La Aduana Nacional informó este miércoles que comisó 22 vehículos indocumentados y mercadería de contrabando por un valor de más de Bs 291 millones durante el transcurso del año a nivel nacional.

“La Aduana Nacional comisó más de Bs 291 millones de mercadería de contrabando en lo que va del año”, reportó por medio de un audiovisual difundido por sus redes sociales.

La cifra incluye los operativos recientes efectuados entre el 26 de julio y el 1 de agosto de este año.

De acuerdo con datos oficiales, las acciones contra el contrabando permitieron el comiso de dos camiones con 58 toneladas de maíz valuadas en Bs 300.000 en la localidad de Villamontes del departamento de Tarija.

Además, se interceptó un camión en la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, que transportaba galletas, enlatados, jaboncillos y pañales por un valor de Bs 55.000.

“Se comisaron (también) 19 vehículos y tres motocicletas sin documentación legal en Oruro, La Paz, Cochabamba y Tarija”, menciona el audiovisual de la entidad aduanera.

Un operativo se efectuó en el puente Español del departamento de Oruro, con el resultado de la retención de 50 kilogramos de cámaras fotográficas, filmadoras y radios para vehículos, cuyo costo asciende a Bs 15.000.

El personal de la Aduana Nacional realizó, por otro lado, un operativo en la región de Chayasa del departamento de Tarija, donde comisó dos camiones que transportaban alimento de engorde para ganado con un costo de Bs 265.000.

Las acciones contra el contrabando prosiguieron en el municipio de Warnes del departamento de Santa Cruz y se interceptó un camión que contenía cerveza, semillas de girasol y jugos, entre otros productos, valorados en Bs 418.000.

El jefe departamental del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) en Tarija, Michael Choque, informó este miércoles que en Tarija 53 empresas embotelladoras de agua están legalmente establecidas y cumplen con las normas sanitarias. 

“En Cercado son aproximadamente 45 empresas, las restantes se encuentran en otros municipios del departamento. Estas empresas cuentan con registro sanitario y rinden las condiciones para su comercialización”, indicó Choque, de acuerdo con un boletín. 

Explicó que se realizan inspecciones y notificaciones a empresas embotelladoras de agua en todo el departamento de Tarija, para hacer cumplir las normas que exige la entidad sanitaria y prohibir la comercialización de aquellas que atentan contra la salud de la población.

“Las empresas tienen que someterse a cumplir la normativa en todo el procesamiento, desde la materia prima hasta el embotellamiento, y garantizar la limpieza y pureza de esta agua”, enfatizó el funcionario.

En ese contexto, Choque recomendó a los consumidores que, antes de adquirir un producto alimenticio, revisen el registro sanitario que garantiza su consumo y la fecha de vencimiento, principalmente.

La Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) desmintió este miércoles enfáticamente las versiones publicadas en algunos medios de prensa que señalan que la chilena Empresa Portuaria Arica (EPA) y la concesionaria Terminal Portuaria Arica S.A. (TPA) plantearon de manera directa un acuerdo trianual con el descuento promedio del 38% para 23 servicios en el puerto de Arica y que el gerente ejecutivo de estatal boliviana, Dante Justiniano, haya aceptado estos extremos.

Indicó que el año 2019, luego de una inusual suspensión de atención en el despacho portuario, se impuso un incremento tarifario de 53% a la carga boliviana, situación que se mantiene a la fecha.

Sin embargo, ante la convocatoria de la EPA, la ASP-B ha demostrado desde el inicio, la voluntad de diálogo, constituyendo una comisión de personal técnico para que se presente en la ciudad de Arica, con el objetivo de buscar tarifas óptimas para el comercio internacional boliviano.

En inicio, la EPA comenzó proponiendo un 25% de rebaja sobre sus tarifas públicas, lo que en realidad implicaba un incremento real de 17,5% sobre el actual tarifario aplicable a la ASP-B.

Ante esa propuesta y por todos los antecedentes surgidos en los dos últimos años, la ASP-B propuso una rebaja del 53% sobre el acuerdo de tarifas vigentes, con la finalidad de promover tarifas beneficiosas para el comercio exterior boliviano, la cual fue modificada a 40% en franca muestra de voluntad de diálogo.

Asimismo, planteó la eliminación de la tarifa TSRD 436 “Recepción, Manipuleo y Traslado”, al constituirse en una multa al despacho anticipado y que además estaría en contraposición al Tratado de 1904 y convenios internacionales vigentes.

En contrapropuesta, la EPA planteó un aparente descuento de 28% en relación a las citadas tarifas públicas, que en realidad implicaba un incremento del 16,7% a la tarifa vigente, situación que dio lugar al retorno al país de la comisión técnica para informar a las autoridades de Estado.

La estatal boliviana, en el marco de la reciprocidad y espíritu fraternal, invitó a la EPA a constituirse en la ciudad de La Paz para continuar con el tratamiento tarifario y ante su negativa, el Gerente Ejecutivo de la ASP-B se dirigió a la ciudad de Arica cumpliendo las medidas de bioseguridad con el fin de reunirse en puerto con su homólogo de la EPA, a fin de generar alternativas tarifarias.

Sin embargo, debido a las restricciones sanitarias implementadas en Arica, mismas que no fueron comunicadas por la EPA a momento de requerir la presencia del Gerente Ejecutivo de ASP-B, no se concretaron las reuniones técnicas presenciales, motivo por el cual, el 30 de julio las gerencias de ambas empresas estatales, sostuvieron una reunión virtual (vía Zoom) en Arica.

En esa reunión, ante la presencia del Gerente Ejecutivo de la ASP-B en la ciudad de Arica, la EPA planteó recién una rebaja del 38% de la tarifa pública sin excluir la tarifa TSRD 436, al efecto hizo llegar una propuesta de “Acuerdo de Descuento de Tarifas”, propuesta recibida para el análisis correspondiente, ello debido a las limitaciones sanitarias chilenas, que impidieron su tratamiento de forma inmediata y personal.

La ASP-B, en coordinación con las autoridades nacionales, en contrapropuesta planteó la suscripción de un acuerdo ampliatorio por un periodo de seis meses con la finalidad de analizar y evaluar la propuesta tarifaria de manera técnica, objetiva y concreta “ítem por ítem”, sin ninguna presión ni imposición.

En este contexto, Justiniano dijo: “En honor a la verdad, la ASP-B ratifica la amplitud de diálogo para alcanzar un acuerdo que beneficie al operador del comercio exterior boliviano por el puerto de Arica, como se demostró desde un principio y no claudicará hasta alcanzar un resultado óptimo”.

El presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia (CIDOB), Justo Molina, rechazó este martes la decisión del Comité Cívico Pro Santa Cruz de  respaldar la aplicación de medidas de presión en San José de Chiquitos por la presunta ocupación de terrenos del oriente por parte de los interculturales.

Asimismo, manifestó que los afiliados a esa organización social no participarán en la medida de presión, porque dijo que tiene la intención de confundir a los pueblos originarios y politizar el tema de distribución y tenencia de la tierra.

“Rechazamos de manera categórica cualquier intención de los comités cívicos que quiera confundir y politizar (…). Nosotros no vamos a participar en ninguno de estos llamados porque nosotros no conformamos los comités cívicos”, señaló en una entrevista en el programa “Primer Plano” de Bolivia Tv.

Una Asamblea de la Cruceñidad realizada el lunes determinó respaldar un bloqueo de carreteras anunciado para el 9 de agosto en San José de Chiquitos, en rechazo a la presunta ocupación de tierras de indígenas del oriente por parte de los interculturales.

En ese contexto, Molina dijo que la CIDOB exigirá que el Comité Cívico Pro Santa Cruz se aboque a cumplir sus actividades institucionales y deje sus afanes de confundir al pueblo y de actuar como trampolín político para beneficios particulares.

“Lo que pretenden con esta determinación de los cívicos, acá en Santa Cruz, es legalizar y defender lo que ellos en el gobierno transitorio hicieron titular, sus grandes extensiones de tierras, sin consultar a los pueblos indígenas”, aseveró.

El dirigente mencionó que los miembros del Comité Cívico Pro Santa Cruz son “atropelladores de los derechos y los territorios indígenas para el beneficio de personas extranjeras, grandes empresas y logias”, por lo que ahora sólo quieren utilizar a los pueblos originarios para defender sus intereses personales.