El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Alberto Aguilar, informó este miércoles que iniciarán una investigación por homicidio culposo contra seis marineros y una sargento por la muerte del conscripto en el río Beni, de Riberalta.

“El día de hoy (miércoles) se ha notificado a los seis marineros que estaban en la embarcación conjuntamente con la víctima, como también se va a notificar a la sargento segundo, Pamela J. E. quien era la responsable de los marineros”, informó.

Según el reporte preliminar, el 18 de septiembre el conscripto Juan Mamani, de 19 años, junto a un grupo de seis marineros y una sargento (instructora) estaban en una embarcación en el río Beni para realizar revista del curso de operaciones fluviales.

La embarcación habría presentado desperfectos en su motor, lo que causó que los tripulantes caigan al agua, para luego ser rescatados; sin embargo, el conscripto Mamani se ahogó.

El jefe policial aseveró que se investigará el incidente y se solicitó el plan de operaciones que tenían para la revista, además del libro de novedades, con el objetivo de esclarecer y constatar las condiciones en que se encontraba la embarcación.

“Se está investigando este caso, se está pidiendo el plan de operaciones con el cual ellos han realizado esta revista, para ver en qué condiciones se encontraba esta embarcación”, señaló Aguilar a la red Unitel.

El cuerpo de la víctima llegó a La Paz y su familia exige que el suceso se esclarezca, porque aseguran que existen contradicciones en el relato de los hechos.

El fiscal departamental de Tarija, Wilson Tito, informó este miércoles que el Tribunal de Sentencia Segundo de Yacuiba emitió la condena de 25 años de prisión en contra de Rodrigo J.C.V. de 20 años por agredir sexualmente a su prima de 13 años; el imputado estará recluido en el Centro de Readaptación Productiva El Palmar, en Tarija.

“En la audiencia, la Fiscalía ofreció a la autoridad jurisdiccional las pruebas consistentes en declaraciones testificales, entrevista informativa, informes psicológico y social, certificado médico forense, anticipo de prueba en Cámara Gesell de la víctima, historia clínica de la menor, prueba de embarazo, entre otros elementos que fueron valorados por los miembros del Tribunal que emitieron condena para Rodrigo J.C.V.”, dijo Tito.

Según el reporte, por la agresión la menor quedó embarazada, lo que determinó siendo un agravante del delito, motivo por el que la Fiscalía presentó las pruebas en la audiencia para emitir la condena.

El hecho se registró en los primeros días de agosto de 2020; el imputado frecuentaba la casa de la menor y aprovechó su situación de vulnerabilidad para cometer la agresión sexual.

El 8 de octubre de 2020, la madre de la adolescente notó los cambios físicos y la llevó a una revisión médica y el personal de Salud le comunicó del embarazo de la menor; tras indagaciones descubrieron que el autor era Rodrigo.

La progenitora de la adolescente se presentó en oficinas de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) para dar a conocer el hecho y promover la denuncia ante el Ministerio Público para que se inicie con la investigación, señala un boletín de prensa.

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, confirmó este miércoles que los incendios en el departamento de Santa Cruz están bajo control. Lamentó que un medio internacional desinforme al afirmar que el fuego está fuera de control en Bolivia.

“Desde el punto de vista técnico, tenemos que decir que los fuegos están controlados; en el lugar, existe gente que está trabajando intensamente. Debo lamentar la noticia que ha circulado en CNN, un canal internacional, bajo el título que los incendios están descontrolados y, lamentablemente, eso no solamente hiere nuestra dignidad como bolivianos, sino que indigna, porque es una manera de desinformar a la población”, sostuvo Calvimontes.

Dijo que existe una doble intencionalidad “con intereses oscuros” del medio internacional que con ese tipo de aseveraciones causan malestar y desinformación de la población nacional e internacional, utilizando imágenes pasadas.

Reiteró que los incendios en el departamento de Santa Cruz están controlados y que existe personal en el lugar para mitigar los incendios que persisten y evitar que otros se reactiven.

En pasadas horas, autoridades nacionales, subnacionales e instituciones realizaron un sobrevuelo de reconocimiento e inspección en las regiones afectadas y constató que el origen de los incendios ilegales iniciaron en propiedades privadas y ganaderas; pero, en su mayoría están controlados.

“Estos incendios, en la mayor parte de los casos, tienen su origen en propiedades privadas y, en esta zona específica, en propiedades ganaderas y eso es lo que preocupa de sobremanera”, lamentó la autoridad.

Según el reporte del viceministerio, el sobrevuelo se realizó en el municipio de Puerto Suárez, Yacuses, Parque Nacional Utuquis, Laguna Mandiore y Palmitos, donde se pudo observar incendios  de poca dimensión en la zona. En la zona Santa Ana de Chiquitos, se identificaron tres incendios esparcidos considerados de “poca magnitud”.

Explicaron que en relación a la región de Yacuses el incendio está contenido; en la región de los Palmitos, los incendios serán trabajados por efectivos Bomberos Forestales y personal técnico de la Autoridad de Fiscalización y Supervisión de Bosques y Tierra (ABT) y del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).

Indicaron que se aplicará un plan de acción para apagar los incendios que se identificaron; para ello, se contará con personal conformado por efectivos del Regimiento de Caballería 6, personal de Sernap, ABT, Bomberos pertenecientes a la alcaldía de Puerto Suárez para mitigar el fuego en comunidades del municipio de Carmen Rivero.

El diputado Juan José Jáuregui dijo que el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, no afecta al secreto de imprenta ni el trabajo cotidiano de los periodistas.

El legislador, entrevistado en el programa “Contragolpe”, de radio Patria Nueva, dijo que el derecho a la libertad de expresión y el secreto de imprenta, están garantizados en la Constitución Política del Estado y la Ley de Imprenta.

Explicó que el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, no perturbará el trabajo de los periodistas ni afectará sus derechos y garantías constitucionales.

Dijo que el artículo 4 del proyecto, indica que “la presente ley se desarrolla en el marco de la Constitución Política del Estado” lo que significa que la propuesta legal que analiza el Senado, “no puede vulnerar los contenidos de la Constitución Política del Estado”.

“El trabajo de la prensa, producto de la decisión de la Asamblea Constituyente y producto de la decisión del soberano que se manifestó en 2009 con la promulgación, ha incorporado en nuestra Constitución, los resguardos para la actividad de los medios de comunicación que están contemplados en los artículos 106 y 107”, indicó.

El artículo 106 de la Ley de Leyes indica que “El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información”.

El artículo 107 añade que “La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley”.

La Ley de Imprenta, en actual vigencia, garantiza el secreto en materia de imprenta con el siguiente texto: “Art. 8.- El secreto en materia de imprenta es inviolable”.

Jáuregui dijo que el proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, no puede alterar lo dispuesto en la Constitución que resguarda “el trabajo de los medios de comunicación”

Añadió que la propuesta de ley no incluye a los periodistas respecto a revelar fuentes de información ya que el artículo 18 de la propuesta legal indica quiénes están en el deber de informar  y “habla de comercializadoras de inmuebles, muebles sujetos a registro, comercialización de obras de arte, objetos arqueológicos, comercialización de armas de fuego, actividades hoteleras, construcción de carreteras, transportes aéreos nacionales e internacionales, usuarios de zonas francas y otras actividades económica establecidas en el Código de Comercio”.

“Una actividad del medio de comunicación, por su naturaleza, no está involucrada dentro del Código de Comercio” por lo que los periodistas no están incluidos en el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, indicó.