Bolivia convive un año con la emergencia sanitaria más grave de la historia moderna. El virus del COVID—19, que detuvo al mundo, provocó miedo, muerte, corrupción y una oportunidad para fortalecer el sistema de salud en el país.
El 10 de marzo de 2020, Oruro y Santa Cruz fueron los epicentros de atención nacional debido a los dos primeros casos confirmados de COVID-19: dos mujeres de 60 y 64 años, respectivamente, cuyo historial de viaje reportó presencia en Italia, país que ese entonces vivía una transmisión comunitaria del virus.
Emergencia en cuarentena total
Dos días después de ser confirmados los primeros casos, el 12 de marzo de 2020, mediante Decreto Supremo Nº 4179, el régimen de Jeanine Áñez declaró situación de emergencia nacional por la presencia del COVID-19 en el país. Desde entonces, en la primera ola, se aplicó una estrategia basada en la restricción.
A partir del 22 de marzo, rigió en todo el territorio nacional una cuarentena total aplicada por el Decreto Supremo N° 4199. La norma determinó que los estantes y habitantes en Bolivia debían permanecer en sus domicilios o en la residencia que se encuentren durante el tiempo que dure la cuarentena total.
Solo se podía realizar desplazamientos mínimos e indispensables una persona por familia en el horario de la mañana de 07.00 a 12.00 del mediodía, a fin de abastecerse de productos e insumos necesarios en las cercanías de su domicilio o residencia.
Si bien existía la posibilidad de que cada familia acuda a los centros de abasto mediante un integrante, según la numeración de carnet por día, no todas las familias contaban con recursos económicos necesarios para responder a sus necesidades debido a las restricciones.
Las personas que incumplían con la cuarentena total eran sancionadas con uno a 10 años de cárcel. Además, el régimen advirtió con privar la libertad de los funcionarios públicos que incurran en incumplimiento de deberes pese a la emergencia sanitaria.
En ese contexto, el 29 de marzo se registró la primera muerte a causa de coronavirus en el país. Una mujer de 78 años falleció en Santa Cruz por un distrés respiratorio severo, neumonía típica y coronavirus positivo. La víctima contrajo el virus por contacto con una familiar que llegó del exterior del país. Semanas después, se registraron más muertes, incluso extrahospitalarias en los domicilios, en las inmediaciones de los centros de salud, las calles y en los autos.
La gestión de Áñez contra el COVID-19 estableció, por Resolución del Ministerio de Salud, que toda compra de equipos, materiales e insumos, así como medicamentos, se los ejecute a través de instancias descentralizadas como la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (Ceass), Unidad de Gestión de Proyectos (Ugespro), dejando a la cartera de Estado la función política y técnica.
En ese proceso, en mayo de 2020, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional informó que el trabajo de fiscalización que realizó de oficio al proceso de contratación de los 170 respiradores de procedencia española encontró irregularidades cometidas por la Agencia de Infraestructura de Salud y Equipamiento Médico (AISEM), institución bajo tuición del Ministerio de Salud. La situación alertó para que la Policía y el Ministerio Público coadyuven en las investigaciones.
La verificación a los procesos de contratación de la AISEM comenzó mediante el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción el 15 de abril de 2020, debido a que dicha entidad descentralizada del Ministerio de Salud estaba desarrollando procesos de contratación de manera directa.
Se pudo identificar el despido en la AISEM de funcionarios que observaron el proceso de contratación de los 170 ventiladores así como a la contratación de manera excepcional de un vuelo chárter para transportar los ventiladores desde España hasta Bolivia a pesar de que el contrato de suministro de los ventiladores consideraba que la empresa debía entregarlos en la Aduana de Santa Cruz.
En junio de 2020, el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó un informe final que presentó la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Adquisición de Respiradores, Insumos y Equipos de la Lucha y determinó remitir una copia a la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar acciones penales por corrupción. Como resultado del caso funcionarios públicos fueron privados de libertad, entre ellos, el ahora exministro de Salud, Marcelo Navajas.
El presidente de esa comisión, Ciro Zabala, dijo, un mes después, que se comprobó una flagrante corrupción en la compra de los respiradores. Aseguró que se constató una compra con sobreprecio y que los equipos no son aptos para enfrentar la pandemia. Aseveró que la compra fue financiada sin autorización del Legislativo con recursos provenientes de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que estaba destinado al programa de mejora en la accesibilidad a los servicios de salud materna y neonatal en Bolivia.
Estrategia de tres ejes y vacunación masiva
Luego de ganar en las urnas con el 55,11%, Luis Arce asumió las riendas del país el 8 de noviembre de 2020. Desde ese primer día de gobierno, tuvo como desafío enfrentar la crisis sanitaria, es esta vez en una segunda ola.
Aplicó una estrategia de lucha contra el COVID-19 con tres pilares: la vacunación masiva, la inmunización a partir de la población de acuerdo a riesgo y la coordinación con los distintos niveles de Estado con participación de la sociedad a través de sus organizaciones.
El Gobierno adoptó medidas integrales ante el avance acelerado de la segunda ola de contagios por la pandemia del COVID-19. Adquirió 2,2 millones de pruebas, de las cuales 1,6 millones corresponden a las antígeno nasal y 556.027, a reactivos para PCR.
La adquisición de vacunas, pruebas diagnósticas, medicamentos, dispositivos médicos, insumos, reactivos, equipamiento médico, así como otros bienes, obras y servicios, para la contención, diagnóstico y atención del COVID-19 fue posible mediante la contratación directa.
“Hemos empezado con las pruebas antígeno nasal, una prueba rápida de 15 minutos (al paciente) y sabe si tiene o no tiene coronavirus. Y, en coordinación con la Alcaldía y la Gobernación, se lo aísla para que no ingrese a terapia intensiva que es el error que se cometió anteriormente”, dijo el presidente Luis Arce en el acto oficial de vacunación masiva en Sucre.
El diagnóstico temprano permitió hacer frente a la enfermedad en sus primeras manifestaciones de manera oportuna en varias regiones del país. Tuvo como resultado la identificación temprana de contagios y la disminución de la letalidad.
También, destacaron resultados de gestión como los contratos con laboratorios como Gamaleya de Rusia y el Instituto Serum de la India para acceder a vacunas Sputnik V garantizando 5,2 millones de dosis y AstraZeneca (Oxford) con 5 millones de dosis, además de haber logrado acceder a vacunas a través del mecanismo COVAX, lo que significa 5,1 millones de dosis.
El 28 de enero, Bolivia se convirtió en el segundo en la región en recibir las vacunas Sputnik V después de Argentina y uno de los primeros en el mundo. Esa jornada, recibió 20 mil vacunas Sputnik V.
El 2 de febrero, el Ministerio de Salud y Deportes completó el envío de las dosis a los nueve departamentos para la vacunación del personal de salud que atiende en primera línea. Se comenzó con la inmunización masiva.
A eso sumó un cargamento de 500.000 vacunas Sinopharm de China que llegó al país el 24 de febrero, dosis gestionadas por el Gobierno nacional para la vacunación masiva contra el virus. En el mismo embarque, se transportaron 102.400 jeringas de donación y respiradores que fueron abandonados en la gestión de Áñez en la embajada boliviana en China. Al día siguiente, comenzó en el país la vacunación masiva a personas con enfermedad de base.
“Estamos en un proceso de desescalada de casos en esta segunda ola que nos tocó asumir. En una primera ola, todos recordarán plagada de abusos económicos, de abusos a sus derechos, que estuvo circunscrita sólo en la cuarentena rígida. Estamos superando esta segunda ola sin un día de cuarentena rígida y nos sentimos satisfechos”, dijo el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Marcos Auza Pinto.
La lucha contra el COVID-19 es una prioridad de las políticas públicas en Bolivia. A un año de la pandemia, el Plan Nacional de Vacunación se aplica con el objetivo de inmunizar a 7.180.428 bolivianas y bolivianos mayores de 18 años en todo el país.
La estrategia se basa en el Artículo 37 de la Constitución. Establece que el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Con ese objetivo, debe priorizar la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.
El director del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Max Enríquez, informó que la vacunación universal gratuita se aplica en el marco de los principios de equidad e igualdad en la distribución.
Explicó que en la estrategia se aplican tres criterios de priorización: riesgo por exposición y función estratégica (trabajadores de salud y de otros servicios esenciales), riesgo por enfermedad grave (personas con enfermedades de base) y vulnerabilidad (pueblos originarios, privados de libertad, migrantes y otros).
“De la población de 11 millones y un poco más que tenemos en Bolivia, vamos a vacunar a 7.180.428 personas mayores de 18 años (…). No se administrará la vacuna a una población menor a 17 años y embarazadas, debido a que los ensayos clínicos aún no fueron probados en estos grupos poblacionales”, informó.
Según datos oficiales del PAI, de 7.180.428 personas a beneficiarse, 179.667 corresponden a personal de salud; 1.317.561, a personas con enfermedad de base; 1.191.515, a personas de 60 años en adelante que serán inmunizadas en una primera fase. La segunda etapa está designada para las personas sanas de 18 a 59 años, donde se incluye a periodistas, maestros, distribuidores de alimentos, empleados públicos, municipales, transportistas, policías, militares y otros. Se prevé beneficiar a 4.491.685.
Mediante la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria el 17 de febrero de 2021, se aplican medidas de inmunización. Los procesos de vacunación autorizados son gratuitos y no deben representar ningún tipo de costo para los beneficiarios. Es voluntario y se aplica con previo consentimiento informado.
“Esta vacunación no hubiese sido posible si no hubiese existido una reactivación de los convenios con los hermanos países de Rusia con las 20.000 vacunas que hemos recibido y de China al que hemos comprado 400.000”, dijo el ministro Auza.
Asimismo, 3.025 médicos, enfermeras y auxiliares de salud fueron beneficiados con contratos que aprobó el Gobierno para reforzar la lucha contra el COVID-19. A eso se suma, la Ley Financial 1356 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2021 que garantiza el 10% de presupuesto para salud.
Respecto a medicamentos, el Estado boliviano ahorró $us 9.445.330 en la compra a la India sin intermediarios de Remdesivir, Meropenem, Propofol, Dobutamina clorhidrato y Vancomicina.
Si bien el Gobierno podía comprar los fármacos al precio referencial nacional y destinar $us 11.104.190, decidió ir al proveedor directo y consiguió la compra a $us 1.658.860 en la cantidad requerida. El lote fue destinado gratuitamente para la atención en unidades de terapia intensiva en todo el país.
El 26 de febrero, llegó el segundo lote de medicamentos esenciales para COVID-19 consistente en 1,25 millones de inyectables. El resultado en costo es el ahorro de 87% en relación con el precio referencial para estos productos, fijado por la lista Nacional de Medicamentos Esenciales. Esto significa que de los $us 9.867.070,40 establecidos en precio referencial, el Estado boliviano solo pagará $us 1.313.880,00 aproximadamente.
Para los próximos días, se espera la llegada de 92.430 dosis de Pfizer y 900.000 dosis de AstraZeneca, según información oficial del mecanismo COVAX del cual forman parte 172 países en todo el mundo.
En el acto oficial de vacunación masiva en Sucre este domingo, el presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce, destacó los resultados logrados en la lucha contra el COVID-19: “Ahora, estamos aplicando todo nuestro esfuerzo para bajar el índice de letalidad de la segunda ola y lo estamos logrando”.
