Adolfo Mendoza, presidente del Parlamento Andino, advirtió este martes que el relato de fraude electoral, aplicado por la extrema derecha política en las elecciones de 2019 en Bolivia, podría repetirse en Perú, luego de que preliminarmente se conoce que Pedro Castillo obtuvo el triunfo en el balotaje sobre su rival Keiko Fujimori.

“Las corrientes que apoyan a Keiko Fujimori especialmente los medios de comunicación, que son grandes propagandistas de algunas corrientes políticas, andan insistiendo ya en la figura del fraude y además que Castillo estaría llamando a la violencia, entonces son dos elementos que en verdad preocupan, primero que se repita el relato de fraude como una tónica que ya la hemos visto con (Donald) Trump en Estados Unidos (EEUU) y la hemos visto con el señor Carlos Mesa el 2019 en Bolivia”, recordó.

Asimismo, expresó su preocupación por el discurso de descalificación a la gente del campo y de lo nacional popular por parte de algunas opciones de la derecha política peruana.

“Lo más preocupante de todo esto es que ponen en duda los resultados electorales, ponen en duda el trabajo de la autoridad electoral y ponen entonces en duda su propia democracia, esto es muy grave, las organizaciones de la derecha están jugando peligrosamente a generar una nueva desestabilización política en Perú”, manifestó en contacto con radio Cepra. 

De acuerdo a la última actualización de los resultados de las elecciones en Perú, hasta las 17h48 (hora boliviana), Castillo tiene una diferencia de 82.795 votos respecto a Fujimori. El candidato de Perú Libre tiene el 50,24% y la candidata de Fuerza Popular el 49,76%.

El diputado Héctor Arce (MAS) solicitó este martes al Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC) a tomar una decisión respecto a autoridades ediles acusadas por nepotismo, en particular sobre el caso del alcalde Manfred Reyes Villa (padre) y el concejal Manfred Sergio Reyes Villa Avilés (hijo), ambos de la alianza política Fuerza Republicana Democrática Nacional “Súmate”.

“(El caso) está en manos del Concejo Municipal, ellos deben valorar, evaluar y revisar si hay incompatibilidad sobreviniente. Ellos deberán tomar la decisión de suspender o no a uno de los miembros (de la alcaldía) Manfred Reyes Villa padre y Manfred Sergio Reyes Villa hijo”, mencionó.

Según el legislador, un informe de la Contraloría General del Estado (CGE) del pasado 25 de mayo, explica que existe incompatibilidad sobreviniente, porque el Concejo Municipal debe realizar fiscalización al alcalde y un “hijo no puede fiscalizar a su padre” ya que se trata de un caso de nepotismo entre el primero, alcalde de Cercado y el segundo, concejal municipal, por los vínculos sanguíneos en primer grado.

El informe deja en manos del Órgano Deliberante “para considerar una regulación específica sobre la imposibilidad material de fiscalización por un cónyuge y o pariente a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la ciudad, así como pronunciarse sobre la viabilidad o no de la suspensión de la autoridad electa, que debe cumplir labores de fiscalización en tanto dure la causal de impedimento material de fiscalización”.

Arce mencionó que el informe de la CGE se sustenta en la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley Marco de Autonomías, la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, la Ley del Estatuto del Funcionario Público, el Decreto Edil 031/2021, Código de Procedimiento Penal y en jurisprudencias constitucionales “que hacen referencia a que no hay posibilidad que un familiar cercano, o esposo - esposa, hijo - hija, o entre hermanos, exista ese rol de fiscalización”.

Arce indicó que el documento emitido por la CGE ya se encuentra en las oficinas administrativas de esa instancia municipal.

Para reducir el alto grado de impunidad en casos de feminicidio, la Comisión Especial Mixta de Investigación en la Retardación de Casos de Feminicidio de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), este martes conminó al Consejo de la Magistratura a que brinde información sobre el estado de 26 auditorías de investigaciones de feminicidios que datan del año 2013 en La Paz.

“En total tenemos 26 auditorías jurídicas en La Paz, de las que hemos solicitado información para establecer el estado de cada caso, porque hasta el momento no cuentan con sentencias ejecutoriadas. Las familias piden justicia y que los casos no queden en la impunidad”, señaló la diputada Estefanía Morales, presidenta de la Comisión.

Tras una reunión sostenida entre miembros de esa instancia legislativa y representantes del Consejo de la Magistratura, se determinó establecer un plazo máximo de tres meses para entregar los datos solicitados.

“Estos casos son desde la promulgación de la Ley 348 en 2013 hasta 2019. Este seguimiento nos lo han solicitado las familias de las víctimas, a través de una nota escrita, donde nos indican que no existe celeridad. Muchas veces los jueces suspenden las audiencias y las familias de las víctimas ya no tienen recursos para contratar un abogado para que haga seguimiento a la investigación”, añadió Morales.

Dijo que, en el marco de su atribución de fiscalización, la Comisión Mixta llevará adelante el control y seguimiento a un total de 69 auditorías jurídicas de feminicidios reportados en todo el país.

“No queremos que ningún caso quede en la impunidad. Hoy es en La Paz, mañana en Tarija, y así estaremos en los nueves departamentos. Vamos a trabajar de la mano con las familias”, subrayó la legisladora.

Por mandato de la ALP, desde noviembre de 2020, la Comisión lleva adelante gestiones necesarias para determinar las causas de retardación de justicia en hechos de feminicidio. Al finalizar la primera etapa de investigación, la instancia legislativa elevará un informe con propuestas que coadyuven en la pronta y oportuna resolución de los casos por parte de los operadores de justicia, según un boletín de prensa institucional.

Desde 2013 a mayo de 2021, se registraron 829 feminicidios en el país, 52 corresponden a la presente gestión. Del total de casos, 509 cuentan con sentencia ejecutoriada y 319 continúan en investigación.

Legisladores nacionales compararon este martes la gestión de Carlos Mesa y Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) con la de Jeanine Áñez y Arturo Murillo, porque en ambas hubo muerte de bolivianos y bolivianas, tanto en las masacres de octubre de 2003 como en las de Senkata y Sacaba de 2019.

El senador pandino Adolfo Flores recordó que, en su calidad de vicepresidente, Mesa acompañó a Goni en los conflictos y posterior masacre de octubre de 2003. Aunque renunció, también se negó a ser testigo de cargo el 2017, en el juicio que una corte federal de Estados Unidos instauró contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín.

“Recordemos al señor Mesa que no ha tenido la dignidad, no ha tenido la transparencia de ir y presentarse ante la justicia estadounidense, no ha viajado a apoyar a las víctimas del 2003, donde él era vicepresidente en esa masacre de más de 65 personas víctimas de su autoridad, cuando él era vicepresidente. Les ha dado la espalda a las víctimas”, rememoró.

En ese sentido, el legislador dijo que ahora, Mesa actúa de la misma manera, dando la espalda a las víctimas de Senkata y Sacaba.

“Con seguridad que les va a dar la espalda a las víctimas actualmente, con qué esperanza vamos a querer que declare, que hable de juicio de responsabilidades de las masacres de Senkata y Sacaba, si él no ha tenido la valentía de acudir a los juzgados de Estados Unidos”, subrayó.   

Por su parte, el diputado alteño Sandro Ramírez dijo que, si Mesa quiere hacer alguna comparación entre el gobierno de facto y el gobierno democrático de Luis Arce, debería recordar su complicidad en la masacre de 2003.

“Quiero entender que el señor Mesa quiere olvidarse del pasado, cuando él ha sido cómplice del 2003, y el 2019 también es cómplice, porque él es quien ha promovido el golpe de Estado. El gobierno de Áñez junto a Carlos Mesa son tan culpables de las masacres de Senkata y Sacaba”, manifestó.

Ramírez también le recordó a Mesa su negativa de colaborar con las víctimas de la masacre de octubre de 2003, cuando el 2017 envió un memorial a la corte federal excusándose de asistir como testigo en el proceso contra Goni.

“Cuando a él le han pedido su declaración en Estados Unidos ¿qué ha hecho?, no ir a brindar su testimonio, eso significa que reconoció su complicidad en la masacre de 2003; ahora, nuevamente, incurrió en complicidad llamando a la violencia el 2019. Por eso decimos que Carlos Mesa es tan culpable de todos los hechos sangrientos vividos el 2019 y 2020”, sostuvo el legislador.   

Por su parte, el diputado Juanito Angulo afirmó que las gestiones de gobierno de Mesa y Áñez no solo tienen similitud por las masacres de Senkata y Sacaba, sino también por los actos de corrupción.

“El señor Carlos Mesa es parte de la corrupción, durante su gestión con el MNR, como vicepresidente y luego como presidente, ha cometido varios hechos irregulares de corrupción como los gastos reservados que ha ocultado quemando todos los documentos para esconder todo lo que han cometido, entonces es lo mismo que (Jeanine) Áñez”, subrayó.