Fiscalía aprehende al almirante Flavio Arce San Martín por el caso golpe de Estado
Fiscalía aprehende al almirante Flavio Arce San Martín por el caso golpe de Estado

La Fiscalía aprehendió este miércoles al almirante Flavio Gustavo Arce San Martín, excomandante de la Armada Boliviana y exjefe del Estado Mayor, en el marco de las investigaciones por el caso golpe de Estado.

“Después de haber prestado sus declaraciones informativas, ha sido aprehendido por el Ministerio Público”, informó el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Fermín Alberto Aguilar, al canal televisivo Bolivia Tv.

Por su lado, Jorge Víctor Nina, abogado de la exdiputada Lidia Patty, informó que existen otras personas que serán convocadas a declarar en los siguientes días, entre ellos Luis Fernando Camacho y su padre.

Al respecto, Patty dijo que las víctimas, los huérfanos y los familiares de los caídos en las masacres de Senkata y Sacaba, exigen justicia y sanciones para los responsables materiales e intelectuales.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó en su cuenta de Twitter la aprehensión del almirante Flavio Gustavo Arce San Martín, en el contexto de las investigaciones por el caso golpe de Estado de 2019."Hoy se determinó la aprehensión del almirante Flavio Gustavo Arce San Martín, excomandante de la Armada Boliviana y exjefe del Estado Mayor, por su accionar en el Golpe de Estado. Vamos a dar justicia a nuestro pueblo", escribió.


 
Investigación establece que Gran Bretaña apoyó el golpe de Áñez para acceder al litio; Canciller pide informe
Investigación establece que Gran Bretaña apoyó el golpe de Áñez para acceder al litio; Canciller pide informe

El canciller Rogelio Mayta expresó su preocupación y pidió un informe a la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña tras las denuncias de la prensa en sentido de que ese país habría financiado y apoyado el escenario ideal para el golpe de Estado de Jeanine Áñez, con el fin de apoderarse de los yacimientos del litio boliviano.

Según las denuncias difundidas por varios medios de prensa, Gran Bretaña movilizó a sus diplomáticos y a sus empresas para acceder al litio, insumo vital para su industria automotriz, con el apoyo del gobierno de facto, además de destinar miles de libras esterlinas para financiar a una treintena de periodistas con fines desestabilizadores.

Según la investigación periodística, Gran Bretaña contribuyó con datos para el informe electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre los comicios de 2019, documento que justificó el golpe de Estado.

Al respecto, el canciller boliviano informó que mantuvo una reunión con el embajador del Reino Unido en Bolivia, Jeff Glekin, en la cual “se le expresó la preocupación por esta nota y se le pidió que nos remitiese un informe, que se pronuncie sobre esa investigación”.

En el encuentro, Mayta reiteró al representante del Reino Unido que “Bolivia, como país soberano, no permitirá, bajo ninguna circunstancia, una injerencia externa y que, obviamente, si queremos mantener una relación amigable entre el Estado boliviano y el Reino Unido, se debe superar esta circunstancia con las explicaciones debidas”.

Las declaraciones del canciller Mayta surgieron luego de que se difundió la investigación del periodista británico Matt Kennard, en el sitio Declassified UK, quien difundió documentos desclasificados de la Foreign Office de Gran Bretaña (el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido).

La investigación se titula: “Revelado: El Reino Unido apoyó el golpe en Bolivia para tener acceso a su ‘oro blanco’”.

Estos datos fueron traducidos al español por el sitio Misión Verdad, en su investigación titulada: “Reino Unido puso sus garras sobre el litio tras el golpe en Bolivia”.

Según los documentos, la investigación “aportó pruebas sobre los trabajos corporativos que realizó la Embajada británica en Bolivia junto a la dictadura de Jeanine Áñez, luego del golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, siendo un actor clave incluso en la consecución del derrocamiento y posterior persecución de los miembros del MAS”.

“La Embajada Británica en Bolivia había creado un proyecto tecnológico previo al golpe de 2019 con la capacidad de producir eficientemente el litio extraíble de las reservas que reposan en los salares de Coipasa y Pastos Grandes, plan que se puso en marcha con centenas de miles de dólares a la semana, apenas el MAS fue derrocado y perseguido por la dictadura militar”, indica el reporte de Misión Verdad que cita documentos del periodista Kennard.

El Reino Unido diseñó un proyecto, cofinanciado con el Banco Interamericano de Desarrollo, entre 2019 y 2020, que buscaba “‘optimizar la exploración y producción de litio en Bolivia utilizando tecnología británica’”, según el reporte.

La versión periodística describe que después del golpe, ese proyecto avanzó rápidamente: 

“El resumen del proyecto fue autorizado por su principal financiador, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 25 de noviembre de 2019, dos semanas después del golpe y días después de la masacre de Senkata”, añade.

La investigación explica que “el proyecto obtuvo la aprobación total para un financiamiento de $us 100.000, semanas después, a mediados de diciembre de 2019”.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña parece haber pagado a una empresa con sede en Oxford, llamada Satellite Applications Catapult, para optimizar la explotación de los depósitos de litio de Bolivia vía satelital, un mes después de instalada la dictadura”, agrega la investigación periodística.

La pesquisa muestra una serie de documentos en los que se describen 16 proyectos más financiados por la misión diplomática en Bolivia.

Previo al golpe, —cuenta Kennard— el Foreign Office ya había compilado información y experiencias sobre la industria del litio en desarrollo en Bolivia, durante el gobierno de Evo Morales, lo que fue un ensayo de las prácticas que en el transcurso del gobierno de facto de Áñez se entronizaron sin escrúpulos.

“La Embajada británica estuvo promoviendo, meses antes del golpe contra Morales, los servicios de cyberdefensa a los banqueros bolivianos de una compañía llamada Darktrace, montada por el MI5, el servicio de seguridad doméstica, y una agencia de inteligencia, GCHQ”, añade el informe.

“La Embajada del Reino Unido llevó a una empresa de ciberseguridad con estrechos y abiertos vínculos con la CIA y la NSA a Bolivia en marzo de 2019, ocho meses antes del golpe militar, así como a un tanque de pensamiento, Chatham House, cuyas principales financistas son el Departamento de Estado estadounidense, el Foreign Office del Reino Unido, el ejército británico y las compañías petroleras BP y Chevron”.

La investigación del periodista inglés indica que la Embajada británica proporcionó datos al informe de la OEA, “que presentó con el fin de socavar los resultados de las elecciones presidenciales que habían dado a Evo Morales la reelección en 2019, y que sirvió de pretexto para el golpe militar”.

La Embajada británica financió con 8.000 libras esterlinas una misión de observación electoral en el marco de las elecciones de 2019, y que fue vital en la emisión de datos al informe de la OEA, indica el reporte.

También, dicha embajada anota que la Fundación Thomson Reuters, “dio más de 9.000 libras esterlinas al reclutamiento y formación de una treintena de periodistas con el fin de hacer una cobertura ‘independiente’ de los comicios”, para así provocar una “desestabilización interesada con fines destituyentes”.

“Dichos elementos se conjugaron para crear el escenario ideal del golpe, lo que dio un papel protagónico al Reino Unido en la intervención internacional por el litio boliviano”, señala la pesquisa.

Para marzo de 2020, Áñez “había invitado a 12 compañías del Reino Unido al país; funcionarios británicos resaltaron el papel de los empresarios de Santa Cruz en la traída de capitales ingleses a suelo boliviano”, señala el informe.


Ministerio de Justicia pone en marcha Comisión Nacional de Seguimiento para Casos de Feminicidio
Ministerio de Justicia pone en marcha Comisión Nacional de Seguimiento para Casos de Feminicidio

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional puso este miércoles en marcha el funcionamiento de la Comisión Nacional de Seguimiento para Casos de Feminicidio (Conascfe), compuesta por nueve profesionales para hacer acompañamiento a los casos.

Los juristas son especializados en Derecho Penal y Derecho Constitucional. Recibieron cursos de actualización en doctrina, jurisprudencia y normativa internacional en materia de violencia de género y feminicidio, enfoque de género, estereotipos, prejuicios, discriminación, violencia de género y derechos humanos.

La jurista Sandra Soto, representante del Ministerio de Justicia en el Departamento de Oruro, indicó que el proceso de capacitación permite contar con herramientas e insumos para hacer seguimiento y establecer mecanismos para impulsar celeridad en la administración de justicia en casos de violencia de género.

“Estamos conformando la Comisión Nacional de Seguimiento para Casos de Feminicidio, razón por la cual hemos sostenido un encuentro nacional de capacitación y actualización que nos permite tener más insumos y herramientas para realizar una coordinación en nuestros departamentos, y así atender la demanda de la población que quiere una justicia pronta y eficaz”, dijo.

Respecto a los casos de feminicidio, el Ministerio Público registró 113 víctimas por este delito en 2020. De esos hechos, únicamente 12 cuentan con sentencia condenatoria, 10 están con extinción por muerte del agresor, 65 en etapa preparatoria y con detención preventiva del agresor, 20 en etapa preliminar y seis fueron rechazados.


Aprehenden a dos personas por quema de ánforas y agresiones durante las elecciones subnacionales en Santa Cruz
Aprehenden a dos personas por quema de ánforas y agresiones durante las elecciones subnacionales en Santa Cruz

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó este miércoles a Felipe L. R. y a Oscar U. D. como implicados en la quema de ánforas y papeletas, y en la agresión a personal electoral, policial y a comunarios durante las elecciones subnacionales desarrolladas el fin de semana en el departamento de Santa Cruz.

“El día de hoy, nos encontramos en el departamento de Santa Cruz para presentar a las primeras dos personas aprehendidas que han cometido este tipo de ilícitos”, señaló en una conferencia de prensa.

La autoridad estatal recordó que las acciones delincuenciales ocurrieron en los municipios de Pailón, Colpa Bélgica, San José de Chiquitos y San Ramón.

En ese contexto, Del Castillo mencionó que la investigación del caso continúa porque se tiene identificadas a todas y cada una de las personas que participaron en los hechos delictivos.

El titular de esa cartera de Estado aseguró que no se tolerará ese tipo de ilícitos porque interrumpen la democracia y recordó que el Ministerio de Gobierno tiene la tarea de garantizar el derecho ciudadano de elegir a sus representantes y resguardar el orden público.

“No vamos a permitir que grupos irregulares manchen a nuestro país”, sentenció.

Del Castillo recalcó que no se permitirá que los implicados queden impunes por generar violencia electoral como la ocurrida en 2019, cuando se desconoció el voto del pueblo.


Aprehenden a dos presuntos implicados en delitos electorales en Nueva Esperanza
Aprehenden a dos presuntos implicados en delitos electorales en Nueva Esperanza

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó este miércoles que fueron aprehendidos Luis Marcelo B. M. y Jairo Edson V. E., presuntos implicados en los delitos electorales, tales como, el secuestro de autoridades electorales y efectivos policiales, el robo y la quema de ánforas con papeletas de sufragio en el municipio de Nueva Esperanza, en Pando.

En conferencia de prensa dictada en Cobija, la autoridad de Estado presentó a los aprehendidos y aseguró que cualquier conducta antidemocrática será sancionada con “todo el paso de la ley”.

“Quiero decirles que seremos duros con toda persona que atente contra la democracia y que busque maneras de desconocer el voto popular quemando ánforas y atentando contra la integridad de las autoridades electas. No vamos a permitir que vuelva a suceder lo que ha sucedido el 2019, no vamos a permitir que los hechos queden impunes como en 2019, no vamos a permitir que se melle la dignidad de las mujeres”, señaló.

Lamentó que grupos violentos que desconocen el voto a favor de autoridades electas de los últimos comicios electorales, ejerzan presión e incurran en delitos electorales, como el acaecido en el municipio de Nueva Esperanza.

El ministro de Gobierno detalló que se busca a Armando O. C., Alcira C F., Carmen A. C., Roberto J. R, Jhonny R. C. y Guido C. A., quienes se encuentran prófugos de la justicia.

“Nosotros tenemos la misión de garantizar que se respete el derecho al voto de todos y cada uno de los ciudadanos en cualquier parte de nuestro territorio y cualquier conducta antidemocrática será sancionada con todo el peso de la ley”, manifestó.


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