Un día como hoy, el 20 de mayo de 2020, el entonces ministro de Salud, Marcelo Navajas, era aprehendido por el caso Respiradores. En un año, la lucha contra la pandemia del COVID-19 en Bolivia pasó de las restricciones y hechos de corrupción en el régimen de Jeanine Áñez a las medidas de prevención y vacunación masiva en la gestión del presidente Luis Arce.

En 2020, Bolivia enfrentaba una pandemia desconocida para el mundo. En ese contexto de la emergencia sanitaria, el 14 de mayo, durante su régimen, Áñez hizo entrega de 170 respiradores de procedencia española de la marca Respira a través del intermediario IME Consulting.

En un acto oficial en el Hospital Japonés de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, dijo: “Hoy, llegaron 170 respiradores artificiales al país y dejamos 30 en Santa Cruz por ahora. Nuestro Gobierno hace los mayores esfuerzos por cumplir con los hospitales, médicos y enfermeras, para que tengan las condiciones de atender a los pacientes con coronavirus. También, llevamos equipos de laboratorio y vamos a trabajar porque necesitamos más”.

Al día siguiente, las denuncias de presuntas irregularidades para la adquisición de los equipos no se dejaron esperar, sobre todo en las redes sociales. Se priorizó la corrupción antes que la vida de los bolivianos. Ante las alertas, trabajos de fiscalización con participación de la Policía y el Ministerio Público al proceso de contratación de los 170 respiradores hallaron irregularidades.

La Dirección General de Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional corroboró que la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), entidad contratante de los equipos con fondos de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), no convocó a representantes de la cartera de Estado para participar en la fiscalización de dicho proceso.

Solicitó a la Aisem la información sobre el proceso de contratación; sin embargo, recibió la respuesta de que no se contaba con la documentación, debido a que la compra fue hecha de manera directa y en coordinación con el Ministerio de Salud, según información oficial del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

El Decreto Supremo N° 4174 del 4 de marzo de 2020 establecía que el Ministerio de Salud podía, de manera excepcional, efectuar la contratación directa de medicamentos, dispositivos médicos, insumos, reactivos, equipamiento médico y servicios de consultoría de personal en salud en la emergencia de salud pública.

En ese contexto, el 19 de mayo, se identificó que el entonces director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela fue, desde el sábado 09 de mayo, parte de la coordinación con el objetivo de apresurar las gestiones para la contratación, incluso, llegando a estar físicamente en la Aisem los días 11, 12 y 13 de mayo, coordinando de manera personal todo el proceso de adquisición de los respiradores.

Ese martes 19, se aprehendió a Valenzuela con apoyo de la Policía y la Fiscalía Departamental de La Paz para que se lleven adelante las investigaciones por las irregularidades en la compra de los 170 respiradores. Un día como hoy, el 20 de mayo de 2020, el entonces ministro de Salud, Marcelo Navajas, fue aprehendido también. A la lista de investigados, se sumaron el empresario e intermediario de la compra, Fernando Humérez; el entonces cónsul de Bolivia en España, Alberto Pareja; Pau Sarsanedas, Gerente de la GPA Innova, e Iñaqui García, de la empresa IME Consulting, entre otros. Las investigaciones continúan.

El 7 de mayo de 2021, el exministro de Salud, Marcelo Navajas, quien se encuentra con detención domiciliaria, dijo, en una declaración ampliatoria ante la Fiscalía, que Jeanine Áñez y el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, están involucrados en el caso de los respiradores españoles.

Su abogado Osvaldo Zegarra reveló que Murillo presionó a la Aisem para la compra de los 170 respiradores y que junto a Áñez presentaron los equipos en Santa Cruz, en mayo de 2020, sin consentimiento de Navajas por un afán mediático durante la cuarentena rígida.

El precio por respirador, según GPA Innova, es de $us 10.421 sin accesorios; sin embargo, el régimen acordó un pago de $us 27.683 por cada equipo a intermediarios. Pagó un adelanto de $us 2,2 millones de los $us 4,7 millones.

Luego, se conoció que los equipos no eran aptos para terapia intensiva, sino para atención en ambulancias y terapia intermedia.

Si bien ese caso fue uno de los más polémicos debido a que se descubrió en plena emergencia sanitaria, en marzo de 2021, la Fiscalía Departamental de La Paz imputó formalmente a la exministra de Salud, Eidy Roca, por la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en el caso de otros respiradores, esta vez de procedencia china.

Se la investiga porque la exautoridad firmó presuntamente de forma irregular el anexo dos de enmienda al contrato de la compra de 344 respiradores chinos, en 2020, respecto a las especificaciones técnicas a pesar de que ella tenía conocimiento de que la propuesta de la empresa Grupo AGEM Ingeniería y Proyectos SAU Sucursal Bolivia tenía 40 observaciones.

Abandono de insumos y equipos médicos donados

Durante el régimen de Áñez, también se identificaron casos como el de insumos y equipos médicos donados para reforzar la lucha contra el COVID-19 que fueron abandonados en plena pandemia y emergencia sanitaria.

Es el caso de 10.000 barbijos para las FFAA, entregadas en la Embajada boliviana en Beijín por Peng Chen, representante de la empresa china National Aero Technology Import and Export Corporation (CATIC) a principios de abril de 2020.

La legación diplomática envió una nota a la entonces canciller Karen Longaric solicitando hacer las gestiones pertinentes para el envío de esos insumos al Estado Plurinacional. Según un reporte del Ministerio de Relaciones Exteriores, la entonces titular no respondió a esta solicitud y la donación quedó en dependencias de la misión diplomática boliviana.

Dos meses después, llegaron al mismo destino cinco respiradores no invasivos y 500 trajes de bioseguridad donados por la empresa china Venere Import and Export Co. Ltd. y entregados por su Vicedirector Ejecutivo, Wang Yong.

Como en la anterior ocasión, la Embajada boliviana envió una nota a la entonces canciller Longaric, pidiendo que haga las gestiones necesarias ante el Ministerio de Salud para viabilizar la llegada de esos materiales a Bolivia, el 10 de junio.

El 23 de junio, la Misión diplomática boliviana envió otra nota a Longaric recordándole la nota del 10 de ese mes y solicitando el nombre de una persona de contacto en Bolivia para los trámites aduaneros en China a requerimiento de Venere.

Y fue el 6 de noviembre cuando la Cancillería hizo efectiva la solicitud ante la Embajada en Beijín, a través de una nota en la que solicita los documentos de las empresas Venere y Air Sea Worldwide.

De las restricciones a la prevención

El presidente Arce fue posesionado el 8 de noviembre de 2020 ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Durante los primeros seis meses de gobierno se aplicaron medidas para contrarrestar la triple crisis en busca de la reconstrucción de Bolivia y su estabilidad tras el golpe de Estado de 2019.

Logró un respaldo nacional del 55,11% de votos válidos como candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones presidenciales del domingo 18 de octubre, según los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Desde el 8 de noviembre, Bolivia ingresó en un proceso de reconstrucción nacional ante las crisis política, sanitaria y económica ocasionadas por el golpe de Estado de 2019.

Ante un contexto marcado por el avance acelerado de la segunda ola de contagios por la pandemia del coronavirus, el Gobierno adoptó medidas integrales en base a tres pilares, en contraste a lo que el gobierno de Jeanine Áñez hizo el 2020.

El primer pilar está basado en el testeo masivo para identificar los contagios y disminuir la letalidad. El diagnóstico temprano permite atacar la enfermedad en sus primeras manifestaciones y no cuando los daños son severos y, en muchos casos, irreversibles.

El segundo pilar de esta estrategia se enmarcó en la gestión de las vacunas. El Gobierno asumió en 2020 como una prioridad la vacunación universal, gratuita y voluntaria contra el COVID-19 de todas y todos los bolivianos mayores de 18 años.

El tercer pilar del plan estratégico es la coordinación con todos los niveles subnacionales de gobierno. Se caracteriza por el trabajo en conjunto, coordinado y asumiendo las competencias que tienen cada nivel gubernamental sin distinciones políticas.

Entre los avances en la lucha contra la pandemia, se destaca también la reducción del índice de letalidad en el territorio nacional. Se retomó la educación para los estudiantes mediante diferentes modalidades. 

Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Johns Hopkins University demuestra que, en los últimos tres meses, Bolivia experimentó una reducción significativa de casos y muertes por COVID-19, por cada 100.000 habitantes.

“Durante la primera ola, el 2020, Bolivia tuvo en promedio letalidad del 6,4 por ciento y en esta segunda ola la tasa de letalidad se mantiene en 2,4 porciento, felicitamos al Gobierno boliviano por las labores preventivas en el primer nivel de salud y acciones rápidas para detectar los contagios que ahora dan estos resultados alentadores”, dijo el asesor y especialista en sistemas y servicios de salud de la OPS/OMS, Julio Pedroza.

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, explicó que los datos de la OMS/OPS establecen que Bolivia reporta, hasta abril de 2021, una mejor lucha contra la pandemia con relación a los países circundantes.

“En los últimos tres meses, Bolivia ha experimentado una reducción significativa de casos y muertes por COVID 19, por cada 100.000 habitantes, con relación a los países vecinos como Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Brasil, quienes se han mantenido en niveles dos a cuatro veces mayores e incluso aumentando su progresión”, expresó.

En diciembre de 2020, el Gobierno firmó un contrato con Rusia para el abastecimiento de 5,2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V. El objetivo fue suministrarlas de forma gratuita y voluntaria a la población boliviana en la campaña de inmunización.

El 28 de enero, Bolivia recibió 20.000 vacunas rusas y, al día siguiente, comenzó con la inmunización masiva. Ahora, la campaña continúa con la ampliación de puntos, días y horarios de inoculación. Además, el Estado adquirió las vacunas Sinopharm y las AstraZeneca. Actualmente, se prioriza a personal de salud, personas con enfermedad de base, mayores de 50 años y profesionales que luchan en primera línea contra el COVID-19, como los periodistas.

El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) tiene planificado beneficiar, hasta octubre, a 7.180.428 personas con la campaña de vacunación. De ese total, en una primera fase, 179.667 corresponden a personal de salud; 1.317.561, a personas con enfermedad de base; 1.191.515, a personas de 60 años.

Además de la vacunación masiva, ya existen acuerdos avanzados entre el Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia y el Gobierno de Rusia para la producción de la vacuna Sputnik Ligth, trabajo que se tendrá completado en el curso de los siguientes meses.

Bolivia dio un salto tecnológico el miércoles de esta semana con la puesta en funcionamiento de su secuenciador tras recibir un lote de reactivos que darán pie al inicio de las pruebas de secuenciación del genoma de SARS-CoV-2, es decir, que podrá detectar y estudiar las nuevas variantes o cepas del virus en el país, sin la necesidad de recurrir a laboratorios internacionales.

En la evaluación de sus seis primeros meses de gobierno, el presidente Luis Arce destacó los resultados de la lucha contra la pandemia del COVID-19, la reactivación económica y de la educación.

“Está claro que estamos en la dirección correcta, estamos avanzando y de esto, por supuesto, vamos a salir. La luz al final del túnel está cada vez más cerca, estamos viendo con más claridad este hecho felizmente para todos, porque nos va bien, nos va bien a todos”, sostuvo.

El miércoles 19 de mayo, durante la inauguración del coliseo cerrado Evo Morales Ayma en el municipio de Incahuasi del departamento de Chuquisaca, indicó: “En algunos lugares sigue la educación a distancia; en otros, ya estamos con educación semipresencial e inclusive en varios municipios donde está bien controlada la pandemia ya están pasando clases presenciales; por eso, es muy importante que se controle la pandemia; el segundo problema que heredamos cuando inmediatamente nos hemos posesionado como gobierno fue el de luchar contra la pandemia, para eso, nuestra estrategia es muy diferente a la del anterior del Gobierno golpista”.