El café internet de una vivienda de la zona de Pacata Alta en el municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba fue el escenario elegido para acabar con la vida de María Lisbeth V. Q. de 24 años. Así lo decidió Johnny Vargas Andrade, su pareja, autor de las 25 puñaladas que hicieron noticia ese martes al mediodía.
Luego de tres meses de concubinato, ese 21 de agosto de 2015, María desconocía que Johnny, tenía como cómplice a Benjamín Rodríguez, quien se hacía pasar como cliente para vigilarla constantemente. El objetivo era evitar que ella conozca o genere amistad con otros hombres.
En el tiempo que vivieron juntos, Johnny sentía celos enfermizos. Mientras él trabajaba en una fábrica, contrató a Benjamín para que, en el café internet, haga seguimiento a todas las acciones de María.
“Yo sabía que el Johnny era violento, a su hermanita le ha pegado en dos oportunidades. No me ha hecho caso, pese a que le he avisado, se ha enamorado ciegamente de ese hombre”, relata con lágrimas Emiliana Q., madre de María.
Al igual que María Lisbeth, otras historias cuentan las consecuencias del círculo secreto de la violencia. Son los casos de Vania Trujillo, Wilma Fernández, Valeria Mercado. Todas fueron víctimas de feminicidio en manos de sus parejas o exparejas.
Sin embargo, no todo termina en muerte. Angela Nogales, María del Carmen Bernal, Julia Maida Galarza, Esther Mendoza Loza, Rosa Mamani, entre muchas, demostraron que se puede romper el silencio, pusieron un alto a la violencia y, ahora, apoyan a otras mujeres desde su experiencia.
Desde la sororidad, la resistencia y la resiliencia, estas últimas féminas salieron adelante, lograron renacer y, ahora, recorren el “largo camino en búsqueda de justicia”.
Promueven un cuidado colectivo contra la violencia desde grupos femeninos organizados: “Mujeres de Fuego”, “Rebeldía”, la “Casa de la Mujer”, la “Oficina Jurídica para la Mujer” (OJM), “Trabajo Digno”, “Organización de Mujeres Aymaras del Kollasuyo” (OMAK), la “Central de Mujeres Productivas Emprendedoras de El Alto” (Cemupe), entre otros, en el eje central del país.
Según la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, en el país la violencia contra las mujeres es, actualmente, el principal delito que se genera en ámbitos familiares y en relaciones sentimentales que “estremecen e indignan”.
“Me han matado en vida”
Emiliana Q. de 61 años, potosina, de largas trenzas negras, pollera qhochala gris y blusa rosada, concibió cinco hijos en Cochabamba, cuatro mujeres y un varón; la penúltima es la fallecida María Lisbeth.
A ella, jamás se le pasó por la mente perder a sus seres amados de la manera más cruel. A su sobrina Martha Q., también la asesinó su pareja, el policía Javier Valdez, con un disparo en la cabeza, el 21 de septiembre de 2017.
Se desvanece al recordar la muerte de María Lisbeth y Martha Q., pero revive aquellos amargos recuerdos, para que otras mujeres rompan el silencio, denuncien y se alejen de su agresor.
“Lamentablemente, a mi penúltima hija su pareja me la ha quitado la vida el 21 de agosto de 2015 con 25 puñaladas. Cuando me enteré la noticia, yo no sabía qué hacer, dar un paso adelante o atrás, estuve desecha. Perdí a una hija muy querida”, confiesa llorando.
Agarra el pañuelo, se seca las lágrimas y relata que no iba a dejar en la impunidad la muerte de ambas. Peregrinó más de 10 años (seis para su hija y cuatro para su sobrina) en búsqueda de justicia en Cochabamba, La Paz y Sucre.
“Mi caminata no era poco. Ha sido un martirio. He sufrido harto. Para sobrevivir en el día, me compraba un pan y una bolsita de agua, porque no había plata, pero tenía que encontrar justicia”, dice.
Ese peregrinaje en búsqueda de justicia y la falta de recursos económicos hicieron que estuviera a punto de abandonar el proceso de su hija, pero conoció la Oficina Jurídica para la Mujer (OJM), Organización No Gubernamental (ONG) que le coadyuvó con abogadas y una psicóloga.
“Las doctoras Jinky y Julieta me han atendido gratuitamente, me lo hacían memoriales, me hacían llevar a la Fiscalía, al Juzgado (…). Tenía que caminar y no dejar impune la muerte de mi hija”, rememora.
Al oír los alegatos de la abogada Jinky Irusta y examinar todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, el Tribunal de Sentencia declaró culpable a Johnny Vargas Andrade por la muerte de María Lizbeth.
Es así que, en febrero de 2017, Vargas Andrade fue sentenciado a 30 años de cárcel, sin derecho a indulto en el penal de El Abra. Su cómplice, Benjamín Rodríguez, también fue condenado al centro penitenciario de San Sebastián.
“Pasé dos feminicidios, de mi hija y de mi sobrina. Para mí, ha sido muy doloroso perder a mis dos seres queridos (…). A las mujeres, les aconsejo que no callen, que denuncien, hay instituciones que ayudan como la Oficina Jurídica para la Mujer”, recomienda.
Emiliana se seca las lágrimas, levanta su canasta de humintas y se dirige hacia las ferias de la urbe cochabambina para comercializar este producto, ganar el sustento para su hogar y pagar las deudas que contrajo para llevar adelante los procesos penales de sus dos fallecidas.
La directora de la Oficina Jurídica para la Mujer, Jinky Irusta, explica que esta ONG, que tiene 38 años en defensa y promoción de los derechos humanos, acompaña casos “emblemáticos” de violencia con asesoramiento jurídico y psicológico.
La institución visibiliza el feminicidio, que antes se consideraba emoción violenta, a partir de la denominada “Ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”, más conocida como la 348.
“Como institución defensora de los derechos humanos de las mujeres (…), ahora ya tenemos cifras de cuántas mujeres realmente terminan muertas en manos de sus parejas”, señala la jurista.
Desde la promulgación de esa ley, la OJM logró cinco casos de feminicidio ejecutoriados. Uno de ellos es la sentencia a 20 años de cárcel, por ese delito en grado de tentativa, para el agresor de una mujer de Mizque, quien perdió un riñón a causa de los “tremendos” golpes que éste le propinó.
Si bien esa ley está vigente, muchas mujeres que denuncian violencia no reciben una respuesta efectiva y oportuna del sistema judicial, desde la Policía hasta otras instancias. Por ello, la OJM acompaña distintos casos, porque “considera que no se los debe dejar en la impunidad”.
“Son muchos casos de víctimas que ya no quieren acudir al juicio, ya se han cansado. Sin embargo, hay jueces que convocan a la institución, nosotros acudimos a los tribunales, estamos en los juicios sin la víctima, pero sí llevando adelante el juicio porque consideramos que es importante ponerle un alto a la impunidad; o sea, que se tengan las sentencias a pesar de que la víctima no está”, enfatiza.
133 mujeres denuncian violencia en un día
La Ley 348, que entró en vigencia el 9 de marzo de 2013, define la violencia contra la mujer como cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una fémina; u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera.
Además, esa normativa sanciona 16 tipos de violencia, entre ellos la física (golpes, lesiones, heridas), feminicida (extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida y causa la muerte), psicológica (gritos, insultos, amenazas, humillación), sexual (conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual).
Según el Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer, en los últimos nueve años, en Bolivia, 892 mujeres murieron en manos de sus agresores. Al hacer una comparación, el año en que más feminicidios se registró fue en 2018, cuando se contabilizaron 130 casos.
Hasta el 28 de abril de este año, se reportaron 26 hechos de feminicidios en el eje central del país. De esa cifra, La Paz tiene 12 casos, seguido de Santa Cruz con nueve y Cochabamba con cinco, según los datos del Ministerio Público.
En tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) revela que durante el primer trimestre de 2022 se registraron 11.963 denuncias (alrededor de 133 casos por día) por delitos contemplados en la Ley 348.
De ese total, Santa Cruz tiene el primer lugar con 4.536 denuncias; seguido de La Paz, con 2.417; Cochabamba, 1.835; Tarija, 980; Potosí, 759; Chuquisaca, 627; Beni, 349; Oruro, 345; y Pando, 115, revelan los datos de la autoridad gubernamental.
Se tiene 9.527 denuncias por violencia familiar o doméstica; 682, por abuso sexual; y 661, por violación, entre otros.
Hasta el 28 de abril, la Fiscalía de La Paz reveló que solo en este departamento se registró 2.479 denuncias por violencia intrafamiliar. De esa cantidad, 899 casos son de El Alto, 895 de la urbe paceña, 469 de provincias y 216 de la zona Sur.
“¡Denuncia! Te ayudaré, no te dejaré sola”
Por su fortaleza y coraje, María del Carmen Bernal de 43 años fue elegida Vicepresidenta del colectivo “Mujeres de Fuego”, mediante el cual colabora voluntariamente a las mujeres en el “largo camino de búsqueda de justicia” en la Policía y la Fiscalía.
Al igual que otras mujeres, ella fue víctima de violencia. No olvida el 2014, cuando su expareja le hirió los ojos con un clavo y, a consecuencia de ello, ahora tiene problemas visuales. Tampoco deja de recordar el 2018, cuando esta misma persona intentó asesinarla a puñaladas.
El 2014, denunció a su agresor por violencia familiar; sin embargo, por la demora del proceso en la Fiscalía y por falta de recursos económicos, abandonó el caso y el agresor huyó a Chile.
En julio de 2018, el agresor retornó a Cochabamba e intentó reanudar su relación con María del Carmen por la fuerza. Ella se negó a volver y, tras una pelea, el sujeto la apuñaló en los pulmones, lo que le ocasionó 35 días de impedimento, y se dio nuevamente a la fuga.
“Me estaba desangrando, no podía respirar, necesitaba oxígeno. Mis familiares me llevaron al hospital Viedma en la ciudad de Cochabamba. Mi estado de salud era muy grave”, recuerda.
Dos días después de estar internada, conoció a Ángela Nogales, fundadora del colectivo “Mujeres de Fuego”, quien prometió ayudarla, con un abogado y un psicólogo hasta hallar justicia.
Su experiencia y el hecho de recibir colaboración del colectivo, la motivó a ayudar a otras mujeres. Mientras incursionaba en el activismo, su hija de 18 años, madre de un niño de casi cuatro años, se suicidó aparentemente porque sufría violencia por parte de su pareja.
Ese suceso hizo que su agresor y padre de aquella muchacha reaparezca el día del entierro y se lo detenga con una orden de aprehensión. Ahora está tras las rejas con una sentencia de 20 años.
“Además de perder a una hija, estaba reviviendo mi proceso legal. Estaba pasando duelo y a la vez estaba recordando lo que me había pasado. Pero, en un momento dije: ‘aunque tarde, la justicia llega’”, relata.
María repudia ese peregrinaje que las víctimas de violencia familiar y los familiares de casos de feminicidio atraviesan para encontrar justicia. Aplaude, la conformación de colectivos y redes que en el país se agruparon para acompañar y apoyar a esta población en situación de vulnerabilidad.
Tiene un moño en el pelo, viste una blusa morada, pantalón de tela color palo de rosa y un chaleco negro en el que se lee “Mujeres de Fuego”. Con esta última prenda, se identifica como activista y defensora de los derechos de las mujeres en Cochabamba.
Pese a las heridas físicas y psicológicas que dejaron marcada su vida, se siente orgullosa de ser mujer, decidida, empoderada para escuchar y ayudar a las féminas víctimas de violencia y a familiares de casos de feminicidios.
“‘Denuncia, yo te voy a ayudar, no te voy a dejar sola’, esas son mis palabras para aquellas mujeres que como yo y mi hija tuvieron un agresor que les marcó la vida”, añade, mientras alista su escritorio para escuchar a una fémina.
El estudio titulado “Estado de situación de la Violencia contra las Mujeres en Bolivia 2021” del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional revela que la incidencia de criminalidad muestra que los delitos de mayor comisión en Bolivia son los de violencia familiar en todos los departamentos del país.
En 2021, cerca del 50% de delitos denunciados fue de violencia intrafamiliar, seguido de robo con 14%; otro tipo de lesiones graves y leves, 11%; hurto, 7%; estafa, 7%; robo agravado, 7% y lesiones vinculadas a accidentes de tránsito.
Según estos datos, el 36% de víctimas de feminicidio estaba entre los 15 y 25 años, seguido del 29% que comprendía entre los 26 y 35 años.
“Los delitos de mayor comisión en el Estado Plurinacional de Bolivia son los de la violencia familiar o doméstica que ocupa el primer lugar en todos los departamentos del país”, ratifica la Ministra de la Presidencia.
Cuentan con el “Surtidor de los Derechos” y “Centro Integral”
Desde marzo de 2021, “Mujeres de Fuego” cuenta con el “Surtidor de los Derechos”, una casa ubicada en la avenida América y Pando de la urbe cochabambina, donde se reúne y organiza este colectivo integrado en un 90% por sobrevivientes de violencia y en un 10% por activistas.
El inmueble dependía de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes (Dircabi), tras ser incautado en un operativo en la lucha contra las drogas; sin embargo, fue entregado a ese colectivo por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el año pasado.
La presidenta Fátima Terrazas relata que, si bien el “Surtidor de los Derechos” funciona como oficinas y albergue de víctimas de violencia, para “Mujeres de Fuego” también es necesario contar con otro ambiente para instalar salas de terapias y un centro infantil.
En un recorrido por ese inmueble, se observa que en el primer piso están las oficinas, una cocina, un baño y un cuarto que fue habilitado como refugio. En la planta baja, también se instaló un albergue; además, se habilitó una tienda de juguetes y barbijos mediante la cual una mujer víctima de violencia, genera ingresos.
Los alimentos, utensilios, escritorios, sillas, colchones, frazadas, material de escritorio y demás objetos que hay en ese lugar son de donación. Si bien, el colectivo cuenta con estos ambientes, no es suficiente, pues necesitan más apoyo por parte de las autoridades.
Luego de visitar las instalaciones, la activista destaca que el colectivo “Mujeres de Fuego” se dedica no sólo a acompañar casos de violencia hacia las mujeres, sino también casos de agresión a niños y niñas, entre otros delitos.
“Como colectivo nos hemos dado cuenta de tantas falencias que hay, de tantas faltas que pasan en nuestra Bolivia con nuestras mujeres y niños que están desprotegidos”, añade la activista.
El “Surtidor de los Derechos” destaca por acoger a víctimas de violencia, pero el Estado también cuenta con instituciones que acompañan las políticas de reivindicación de los derechos de las féminas como el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización (Sepmud) o el Servicio Plurinacional de Asistencia a las Víctimas. Asimismo, cada municipio cuenta con su Servicio Legal Integral Municipal (Slim).
Desde el 31 marzo, Sacaba cuenta con el primer Centro Integral Contra la Violencia. En sus modernas instalaciones, están oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), del Slim, de un médico forense, un psicólogo, una Fiscalía especializada en violencia de género, un albergue, además del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Este centro integral es “un sueño hecho realidad”, atiende las 24 horas, los siete días de la semana y tiene la finalidad de eliminar el peregrinaje en la búsqueda de justicia, destacaba la Ministra de la Presidencia el día de la inauguración.
“Desde aquí, se está dando un ejemplo a todo el Estado Plurinacional y ojalá esta iniciativa sea replicada en todos los municipios, porque cuando hay voluntad política y compromiso, los sueños se hacen realidad”, afirmó la ministra Prada.
“Con este Centro Integral (…) nuestras madres, hermanas, hijas, en medio de su sufrimiento, ya no serán sometidas a trámites burocráticos, no tendrán que volver a contar su historia recorriendo calles y haciendo filas”, aseguró el alcalde de Sacaba, Pedro Gutiérrez, en marzo.
Sobrevivientes y emprendedoras
Esther Mendoza revela que fue víctima de violencia económica, psicológica e incluso física. Tuvo que pasar una década y media para que, a sus 47 años, decidiera poner fin a un círculo de violencia.
Dejó la casa donde vivía con su expareja y comenzó una vida nueva junto con sus hijos. Recuerda con tristeza lo complicado que fue dejar a la persona que alguna vez amó, pero también reconoce que fue un gran paso para salvarse de ser una posible víctima de feminicidio.
Ahora, el brillo de sus ojos cafés oscuros y su voz –que en ocasiones se quiebra– muestran que su mayor tesoro es contar con sus hijos y que puede salir adelante gracias a su emprendimiento, un puesto de jugos naturales, en la feria 16 de Julio de la ciudad de El Alto.
“Sufrí violencia, (pero) salí, no me quedé ahí, porque tengo mis hijas”, relata Esther, quien conoció a Julia Quispe, una de las fundadoras de “Central de Mujeres Productivas Emprendedoras de El Alto”.
Pero, Esther no sólo se dedica a la venta de jugos, sino también aprendió a conducir y toma cursos de repostería en esa central, una organización que nació en 2020 para ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad a emprender en áreas como: conducción, globoflexia, arreglo floral, repostería y oratoria.
Al igual que Esther, muchas mujeres son víctimas de algún tipo de violencia en La Paz. Es el caso de Rosa Mamani, quien logró salir de una cadena de intimidación por su expareja y ahora apoya a otras féminas para que puedan capacitarse en aquello que más les guste.
“La violencia no solo son agresiones físicas, sino también insultos, que te prohíban salir o trabajar, que te quieran manipular como si fueras un objeto de casa (…). Nosotras que ya tenemos experiencia, vamos a seguir apoyándolas, porque nada es imposible, sí se puede salir adelante y romper la cadena de violencia”, manifiesta con la voz firme.
La ejecutiva de la “Central de Mujeres Emprendedoras”, Julia Quispe, relata que esta unión se conformó hace cinco años, tras el asesinato de una de una joven, en la zona Ballivián, presuntamente por manos de su esposo, quien era viudo por segunda vez. Aquello levantó sospechas y fue detonante para su articulación como el primer Comité de Mujeres Alteñas.
Esta organización es liderada por sobrevivientes, quienes ahora orientan a otras para que se independicen emocionalmente y económicamente.
“Tenemos en nuestro directorio y en nuestra base a mujeres que han sufrido violencia y ellas están más arraigadas a nuestro grupo, porque ellas han vivido un martirio dentro del hogar”, indica.
Juana Rocha es abogada en la central y está comprometida con erradicar toda forma de violencia. Junto con ella trabajan otras cuatro juristas y una asistente. Este equipo se turna para atender los casos y brindar asesoría legal o patrocinio en cualquier horario o día de la semana.
Pese a que recién iniciaron con los servicios de asesoría, patrocinio e incluso apoyo psicológico hasta mediado de marzo de este año atendieron 50 llamadas y 10 casos, no solo de El Alto, sino también de la provincia Pacajes y del centro paceño.
La jurista afirma que “la violencia no tiene hora ni día”, por lo que habilitaron las líneas de emergencia 75423092 y 70625640 para que las mujeres, que tienen algún problema, puedan encontrar asesoría gratuita y patrocinio legal a costos reducidos.
“Todas las mujeres somos víctimas de violencia”
Según la coordinadora del colectivo Rebeldía, una ONG con sede en Santa Cruz, Teresa Alarcón Rodríguez, en Bolivia, de cada 10 mujeres, siete se identifican como víctima de algún tipo de violencia.
“Tenemos la postura de que todas las mujeres somos sobrevivientes de violencia”, remarca.
Para la feminista, cotidianamente, todas las mujeres enfrentan violencia “visible, cruenta, naturalizada e invisibilizada, que se reproduce desde las familias, los colegios, medios de comunicación e incluso las iglesias”.
El paso de los años pigmentó de tono blanco su corta cabellera y dibujó finas líneas en su rostro, pero conservó su carácter y actitud rebelde en su lucha por los derechos humanos de las mujeres.
“Esta lucha por los derechos de las mujeres la he heredado de mi madre, de mi abuela, de mis ancestras. Seguramente, de verlas también luchar a ellas en sus momentos, en cada generación”, revela Guadalupe Pérez Cabrera.
Ella es una mujer que sobrepasa el medio siglo de edad y mantiene firme su convicción en la lucha incansablemente por los derechos de las mujeres.
“Mi madre y mi abuela me dieron el testimonio de no callar, de buscar, de construir, de agrupar, de articular, de encontrarnos con las compañeras, de ser solidarias; sororas, decimos ahora más que solidarias, de sentir lo que siente la otra, de acompañar”, expresa.
Sus años de experiencia como activista y pedagoga la llevan a confirmar que seguimos “viviendo en una sociedad machista y patriarcal” en la que la violencia es naturalizada y aún no se la logra erradicar.
“No hay ninguna mujer, para mi reflexión, que te pueda decir nunca he sufrido violencia”, añade.
Para ella el colectivo “Rebeldía”, que cumplió 27 años, es un referente en Santa Cruz y el resto de los departamentos del país, porque es una instancia de coordinación, apoyo, articulación y alianzas con diversas organizaciones de mujeres.
El colectivo no atiende a las víctimas de violencia, pero si se presenta un caso, lo conduce a organizaciones y espacios como la “Casa de la Mujer” o la Plataforma de Lucha Contra la Violencia hacia las Mujeres, que ofrecen acompañamiento especializado.
“¿Qué cosita habrá hecho la señora para merecer ese castigo?”
Miriam Suárez es una de las fundadoras de la “Casa de la Mujer”, también instalada en el oriente boliviano. Es considerada como una gran maestra y ejemplo para quienes la conocen. Desde los años ‘80’ y ‘90’, ella se encaminó en la lucha contra la violencia y discriminación hacia la mujer.
Con emoción, recuerda el 1 de mayo de 1990, cuando las mujeres de diferentes estratos sociales se articularon e inauguraron esa casa como un lugar de encuentro donde se generen ideas de movilización y transformación de las desigualdades.
Aquello impulsó la realización de la primera investigación sobre violencia en la ciudad cruceña, mediante la cual se identificó que en la Policía no se tenía ningún registro sobre agresiones y asesinatos a mujeres en manos de sus parejas o exparejas.
Además, para los efectivos del orden de aquellos años, “las riñas entre la pareja eran delitos de bagatela”, lo cual significaba que quitarle la vida una mujer “era un delito insignificante y que si había violencia era porque la mujer se lo había buscado”.
“ ‘¿Qué cosita habrá hecho esa mujer para hacer enojar tanto a su esposo?’, justificaban los oficiales (…) Santa Cruz es una sociedad absolutamente conservadora, tiene un pensamiento hegemónico”, repudia Miriam.
Señala que, según ese pensamiento hegemónico, la mujer solo debía cumplir los roles de lavar, cocinar, cuidar a los hijos, muy pocas veces se la veía como ese ser transformador, independiente y con derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
Cuestiona que tras años de lucha aún cueste cambiar esa mentalidad, pero destaca que ahora ya se reconozca a la violencia como un delito y no como antes, cuando “las riñas entre esposos no valían nada”.
Cuando las víctimas de violencia llegan a la “Casa de la Mujer en búsqueda de ayuda, encuentran a su disposición un grupo de personas dispuestas a orientarlas y apoyarlas. Una de ellas es la psicóloga Fabiola Rojas Vásquez, responsable de la ejecución de proyectos.
Esta profesional considera que para las víctimas de violencia el apoyo legal y psicológico deben ir de la mano, porque permite prepararlas, para que terminen sus procesos y no lo abandonen en el intento.
“Muchas de las víctimas no dejan a su victimario porque existe una dependencia emocional o económica. Además, por años se cultivó la idea que no se puede separar de alguien con el que se ha soñado toda la vida”.
“Para una mujer asesinada no hay justicia, porque nada le devuelve a la vida”
Dentro de la casa denominada la “Virgen de los Deseos”, en La Paz, del movimiento feminista “Mujeres Creando”, está la oficina de apoyo jurídico para las mujeres que sufren algún tipo de violencia o familiares de víctimas de feminicidio que van en búsqueda de apoyo.
Una de sus fundadoras es María Galindo, una mujer que se caracteriza por su peculiar tenacidad al enfrentarse contra el machismo, el patriarcado, la misoginia, el racismo, la discriminación entre otras desigualdades.
Durante la transmisión de una “radio documental”, por Radio Deseo, esta mujer, que fue protagonista de marchas, protestas, incluso mítines y vigilias en demanda de justicia por los asesinatos a féminas, afirmó: “un feminicida acaba con dos vidas, la suya propia y de la mujer asesinada”.
Heidi Gil es la abogada que brinda orientación a las mujeres que acuden a “Mujeres Creando”, movimiento que habilitó en febrero la “línea de la esperanza” mediante la cual recibieron denuncias sobre irregularidades en los procesos penales, entre ellos la retardación judicial, corrupción, sentenciados en libertad y medidas de protección que no se cumplían.
Según este colectivo, las familias invierten hasta $us 10.000 en búsqueda de justicia; en tanto, otros llegan a perder sus bienes como casas o terrenos para que sus procesos penales continúen.
El 29 de abril, alrededor de 30 organizaciones que trabajan por los derechos humanos en el país, se pronunciaron sobre los recientes hechos de violencia contra las mujeres y exigen un “plan integral y de implementación inmediata”, que articule la prevención, sanción y reparación a las víctimas.
“No sabemos si el próximo golpe nos puede matar”
“Las mujeres pasamos un calvario, en el que ya no podemos ver una justicia trasparente y ética.¿Cuántas mujeres han tenido que prestarse dinero para contratar un abogado, han tenido que dejar sus casas para huir del maltratador, porque no sabemos si el próximo golpe la puede matar?”, protesta Ángela Nogales con un megáfono, mientras varias mujeres realizaban un mitin en las calles de Cochabamba.
Ángela es oriunda de La Paz, su cabellera castaña resalta las facciones de su rostro, mismo que muestra seguridad y firmeza para defender a las víctimas de violencia o familiares que peregrinan en búsqueda de justicia.
Cuando está en protesta, se cubre la mitad del rostro con una pañoleta, mientras lleva un chaleco y una gorra negra en la que se lee “Mujeres de Fuego”, indumentaria que la identifica.
Nogales apoya a las víctimas y lucha con ellas, como una fiera contra un sistema judicial “injusto e indolente”, porque ella conoció en carne propia lo que es peregrinar en búsqueda de justicia.
En 2007, Ángela se casó con un policía y después concibió dos varones gemelos; sin embargo, en el trascurso del tiempo descubrió que su marido era violento, más de una decena de certificados médicos le confirmaron que él no cambiaría.
Lo denunció en varias oportunidades, pero éstas “caían en un saco roto” porque recibía la protección de sus camaradas. Tuvo que lidiar con “un vuelva mañana”, “falta este documento”.
Además, tuvo que someterse a exámenes forenses, declaraciones extenuantes y agotadoras en las que debía repetir una y otra vez todo lo que sufrió, cuando su expareja le rompió la cabeza, le partió los labios e incluso le dejó el rostro irreconocible, por los múltiples golpes que le propinó.
“Soy una sobreviviente de violencia, hace unos 14 años no me hubieran reconocido si hubieran visto todo lo que me ha pasado, porque he sido totalmente golpeada”, relata con una voz temblorosa y al recordar parte de su calvario, suspira y reconoce que a raíz de la peregrinación conoció a muchas compañeras de lucha.
Nogales tuvo que huir de su victimario, hizo las maletas y con sus tesoros más preciados –sus dos hijos– emprendió un largo viaje hasta Cochabamba. Cansada de la impunidad y la peregrinación ante el sistema judicial, junto con sus compañeras, fundaron el colectivo “Mujeres de Fuego” el 8 de noviembre de 2016.
Tras la denuncia y largos años en búsqueda de justicia, su agresor fue dado de baja de la institución del verde olivo.
“‘Mujeres de Fuego’ es una agrupación de víctimas sobrevivientes de violencia, familiares de casos de violencia, feminicidios para pedir que no haya la retardación judicial y que de alguna manera se puedan cumplir los plazos procesales. En algún momento, cuando ahora doy talleres, les digo a las mujeres: ‘si no ponen un alto y si no paramos la violencia, puede terminar en femicidio’”, explica.
Todas estas guerreras de la vida ejercen presión desde las calles con bloqueos y protestas en puertas de la Policía, Fiscalía y tribunales para que los jueces lleven los procesos de manera trasparente. Además, ofrecen un apoyo colectivo a sus compañeras desde la empatía, la sororidad y solidaridad formando así alianzas de lucha contra la violencia.
Las demandas las unen y las motivan hasta conseguir justicia, muchas de ellas pese a que alguna vez fueron víctimas, ahora luchan contra la violencia machista. Sus estribillos aún retumban en sus corazones: “¡cárcel para el agresor!”, “¡ni perdón, ni olvido para el feminicida!”, “¡Basta de impunidad!”.
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Esta investigación fue realizada con el apoyo del fondo concursable de la Fundación para el Periodismo (FPP) en el marco del proyecto Vida Sin Violencia, un proyecto de la Cooperación Suiza en Bolivia en alianza con la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI), implementado por Solidar Suiza.
Equipo de trabajo:
Gloria Mamani, Maribel Condori, Josué Antonio, Armando Quispe
