Tras la denuncia de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo sobre la realización de siete transacciones irregulares que ocasionaron un posible daño económico de aproximadamente Bs 43 millones, el gerente de esa institución, Pablo Salazar, aclaró este viernes que los seis exfuncionarios implicados fueron contratados durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez.

Según detalla un reporte de prensa, Salazar informó que luego de asumir el cargo en noviembre de 2020, instruyó la elaboración de una auditoria en la cual se identificaron indicios de responsabilidad de hechos irregulares cometidos a la Cartera de Inversiones del Fondo de Renta Universal de Vejez (FRUV), durante la gestión del gobierno de facto (entre marzo y agosto de 2020).

La autoridad aclaró también que esos hechos corresponden a operaciones de inversión irregulares y fuera del marco normativo de la Gestora y de la Ley 1178 que rige las actividades de los servidores públicos.

“Considerando que el FRUV es un fondo social cuyo principal objeto es el pago de la Renta Dignidad a personas mayores de 60 años, que en muchos casos es el único ingreso que perciben; con los 43 millones podrían haberse pagado la Renta Dignidad a más de 122.000 personas adultas mayores”, señaló.

Dijo que las operaciones de inversión irregulares, así como los indicios de la conducta antieconómica identificada, fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público para su investigación, y para no entorpecer la misma no es prudente mencionar los nombres de los seis exfuncionarios implicados.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este viernes que la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos (Diprove) recuperó 101 motorizados hurtados en el primer trimestre de este año en el departamento central de Cochabamba.

“Solamente en el primer trimestre de la presente gestión en Cochabamba se recuperó la cantidad de 101 automotores, de los cuales 24 son automóviles y 77 son motocicletas”, manifestó, en un acto de devolución de vehículos robados en la ciudad de Cochabamba.

La autoridad gubernamental recordó que estuvo esta semana en La Paz y Santa Cruz para la entrega de vehículos y motocicletas robadas a sus dueños.

Destacó que fue gratificante ver cómo las personas beneficiadas recibían sus automotores con muestras de agradecimiento.

“Hasta el momento se entregó a sus dueños un total de 28 vehículos, 20 motocicletas y ocho automóviles. Y esperamos que, a la brevedad posible, los dueños que aún no recogieron sus vehículos se aproximen a la Diprove”, agregó.

Según datos oficiales, la Diprove recuperó 810 motorizados robados desde 2004 en el departamento de Cochabamba, entre ellos 377 motos y 433 automóviles, que aún permanecen en depósitos policiales.

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, informó este viernes que el Gobierno hace seguimiento a las investigaciones del caso del exministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, para conocer si hay nuevos elementos que permitan ampliar las indagaciones a otros implicados.

“La investigación es bastante específica, es un hecho de corrupción, de entrega de dinero a cambio de realizar o no una acción concreta en el ejercicio de funciones públicas; pero, obviamente, cualquier elemento que pueda permitir una ampliación lo hará conocer el Ministerio Público”, aseguró.

El martes por la noche, mediante un operativo de acción directa realizada en la avenida 16 de Julio de La Paz, se procedió a la aprehensión de Edwin Characayo Villegas, luego de ser encontrado en flagrancia cuando recibía $us 20 mil para favorecer a un sector que pretendía sanear tierras en el municipio de San Ramón en Santa Cruz.

“En el momento específico, se hizo una acción directa en El Prado de la ciudad de La Paz. En función de ese hecho específico, se emitió una imputación y se hace la investigación por ahora. Cualquier proceso de investigación es sujeto a ampliación en cualquier momento”, dijo el Viceministro de Justicia.

“Fue muy enfático el Ministro de Justicia (Iván Lima) al señalar que caiga quien caiga, cero tolerancia a la corrupción. Se investigará, de acuerdo a los datos de la propia indagación, a las personas que tengan que investigarse”, añadió.

Cesar Rojas, el abogado del exministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, aseguró este viernes que existen antecedentes de que su defendido fue investigado por hechos anteriores al caso de soborno descubierto el martes.

“No es la primera vez que intentaron buscar algún tipo de antecedente o situación que pueda dar origen o justificar removerlo de cargo”, dijo el abogado en entrevista con la televisora Red Uno.

Characayo fue descubierto el martes en flagrancia al recibir $us 20.000 en un caso de favorecimiento de trámite y provisión de predios en Santa Cruz, en complicidad con el exdirector General de Desarrollo Rural, Hiper García.

Ante el hecho, la jueza del Tribunal Tercero Anticorrupción de La Paz, Claudia Castro, determinó la noche del jueves la detención preventiva para el exministro por un lapso de cinco meses en el penal de Palmasola de Santa Cruz.

“Evidentemente, se buscó un pretexto para justificar la destitución del exministro y esto aparentemente viene del INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), donde se realiza el saneamiento. En realidad, mi defendido y el Ministerio de (Desarrollo Rural y) Tierras no participan en el saneamiento”, aseguró el abogado Rojas.