El presidente Luis Arce inauguró este viernes la Cumbre de Reactivación Económica y Productiva de Cochabamba y pidió la presentación de propuestas que permitan impulsar la reconstrucción del potencial regional sobre la base de tres pilares.

“Tres pilares y hasta cuatro pilares para la reconstrucción de la economía cochabambina, que va a jalar al sector de nuestros constructores, al sector de nuestros hermanos gremiales, va a jalar a muchos otros sectores porque hay que encontrar en el diagnóstico dónde está la clave para impulsar y que va a tener un efecto dinamizador y un efecto multiplicador del beneficio de la economía en el resto de los sectores”, dijo, en un acto realizado en la Universidad Mayor de San Simón de la ciudad de Cochabamba.

En su discurso, el jefe de Estado recomendó que las iniciativas tomen en cuenta la necesidad de fomentar la producción y la industrialización para la sustitución de importaciones, en especial en los casos de los insumos y bienes no duraderos que se compra en el exterior.

Recordó que el Gobierno nacional tiene pensado construir en la región una industria farmacéutica, un centro de industrialización de la hoja de coca, una planta para industrializar piña y un complejo para la transformación de la papa, entre otros proyectos.

Además, pidió que las propuestas consideren también la consolidación del proyecto de construcción de la ciudadela tecnológica, que forma parte de una iniciativa surgida hace varios años y “que no está pudiendo aterrizar” para su desarrollo.

“Ahora, la cumbre debería tocarla y debería dar los lineamientos claros de cómo vamos a hacer para ir aterrizando gradualmente en la construcción de nuestro Silicon Valley aquí, en el valle de Cochabamba”, enfatizó.

El mandatario dijo que los planteamientos deben recoger también ideas para el fomento del turismo gastronómico con políticas claras, puesto que puede ser una “piedra fundamental” que beneficie a todo el país.

“Con mucho gusto, el Gobierno nacional acompañará (las propuestas) porque hay que decirlo una vez más al pueblo cochabambino: aquí está su Gobierno nacional para reactivar la economía cochabambina”, relievó.

El jefe de Estado recordó que se precisa despertar el potencial enorme de producción e industrialización que tiene el departamento de Cochabamba, porque el golpe de Estado de 2019 y el gobierno de facto de Jeanine Áñez fueron nefastos para la economía regional, pues el Producto Interno Bruto bajó de $us 3.110 millones a $us 2.756 millones y la tasa de crecimiento registró un -9,7%.

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó este viernes que reanudará operaciones en la Planta de Amoniaco y Urea (PAU) en los próximos días, y que la misma se torna en un pilar importante para la reactivación económica del país, ya que proyecta ingresos de hasta $us 22 millones al mes por la venta de urea y la generación de empleos directos e indirectos.

“Estamos produciendo 1.470 toneladas de urea por día con la planta al 70 por ciento de su capacidad de producción; por lo tanto, hasta fines de septiembre se estima producir 44.000 toneladas y, por el precio de la urea, se proyecta unos 22 millones de dólares de generación de ingresos para el país”, precisó Henry Lapaca, gerente de Industrialización de la estatal petrolera.

De esa producción, un 7% se destinará al mercado interno y el porcentaje restante al mercado externo.

“Antes de la paralización de la PAU ya habíamos logrado reemplazar las importaciones a Bolivia de este fertilizante con producción propia. Considerando el tiempo que la planta dejó de operar, ahora el desafío es desplazar las importaciones del mercado local y recuperar los mercados internacionales que se habían consolidado”, enfatizó Gabriela Delgadillo, gerente de Productos Derivados e Industrializados de YPFB.

El complejo industrial petroquímico, ubicado en Cochabamba, reanudará actividades tras un año y nueve meses de paralización a causa de daños en equipos de punta por parte de personal no calificado, durante el gobierno inconstitucional de Jeanine Áñez, señala un reporte de prensa de YPFB.

En la actualidad, el precio internacional de la urea y su importación es de $us 800 por tonelada, lo que encarece costos para quienes se dedican al agro. Uno de los beneficios tangibles de la producción de urea en Bolivia se sentirá en el bolsillo de los productores agropecuarios, quienes se beneficiarán con precios más bajos.

La expectativa es grande, e instituciones como la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), el sector cañero, distribuidores, agroindustriales, pequeños y medianos productores, entre otros, manifestaron su interés de adquirir urea a YPFB, detalla el informe.

“Otorgamos al agricultor boliviano mejores precios para sus cultivos y así se incentiva a que la demanda crezca porque tenemos un equipo de ingenieros agrónomos que hacen actividad de campo y diferentes capacitaciones, estudios y formas óptimas de usar este producto en los cultivos. Todo esto permite que el agricultor boliviano adquiera hábitos en el consumo del producto”, agregó Delgadillo.

Por otra parte, el Gerente de Industrialización de YPFB puntualizó que Bolivia gana con la generación de empleos ya que en la planta trabajan casi 500 personas, de las cuales, 240 fueron recontratadas tras haber sido despedidas durante la pasada administración y que se ocupa el 90% de mano de obra y profesionales nacionales.

“La reactivación de la PAU consolida fuentes de trabajo directas, genera movimiento económico y además empleo indirecto”, destacó.

Respecto al mercado externo, Bolivia ya exportaba el producto a cinco países. Pese a que se perdió la credibilidad en los mercados ganados tras la paralización de la PAU, se trabaja para recuperarlos y, para este objetivo, la excelente calidad del producto es una de las grandes ventajas sobre otros fertilizantes.

“Ya tenemos 10.000 toneladas de urea adjudicadas al mercado de Brasil y el contrato de esta venta está en proceso de firma. Se adjudicó este lote a una empresa brasileña que ya era cliente. Hay muchas empresas bastante interesadas”, dijo la gerente Delgadillo.

Para lo que resta de 2021, hay una estimación de venta de urea de hasta 150.000 toneladas, de esa cantidad, se comercializarán 25.000 toneladas en Bolivia y 125.000 toneladas en el mercado externo, lo que refuerza la labor para que Bolivia y su economía se fortalezcan, concluye en reporte.

El viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales, informó este viernes que el Estado boliviano dejará de percibir alrededor de Bs 400 millones en impuestos, con la aplicación de la Ley 1391 de Incentivos Tributarios, que fomenta la importación de bienes de capital y que entrará en vigencia el 10 de septiembre.

"Nosotros vamos a sacrificar más o menos 400 millones de bolivianos en impuestos; o sea, eso vamos a dejar de percibir como Estado, pero eso se tiene que reflejar en una mayor inversión por parte del sector que vaya a hacer, eso se va a reflejar en una mayor producción, en una mejora productiva", dijo en contacto con Bolivia Tv.

El miércoles, mediante una nota de prensa, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó que el Gobierno promulgó la Ley 1391 de Incentivos Tributarios, que fomenta la importación de bienes de capital.

Es decir que, con la aprobación de esta norma, "se da luz verde para importar bienes de capital con exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y tasa cero del IVA para la comercialización de estos insumos en el mercado interno".

Al respecto, el Viceministro de Política Tributaria explicó, en contacto con Bolivia Tv, que esta ley, reglamentada mediante Decreto Supremo (DS) 4579, se aplicará desde el viernes 10 de septiembre y estará vigente por un el lapso de un año; es decir, hasta el 10 de septiembre de 2022.  

Con el IVA del 0%, se podrá importar y comercializar maquinarias de las áreas agrícola, minera, construcción, textil, carpintería, jardinería, además de camiones frigoríficos y plantas industriales, indicó.

Con esto, el Estado boliviano lo que hace es apoyar y beneficiar a los sectores: agrícola, construcción, minería, textil, panadería, madera, a la micro y pequeña empresa, que opera en el territorio nacional, señaló.

"Lo que estamos haciendo es apoyar al sector bajándoles, ayudándoles, en el costo de la compra (de bienes de capital), en sus costos, y con eso poder impulsar ese sector, esa es la idea, ese es el propósito", enfatizó.

La tarde del jueves, el director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Santa Cruz, Adalberto Rojas, junto a un equipo técnico jurídico, se trasladó hasta la Comunidad Campesina Agropecuaria El Quebracho, a 60 kilómetros del municipio de San José de Chiquitos, para realizar una inspección ocular debido al desalojo ilegal de la que fue víctima esta comunidad.

Ante esta situación irregular, Rojas aseguró que no se permitirá poner en entredicho la institucionalidad agraria, por tanto, se trabajará con las autoridades competentes y se tomarán las acciones legales correspondientes contra los agresores y avasalladores. “Nuestra función es proteger y hacer respetar las resoluciones legales de asentamiento, emitidas por el INRA, mucho más a comunidades antiguas que viven del trabajo de la tierra”, dijo la autoridad

Por su parte, el representante de la comunidad El Quebracho, Alcario Medina Salazar, señaló que las amenazas de desalojos son recurrentes desde hace algunos años de parte de la comunidad Urkupiña. Indicó que “ellos están respaldados por el comité cívico regional, y desde hace una semana, nos amenazan todo el tiempo, y han agredido físicamente a dos de mis compañeros, cortaron todo el alambrado que divide los predios, tumbaron los postes y sacaron el letrero de la comunidad, a pesar que nosotros contamos con resolución de asentamiento”.

En defensa de la comunidad agredida, el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional de la Gran Chiquitania, Hebert Justiniano, dijo que más del 80% de la comunidad El Quebracho son cruceños, por tanto, el conflicto está motivado por intereses económicos y por tener mayor cantidad de tierra.

“Ellos están respaldados por diputados de la brigada parlamentaria cruceña y el comité cívico provincial, quienes fueron a agredir y destrozar los linderos que dividen los predios en conflicto”, aseguró el dirigente.

La Comunidad Campesina Agropecuaria El Quebracho, ubicada a 45 kilómetros del municipio de San José de Chiquitos, la componen 48 familias vivientes, oriundos de la zona, que se dedican al trabajo rural, que cuenta con Resolución de Asentamiento emitido por el INRA, de acuerdo con el informe RES-DTF N° 083/2012 del 7 de diciembre del 2012.