La comisión de fiscales que investiga el caso de los estudiantes fallecidos en la Universidad Pública de El Alto (UPEA) convocará a autoridades y dirigentes de la casa de estudios superiores. Además, tiene previsto realizar pericias en ingeniería forense y estudio de cálculo de resistencia de la baranda que se desplomó la mañana del 2 de marzo.

“La comisión de fiscales emitió una serie de requerimientos, entre los que se encuentran las principales autoridades de la universidad para que presten su declaración informativa. Asimismo, se ha dispuesto la presencia de un perito en ingeniería forense que tenemos en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), para que verifique toda la estructura que colapsó ese día”, informó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce.

Según información preliminar, la mañana del 2 de marzo se realizó una asamblea estudiantil del Área de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas en el campus de Villa Esperanza de la UPEA. Aproximadamente, a las 10.30, varios estudiantes de dos frentes opuestos subieron al cuarto piso provocando aglomeración en los pasillos. Se presume que empezaron a empujarse provocando que una baranda cediera y cayeran 11 estudiantes, de los cuales siete perdieron la vida.

Lanchipa explicó que en base a los elementos que se puedan colectar, tanto de las declaraciones testificales como de las pericias que realice el IDIF, se determinarán las actuaciones que correspondan.

Dentro de los primeros actuados, el Ministerio público realizó requerimientos y actualmente se encuentra a la espera del resultado del análisis de planimetría y criminalística.

Pudo colectar el celular de una de las víctimas para que el perito en Informática Forense del IDIF realice la pericia y pueda extraer conversaciones, ver el flujo de llamadas u otros elementos que aporten a la investigación.

El comandante General de la Policía, coronel Jhonny Aguilera, informó que una notaria electoral fue aprehendida en estado de ebriedad en la unidad educativa Basil Miller, ciudad de El Alto, lo que ocasionó un retraso en el inicio de la votación e infringió el Auto de Buen Gobierno.

“Una dama de 29 años se presentó bajo el influjo del alcohol a cumplir su labor de notaria electoral. La notaria es la encargada del transporte de las maletas electorales que a su vez entrega a los jurados electorales para la apertura de las mesas. El hecho de presentarse en estado de ebriedad no solo le resta celeridad y está incumpliendo el auto de buen gobierno”, señaló la autoridad policial.

Asimismo, Aguilera informó que en todo el país se retuvo a 131 vehículos que circulaban sin autorización de los Tribunales Electorales departamentales (TEDs) y se aprehendió a algunas personas que se encontraban en estado de ebriedad.

El comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, informó este domingo que durante la madrugada se retuvo a 25 motorizados por infringir la prohibición de circulación vehicular vigente en el marco de las elecciones subnacionales.

“Hemos hecho un total de 25 (retenciones)”, manifestó a los periodistas.

Según Aguilera, cinco vehículos fueron retenidos en La Paz y nueve en El Alto porque no contaban con autorización para transitar por las vías públicas.

“Además en Santa Cruz y en Cochabamba”, agregó de manera resumida.

Los propietarios de los motorizados deberán pagar una multa de Bs 421 establecidos en la normativa electoral emanada para los comicios subnacionales.

El jefe policial recordó que la Policía Boliviana realizó el control del tránsito vehicular de manera paralela junto con la seguridad del traslado de material de votación a los recintos electorales distribuidos en las áreas urbanas.

Carlos D. A. A., de 30 años, fue enviado a la cárcel de San Pedro porque es el probable autor del delito de violación cometido en contra de una estudiante de la Universidad Católica Boliviana (UCB), informó este sábado el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío.

“Durante la audiencia de medidas cautelares, la Fiscalía presentó los suficientes elementos de convicción que hacen presumir la probabilidad de autoría, entre ellos la captura de pantalla de publicaciones en Facebook, informe de valoración psicológica y declaración testifical de la víctima donde identifica plenamente a su agresor. Asimismo, se acreditó que concurren los riesgos procesales de peligro de fuga y obstaculización", explicó Cossío.

En tanto, la fiscal de Delitos en Razón de Género, Violencia Sexual, Trata y Tráfico, Verónica Miranda, explicó que en septiembre de 2017 circuló una invitación por redes sociales para una fiesta de cierre de campaña del Centro de Estudiantes de la Universidad Católica Boliviana. La universitaria acudió a la fiesta con sus amigas aproximadamente a las 20.00, donde también estaba el sujeto, quien le invitó un vaso de bebida. Luego ella se empezó a sentir mal.

“Minutos después, la estudiante se habría trasladado al baño del inmueble y había una fila larga, en ese momento fue abordada por el sospechoso indicándole que conocía otro baño donde la llevaría. La universitaria fue llevada por el sujeto a una habitación con baño privado y allí habría aprovechado de agredir sexualmente a la víctima”, dijo Miranda. 

Hace unos días atrás, se conoció el caso a través de la página en Facebook “El confesionario UCB”, en la que se relató hechos de abuso sexual a jovencitas en fiestas organizadas por un grupo de hombres denominados “Los Amantes”, del que presuntamente formaba parte el imputado.