servicio Nacional Textil (Senatex), dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, y la Policía Boliviana firmaron este viernes un contrato para la compra y venta de 36.662 camisas nacionales de alta calidad por un valor de al menos Bs 4,5 millones.

El director general de Senatex, Gonzalo Uscamayta, dijo que esa institución se presentó al proceso de licitación con una oferta de “calidad y precio”; además, cumplió con los requisitos para la adjudicación de camisas, las cuales deberán ser entregadas en 129 días calendario.

“Realizamos un trabajo en equipo y estamos culminando en esta oportunidad con la firma del contrato. Senatex presentó una oferta muy buena, un producto con tela de primera calidad”, dijo Uscamayta según un boletín de prensa.

A su turno, el director nacional Administrativo del Comando de la Policía Boliviana, Fernando Oblitas, dijo que esa institución policial apoya la industria nacional para aportar con la reactivación económica y productiva del país.  

“Estamos adquiriendo 36.662 camisas por un valor de más de Bs 4,5 millones. Esto es bueno para la institución. Estas camisas que ustedes ven, es la mejor opción que hemos tenido, es de muy buena calidad hecha por una empresa del Estado”, remarcó.

Oblitas recordó que, esta gestión, la Policía también adquirió servicios y productos de instituciones del Estado, entre ellas de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y la Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba) para la provisión de alimentos.

“Hemos hecho contrato con UNIVida por un valor de Bs 3,5 millones, con el Seguro Contra Accidentes de Tránsito (SOAT) por Bs 499.433; se ha hecho la contratación de arroz y harina por Bs 39 millones y azúcar por Bs 14 millones con Easba. Como bolivianos, como servidores públicos policiales, tenemos la obligación de apoyar a nuestro Estado para que podamos mejorar la economía”, puntualizó.

Un operativo conjunto realizado entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), secuestró más de 200 garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en varios domicilios particulares de Quillacollo, del departamento de Cochabamba.

“Ha sido un éxito el operativo ejecutado para realizar el decomiso de 209 garrafas, en el marco de la Ley 100 de Desarrollo y Seguridad de las Fronteras y del Decreto 27953, que establece que ninguna persona natural que no esté autorizada por la ANH puede comercializar estos productos”, indicó el director ejecutivo de la ANH, Germán Jiménez.

Según un boletín de prensa, entre las 209 garrafas secuestradas, 123 se encontraban llenas y 86 vacías, lo cual indica que estaban siendo comercializadas a la población de manera ilegal, por lo que recomendó no incurrir en ese tipo de delitos.

Jiménez indicó que, una vez secuestradas las garrafas, estas se entregaron a custodia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para cumpla con los procedimientos correspondientes.

Asimismo, anunció que ese tipo de operativos no sólo se harán en el departamento de Cochabamba, sino a nivel nacional, donde ya se obtuvo resultados positivos, ya que en esta jornada también se secuestró un vehículo con otras 200 garrafas que fueron encontradas con ladrillos en el departamento de Tarija; además, se detectó a una Estación de Servicio que comercializaba hidrocarburos en tanques clandestinos.

“Estamos realizando todos estos operativos para que cada litro y molécula de gas que llega a nuestras casas, llegue de manera segura y se pague con el precio justo, por eso la ANH tiene la misión de regular, controlar, supervisar y fiscalizar todos los hidrocarburos del país”, sostuvo Jiménez.

Indicó también que con el operativo se lanza el “Plan Soberanía” que prevé y establece cuidar lo mejor que tiene el país, por lo que se la institución cuidará el precio, volumen y calidad de los hidrocarburos para la familia boliviana.

Por su parte, el comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Jhonny Corrales, señaló que para hacer efectivo el operativo y secuestro de las garrafas de GLP, la institución del orden realizó previamente labores de inteligencia en Quillacollo, donde se pudo evidenciar que existían varios puntos que comercializaban ilegalmente las garrafas.