La directora de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Sucre (Chuquisaca), Silvia Sardinas, confirmó este viernes que una niña de 12 años fue víctima de violación y ahora tiene siete meses de gestación.

La menor es del municipio de San Lucas y fue trasladada a la capital para que un equipo multidisciplinario la atienda.

“El día de ayer (jueves) se ha recibido una denuncia vía telefónica por los abuelos maternos de la menor de 12 años, quienes se han contactado con el funcionario policial en San Lucas (…). El primer actuado es realizar todas las gestiones posibles para que sea trasladada por el tiempo avanzado de gestación (…). Se ha desplegado personal de inteligencia para que se realicen las investigaciones”, explicó la capitana Sardinas.

Según la directora de la FELCV, el hecho habría ocurrido el abril de esta gestión cuando la menor pasteaba cabras con su madre; sin embargo, la menor se alejó del lugar al perseguir a sus animales y fue entonces cuando un sujeto desconocido la atacó y la violó, dejándola embarazada.

Sardinas explicó que la menor asistía a clases presenciales; sin embargo, desde agosto ya no se presentó. Este hecho fue denunciado por los abuelos de la menor que se comunicaron vía telefónica con la Policía quienes acudieron al lugar para corroborar el hecho.

Tras llegar a la vivienda de la menor y al comprobar el hecho, trasladaron a la niña aun centro de salud para sacarle una ecografía que evidenció que tenía siete meses de gestación.

Las autoridades decidieron trasladar a la menor a un centro hospitalario de la ciudad de Sucre para priorizar su vida y resguardar su salud.

Explicó que se desplegaron efectivos de inteligencia para investigar el hecho y capturar al autor del delito. Adelantó que se tienen diferente hipótesis pero que este caso se desarrollará con reserva.

Por su parte, el galeno que atiende a la menor en un centro hospitalario de Sucre informó que un equipo multidisciplinario atiende a la niña para resguardar su salud y su integridad.

Indicó que la menor está en un “ambiente especial” y que está protegida por todo el equipo del hospital con apoyo psicológico, apoyo médico especializado, entre otros, de acuerdo a la norma.

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, presentó este viernes dos denuncias penales ante la Fiscalía de Santa Cruz. Una de las denuncias es en contra de los propietarios de vehículos que pusieron "cascotes" y tierra en las carreteras durante los días de paro cívico político. En tanto, la segunda denuncia es por el secuestro que sufrió en el sexto anillo.

“Es por eso que hoy (viernes) he presentado ante la Fiscalía dos denuncias, la primera denuncia en contra de aquellos que echaron promontorios de tierra sobre las vías públicas, provocando un daño a la infraestructura vial y un daño económico al país por más de Bs 100.000; y la segunda por secuestro, atentando mi seguridad e integridad como ciudadano boliviano”, indicó el ministro a los medios de comunicación. 

Explicó que se pretende que las personas que ocasionaron esos perjuicios en la infraestructura vial paguen el daño económico que asciende a más de Bs 100.000.

“Estoy presentando esta denuncia contra aquellos propietarios que realizaron acciones para deteriorar las vías fundamentales de Bolivia, por eso es que van a tener una sanción y van a tener que devolver los recursos que, a través de la ABC (Administradora Boliviana de Carreteras), vamos y estamos erogando ya para realizar la limpieza”, explicó la autoridad.

Montaño presentó fotografías de los vehículos que causaron los daños en la red vial, en las que se observan las placas de control e incluso a las personas que participaron del hecho.

Aseveró que al ser ministro de esa Cartera de Estado, su responsabilidad es denunciar el hecho, porque de lo contrario estaría incurriendo en un incumplimiento de deberes.

Lamentó que durante el paro cívico, gente “inescrupulosa” lo haya retenido llegando a “secuestrarlo” y atentando contra su seguridad e integridad.

Indicó que los responsables de ese delito podrían ser sancionados con dos a ocho años de cárcel.

“Me capturaron en el sexto anillo y el Barrio España”, indicó.

Explicó que con las denuncias se sentará un “precedente” para que se respeten los derechos de las autoridades y de la población cruceña, para que nos sean vulnerados sus derechos.

“Los bolivianos y bolivianas debemos vivir bien y seguros, en un país donde se nos respete nuestros derechos y podamos movernos con confianza y tranquilidad (…). No vamos a dejar que personas que actúan en contra del bienestar de los bolivianos y bolivianas, causando temor y dejando una sensación de inseguridad, estén impunes”, escribió la autoridad, en su cuenta de Facebook.

La presidenta de la Asociación de los Fallecidos de Senkata, Gloria Quisbert, exigió este viernes justicia por las personas que fueron asesinadas y las que quedaron heridas tras la masacre de Senkata, durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez.

Lamentó que a dos años de esos hechos luctuosos los autores intelectuales y materiales sigan libres. No descartó en acudir a organismos internacionales para exigir justicia y que los personajes involucrados, como Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa, sean procesados y sancionados.

“Es inolvidable lo que nos han hecho, a estos dos años (de la masacre) no hay justicia (…). Los autores intelectuales, (los autores) materiales están libres y quieren volver a hacer lo que han hecho el 2019, esto no se puede quedar en la impunidad, lo que nosotros queremos es que de una vez avance la justicia”, indicó Quisbert a Bolivia Tv.

Quisbert lamentó que pese a las pruebas presentadas y recabadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), quienes en su informe corroboraron que en la gestión 2019 hubo masacre, reprochó que hasta la fecha la justicia no esclarezca los hechos y los autores materiales aun sigan libres.

“El 14 de noviembre han firmado el Decreto 4078, donde los militares han ido contra su pueblo, han ido contra su sangre. Queremos que esas personas, quienes han firmado el decreto paguen, no les ha temblado la mano para firmar este decreto, como también a las personas que no quieren prestar su declaración, son personas que no tienen sangre”, indicó.

Recordó entre lágrimas cómo, un 19 de noviembre, el gobierno de facto de Jeanine Áñez dio órdenes para que los militares y los policías intervengan el sector de Senkata bajo el argumento que querían hacer explotar la misma, pero se demostró que esa teoría era falsa, y que causó la muerte de muchas personas.

“Han destrozado a las familias, nos han dejado secuelas que no se pueden olvidar. Dos años que ya no se puede vivir que ya no se puede dormir (…). Estas personas que han ocasionado todo esto, el señor Arturo Murillo, el señor (Luis Fernando) Camacho, Carlos Mesa, que han actuado en sangre fría, ellos no sienten el dolor que sentimos nosotros  por eso pedimos justicia”, acotó.

Esta jornada se realizará un acto de homenaje a las víctimas de la masacre de Senkata; se presentará un muro con fotografías, harán una caminata exigiendo justicia hasta llegar a la iglesia para la celebración de una misa y posteriormente se proyectará un video de lo que pasó en 2019. En la plaza 25 de Julio, será el acto central, donde rendirán un minuto de silencio, lugar en el que los cuerpos fueron velados en aquella ocasión.

El 14 de noviembre de 2019, el régimen de Áñez aprobó el Decreto Supremo 4078, esta norma establecía que los militares estaban exentos de responsabilidad penal pese al uso de armas en los operativos “a fin de reafirmar y consolidar la unidad y la pacificación del país”. Esto permitió a las FFAA, en apoyo a la Policía Boliviana, reprimir protestas que cuestionaban al gobierno de facto.

El GIEI concluyó en su informe que en Senkata se produjo una masacre: “El análisis de los medios de prueba revela que el grupo de manifestantes que embistió contra el muro y la puerta de la planta YPFB de Senkata no superó a un centenar de personas. Alrededor de las 12, ese grupo derrumbó parte del muro de la planta ubicado sobre la avenida 6 de Marzo. Como reacción inmediata, las fuerzas militares que resguardaban la planta empezaron a disparar. Como consecuencia de los disparos, se produjeron por lo menos diez víctimas fatales y al menos 78 heridos, de los cuales 31 personas fueron heridas por proyectil de arma de fuego o por elementos contuso perforantes”, indica el documento.

El director nacional del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), Tito Tornero, informó este jueves que se trasladó a la ciudad de Potosí para hacer seguimiento al proceso de investigación por la muerte del joven Basilio Titi, ocurrida durante el paro promovido la pasada semana por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo).

“Lo que nosotros queremos es que todos los actos sean desenvueltos en el marco de la imparcialidad. Queremos asegurar el debido proceso para que se esclarezcan las circunstancias de los hechos y se llegue a la verdad de este lamentable hecho”, indicó Tornero, según un boletín del Ministerio de Justicia.

Para ese objetivo, el director sostuvo reuniones con representantes de la Fiscalía Departamental de Potosí, del Tribunal Departamental de Justicia y otras autoridades.

“Se ha determinado llevar adelante este trabajo coordinado”, comunicó y remarcó que el Sepdavi es parte del proceso.