El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, desmintió el cambio de administración en el Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana Bol-110, en el municipio de Cochabamba, por presunta manipulación política.

“Se trata de una noticia malintencionada, manejada políticamente y sin fundamento”, lamentó la autoridad a tiempo de desmentir la información publicada en un medio de difusión escrita sobre el supuesto manejo que permitiría el cambio de oficiales de la Policía Boliviana a personal civil afín al partido de Gobierno.

Ríos lamentó que durante la gestión del Gobierno de facto de Jeanine Áñez se paralizara el avance de la normativa que permite el funcionamiento del Bol-110 a nivel nacional, y que fuera devuelta por la Cámara de Diputados debido a que no se encuentra contextualizada con la realidad nacional; en ese entendido, indicó que el Viceministerio de Seguridad Ciudadana trabajará en la actualización y modificación de la propuesta de ley. 

Acotó que en su gestión se priorizará la articulación de entes de seguridad ciudadana en gobernaciones y municipios con la participación de la Policía Boliviana y que también será reforzada para mejorar la percepción de la seguridad en el país.

“Además se implementarán estrategias de seguridad en la comunidad, organizaciones sociales, asociaciones de madres y se conformará una comisión para coadyuvar el trabajo con municipios, gobernaciones y el Gobierno nacional”, explicó.

El fiscal departamental de Beni, Ruthiar Vásquez, informó este martes que el juez instructor cautelar de San Borja dispuso la detención preventiva de Freddy P. L., de 31 años, y Luciano P. C., de 27 años, quienes están imputados por el asesinato de René C. T., de entre 16 y 19 años, en la comunidad tsiman Catumere.

“El Ministerio Público demostró que existen suficientes indicios que hacen presumir la participación de los imputados en el hecho y se ofreció pruebas consistentes en las declaraciones testificales, muestrario fotográfico de la exhumación, informe de necropsia realizado a la víctima, acta de registro del lugar y otros elementos que fueron valorados por la autoridad jurisdiccional”, dijo, citado en un boletín institucional.

Según Vásquez, la decisión fue tomada en una audiencia de medidas cautelares y la detención preventiva deberá ser cumplida en la carceleta de San Borja.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el hecho ocurrió el 23 de marzo de 2021, cerca de las 16.30, en la comunidad Catumere del municipio de San Borja, en el departamento del Beni, cuando René C. T. fue sindicado por la comunidad de haber matado al suegro de uno de los ahora imputados.

Lo sucedido se conoció la mañana del 7 de abril de 2021 mediante un vídeo que circuló en las redes sociales, en cual se observa a una persona que habría sido quemada viva.

Un equipo multidisciplinario se trasladó hasta la comunidad y realizó la exhumación del cuerpo de René C. T. para que el médico del Instituto de Investigaciones Forenses realice la correspondiente necropsia, que determinó como causa de muerte “gran quemado y falla multiorgánica”.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, presentó este martes 25 motorizados recuperados por el personal de la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos (Diprove), entregó cuatro a sus propietarios y pidió que el resto sea recogido de los depósitos policiales de la ciudad de La Paz.

“Tenemos camionetas, vagonetas, minibuses, motocicletas, entre otros. Estos vehículos y motocicletas se encuentran en garajes autorizados de Diprove de la ciudad de La Paz y los dueños pueden apersonarse a la Policía Boliviana y a Diprove para poder recoger sus motorizados”, manifestó, en un acto público.

Asimismo, Del Castillo mencionó que Diprove tiene 1.016 motorizados en los depósitos de todo el país, que están listos para ser devueltos a sus propietarios.

Detalló que el lote cuenta con 172 vehículos de cuatro ruedas y 844 motocicletas, que serán exhibidos en cada departamento a la brevedad posible para que sus dueños puedan recogerlos.

“Nuestro compromiso siempre está en la lucha contra la delincuencia y esta lucha es constante y con acciones de hecho que los demostramos día a día. Quiero felicitar el trabajo que está realizando la Policía Boliviana”, manifestó.

Una de las personas que recibió su vehículo, Rubén A., agradeció por la recuperación de su motorizado, que fue robado el año pasado cuando él fue drogado por un jugo que le invitó una de dos pasajeras que transportaba hacia el Puente Vela de la ciudad de El Alto.

“Encontramos (el vehículo) en la feria de Oruro y me siento muy feliz. Muchas gracias”, sostuvo.

Finalmente, Gustavo S.A., un taxista de la tercera edad expresó también su agradecimiento, porque su vehículo fue recuperado a seis meses de que le fue robado por dos personas que pidieron ser llevados hacia Viacha y que lo ahorcaron hasta el desmayo.

“El auto estaba en Oruro (…). Gracias a mi investigador, con él nos hemos movilizado, hemos ido a Oruro y ya lo hemos trasladado (a La Paz), concluyó.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, llamó a todas las entidades del Estado a trabajar en la lucha contra la violencia cometida hacia niñas, niños y adolescentes (NNA), tras conocer las cifras difundidas por el Ministerio Público en ocasión del Día del Niño y la Niña en Bolivia, que develan que en 2020 en Bolivia se registraron 1.308 violaciones de infantes, niñas, niños y adolescentes, y 51 infanticidios.

De acuerdo al reporte publicado este lunes, durante 2020 se registraron 1.308 violaciones de infantes, niñas, niños y adolescentes en todo el país; frente a 850 casos reportados en 2018 y 923 en 2019, lo que muestra que la cifra se duplicó en la gestión pasada.

En esa misma gestión se registraron 51 infanticidios, según la misma fuente; y 184 casos de sustracciones de menores de edad. Desde que inició la gestión 2021 a la fecha, se registran cinco casos de infanticidio y alrededor de 800 vejámenes.

Estos datos reflejan un elevado nivel de vulnerabilidad en el que viven las niñas y niños del país, hecho que, de acuerdo a la autoridad, requiere de acciones urgentes de parte de las instituciones del Estado.

“Es importante que la protección de la niñez y de los adolescentes sea una prioridad para todo el Gobierno nacional”, señaló el titular de Justicia, citado en un boletín de prensa institucional.

Lima agregó que la protección de los derechos humanos debe ir dirigida al sector más vulnerable, como lo es la niñez y la adolescencia.

“Tenemos que protegerlos con el mayor compromiso, son quienes tienen en este momento la potencialidad de cambiar el país cuando lleguen a su vida adulta, necesitan nuestro compromiso y que toda la sociedad construya esta política pública, una política pública basada en las y los niños, basada en un enfoque infantocéntrico que les permita que, dentro de sus familias, municipios, departamentos y en el país, sean prioridad”, insistió la autoridad. 

Por la situación actual, el Ministro señaló que se tomó la decisión de impulsar una agenda prioritaria de cinco puntos que trabajará desde la prevención, la atención y la restitución de los derechos de la niñez; además, firmó una Resolución Ministerial a través de la cual se declaró prioridad nacional a la primera infancia del país.