El director ejecutivo del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), Tito Tornero, informó este martes que formalizaron la denuncia ante el Ministerio Público en contra de los autores del asesinato de Anakin.

“Nosotros vamos a brindar todo el patrocinio y toda la orientación que sea necesaria para que este caso tenga la máxima pena por haberse cometido asesinato y descuartizamiento”, aseveró Tornero.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Sepdavi presentó la querella en contra de Álvaro S. y Luz P., y solicitarán al Ministerio Público que emita una citación para la madre de Luz, porque aparentemente el día del suceso ella estaba en el domicilio.

El Sepdavi solicitó que se esclarecerán los detalles del caso, para que los imputados sean sentenciados con la pena máxima sin derecho a indulto. Esa institución también brindará apoyo psicológico al padre de la víctima.

Según un reporte del Ministerio de Justicia, se solicitó la revelación del extracto de llamadas telefónicas de los imputados, la víctima y del padre de la víctima para esclarecer con quiénes se contactaron esas personas el día de los hechos.

El 1 de septiembre, vecinos de la zona Bella Vista de El Alto encontraron partes de un cuerpo, la Policía Bolivia realizó el levantamiento e identificó a la víctima como Anakin Tancara, un estudiante de Derecho de la Universidad Pública de El Alto (UPEA). Por la tarde, los efectivos encontraron el torso en la casa de Luz.

El 3 de septiembre, el Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal de El Alto determinó la detención preventiva de Álvaro en Chonchocoro y de Luz en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores.

(Foto: GAMLP)

Ramiro Ulloa, vecino de la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz, denunció este martes que la alcaldía realiza reparaciones frecuentes al puente en el viaducto Simón Bolívar y que pese a eso las rajaduras continúan. Advirtió que no se trata de hacer parches, porque el daño es estructural y se debe realizar una investigación.

“Están refaccionando todos los días desde las 8.00 hasta las 15.00, es un desgaste de energía y un gasto de dinero para cubrir una mala obra y una mala gestión”, aseveró el vecino.

Según el entrevistado, las fallas son desde el inicio de la obra, porque la empresa constructora dejó de utilizar los camiones de hormigonera y evitó otros procedimientos que se deberían realizar en obras de gran magnitud.

Aseguró que los obreros municipales realizan “refacciones superficiales” de las rajaduras todos los días y, sin embargo, al promediar la tarde, estos daños vuelven a ser evidentes, por lo que solicitó que se haga una reparación de fondo, porque el puente registra vibraciones cuando los vehículos hacen su recorrido.

El secretario municipal de Infraestructura Pública de la Alcaldía de La Paz, Boris Bacarreza, afirmó que la empresa constructora del conjunto de viaductos Tejada Sorzano reparará la obra que presenta una “dilatación” y asegura que no representa un peligro; sin embargo, los vecinos consideran lo contrario.

La obra de los viaductos de la plaza Tejada Sorzano fue entregada en julio en el marco de las celebraciones por los 212 años de la Revolución del 16 de julio de 1809 de La Paz.

Tras dos meses de su inauguración, la obra del puente del viaducto presenta grietas y rajaduras de consideración, por lo que vecinos del lugar realizaron la denuncia y una comisión del Concejo Municipal realizará la fiscalización

La vicepresidenta del Concejo Municipal de Cochabamba, Escarlent Terrazas, informó este martes que la Defensoría del Pueblo admitió la denuncia de las concejalas del Movimiento Al Socialismo (MAS) en contra de los concejales de Súmate que son denunciados por ejercer acoso político y violencia psicológica.

“Hay una admisión del caso, para que se investigue y el día de ayer a la cabeza de la delegada de la Defensoría del Pueblo ha hecho una inspección in situ en el Concejo Municipal (…) Está haciendo unas entrevistas para poder verificar si existe ese acoso político que hemos denunciado (sic)”, aseveró la autoridad en contacto con Bolivia TV.

Explicó que el personal de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba se trasladó a dependencias del Consejo Municipal de Cercado para iniciar con la investigación sobre el acoso político del que son víctimas concejales del MAS por parte de representantes de Súmate.

Afirma que los concejales del alcalde Manfred Reyes Villa lo protegen y no permiten que se haga la fiscalización correspondiente a las obras que realizan. 

Detalló que las concejalas sufren presiones, violencia psicológica y que no las dejan hablar o expresarse, porque las califican de “ovejas”, “levanta manos”, “locas”.

“Quiero que la Defensoría intervenga para que esto sirva de ejemplo y se prohíba, realmente se evite que otras mujeres concejales, autoridades, sufran este acoso político”, expresó.

Lamentó que las mujeres tengan que sufrir este tipo de violencia. Aseveró que su trabajo en la política ya es complicado, solo por el hecho de ser mujeres y porque tienen otras responsabilidades, por lo que pidió que las dejen trabajar y  que exista respeto para realizar un trabajo coordinado.

Terrazas explicó que estas diferencias no sólo son políticas, porque no existen acuerdos para que el trabajo se desarrolle en beneficio de todo el municipio. Aseveró que solo se pretende beneficiar a sectores que ya tienen los servicios básicos y se deja de lado a otros que sí necesitan proyectos.

Manfred Reyes Villa sufre la suspensión de sus derechos políticos debido a una sentencia ejecutoriada por conducta antieconómica, indicó el abogado constitucionalista, Franklin Gutiérrez, quien dijo que, si el Concejo municipal de Cochabamba no elige a un nuevo alcalde sustituto, incurrirá en el delito de incumplimiento de deberes.

El especialista añadió que las personas que tratan de impedir el cumplimiento de la sentencia que establece cinco años de reclusión para Reyes Villa, también incurren en el delito de desobediencia a la autoridad.

Gutiérrez explicó que el artículo 28 de la Constitución Política del Estado establece la suspensión del ejercicio de los derechos políticos en caso de que exista una sentencia ejecutoriada cuando la conducta de la persona procesada incurra en defraudación de caudales públicos.

“A él se lo acusó de una conducta antieconómica, con una sentencia de 2013, esa sentencia está ejecutoriada. Si ya tiene una sentencia que afecta al Estado, por lo tanto, él tendría que dejar el cargo de Alcalde para cumplir la sentencia que ha emitido el Tribunal Supremo”, indicó.

La posición del abogado se conoció luego de que la presidenta del Tribunal de Sentencia N° 1 de Cochabamba, Vivian Enríquez Monasterio, emitió el Mandamiento de Condena en contra de Manfred Reyes Villa Bacigalupi por la comisión del delito de conducta antieconómica, previsto y sancionado en el artículo 224 del Código Penal.

El Mandamiento de Condena indica que la pena impuesta es de cinco años de privación de libertad.

Sin embargo, Gutiérrez dijo que Reyes Villa puede recurrir al Tribunal Constitucional o solicitar medidas cautelares pero su solicitud debe estar debidamente fundamentada.

Mientras tanto, si el Concejo Municipal no elige a un nuevo Alcalde, incurrirá en el delito de incumplimiento de deberes y sus integrantes podrán ser sometidos a procesos penales por resistirse a cumplir una sentencia judicial, indicó.

Explicó que las nuevas autoridades municipales deben solicitar que se convoque a nuevas elecciones para Alcalde en un plazo máximo de 90 días.

El caso “Sillar Alternativo”, por el cual está sentenciado Reyes Villa, data de 2009. En 2013 se dictó la sentencia condenatoria por el delito de conducta antieconómica. El actual Alcalde de la ciudad de Cochabamba, presentó justificativos para evitar que esa sentencia sea ejecutoriada pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó un recurso.

Cuando era Prefecto, Reyes Villa y el Servicio Nacional de Caminos suscribieron un acuerdo para la presentación de un estudio a diseño final, como alternativa de solución al problema del tramo “El Sillar” de la carretera Cochabamba – Santa Cruz. Se dispuso Bs 1.615.000 para la contratación de consultorías individuales, cuando el proyecto obedecía a la contratación de consultoría multidisciplinaria y no tomó en cuenta que ese trazo atravesaba el Parque Nacional Carrasco, situación que evitó la obtención de la ficha ambiental.