La madrugada de este viernes, la Cámara de Diputados aprobó, por mayoría absoluta, la “Declaración Camaral que expresa enfáticamente su enérgico y categórico rechazo al bloqueo económico, financiero y comercial que el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica impone a la hermana república de Cuba”.

La declaración plantea el rotundo rechazo del Gobierno boliviano a EEUU por mantener el bloqueo económico a Cuba, pese a la emergencia sanitaria mundial debido a los contagios por COVID-19. La política norteaméricana atenta contra los derechos humanos, indica parte del contenido.

La normativa apela a la solidaridad de los legisladores del país del norte para que levanten las medidas establecidas contra del pueblo cubano con el fin de mantener buenas relaciones bilaterales entre ambos países.

A 60 años del bloqueo económico de Estados Unidos, la población cubana no puede comercializar, comprar, vender o tener relación comercial con el mercado del norte.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada en su estación en grande y detalle, por mayoría absoluta, el proyecto de Ley N° 208/2020-2021, de “Fortalecimiento para la lucha contra la corrupción”. La sesión se extendió más de ocho horas.

La norma aprobada tiene por objeto fortalecer los mecanismos y procedimientos establecidos en la Ley N°004 “Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas ‘Marcelo Quiroga Santa Cruz y del Código del Procedimiento Penal”.

Ante el Pleno, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, expuso los motivos y detalles del proyecto normativo dónde enfatizó que no afecta los principios de constitucionalidad, claramente establecidos en la Carta Magna.

“El proyecto de Ley será una norma que no busca la impunidad; más bien, es todo lo contrario, es una norma que busca una justicia eficaz y eficiente. También, debo recalcar que una ley no puede modificar la Constitución Política del Estado, no afecta los principios de constitucionalidad”, afirmó el ministro.

El diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP), Jhonny Pardo, ponderó las cualidades de la normativa en tratamiento y destacó que la misma fue suficientemente socializada con sectores sociales del país.

El proyecto de ley consta de seis artículos, una disposición abrogatoria y derogatoria, y una disposición final.

Tras la aprobación del pleno, la propuesta legislativa será remitida a la Cámara de Senadores para su respectiva revisión.

La jefa de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados, Estefanía Morales, solicitó al Ministerio Público convocar en calidad de testigo al exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, por su participación en el golpe de Estado de 2019.

“Hay varios políticos como el señor Jorge Quiroga, Fernando Camacho, Samuel Doria Medina y el propio exrector de la universidad Waldo Albarracín, que fue parte del golpe de Estado. Esperemos que el Ministerio Público pueda notificarlos en calidad de testigos a estas personas para aclarar y dar con los responsables del golpe de Estado”, manifestó.

Albarracín durante los conflictos del 2019, previos a la renuncia del expresidente Evo Morales, fue denunciado por la Policía de haber autorizado el uso de espacios de la universidad para esconder escudos de fierro, máscaras y explosivos. Aunque salió a desmentir la denuncia, circuló un video en el que se ve a personas bajando de una camioneta escudos que son llevados a interior del coliseo universitario.

“El pueblo quiere respuestas claras de quienes fueron los artífices de este caso, del golpe de Estado, porque no es fácil cerrar como un libro de historia, porque hubo muertos y muchas personas detenidas nueve y diez meses y hasta ahora no hay respuesta porque se vulneraron sus derechos”, enfatizó Morales.

La activista María Galindo, en su columna de opinión censurada por un matutino paceño, reveló que Albarracín participó en la cita convocada por la Iglesia Católica en oficinas de la Universidad Católica Boliviana (UCB), en la avenida 14 de Septiembre de Obrajes, además de que la decisión de que Jeanine Áñez asuma la presidencia de facto fue tomada en esa reunión.

La ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, informó este jueves que la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, un proyecto de ley que autoriza un crédito de 100 millones de euros, cerca de $us 109 millones de dólares, de la Agencia Francesa de Desarrollo, para reponer el dinero erogado por el Tesoro General de la Nación (TGN) en 2020 para el pago de los bonos Familia y Canasta. 

“Este crédito es otorgado por la Agencia Francesa del Desarrollo y está destinado a reponer dinero erogado por el TGN para atender, durante el 2020, el pago de los bonos Familia y Canasta”, manifestó, citada en una nota de prensa institucional. 

El instrumento legal fue aprobado por el pleno de la Cámara Baja tras cinco horas de debate y una explicación sobre los detalles y los alcances del crédito presentada por la Ministra. 

La autoridad estatal manifestó a los legisladores que el dinero permitirá “cubrir la brecha y el vacío financiero” generado en el país a partir de la cancelación de ambos bonos durante el régimen de Jeanine Áñez. 

“Estos recursos ya han sido erogados en la gestión anterior, por tanto, esta operación crediticia tiene el objetivo de apoyar presupuestariamente al TGN, cubriendo este requerimiento que en algún momento, en la gestión anterior, ha sido utilizado para cancelar los bonos. Este tipo de operaciones financieras se denomina reposición”, indicó. 

Además, manifestó que la operación crediticia será ejecutada y administrada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en caso de que sea aprobada en la Cámara de Senadores. 

Sobre las condiciones del crédito, Mendoza detalló que se tendrá un plazo de amortización de 15 años, con cinco años de gracia. 

“El vencimiento de pago de cuota será por semestre vencido, la cuota de pago capital son cinco millones de euros que se hará a partir de enero de 2026, a junio de 2035; la tasa de interés será 0,75%, lo cual es prácticamente concesional”, agregó. 

El convenio es válido a partir de la recepción por parte de la Agencia Francesa de Desarrollo de una copia certificada de la aprobación de la  respectiva ley.