El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseveró este sábado que el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, es un “cáncer” para la sociedad y condenó sus declaraciones en las que indicó que el Gobierno del presidente Luis Arce fue “ganado con fraude y que debería sentirse avergonzado”.

“Rómulo Calvo, es poco serio con esas declaraciones y es un cáncer para nuestra sociedad”, escribió Del Castillo en su cuenta oficial de Facebook.

Aseveró que Calvo se manifiesta de manera “jocosa e irresponsable” y recordó que el presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce, ganó las elecciones del año 2020 con casi 3,4 millones de votos de toda Bolivia.

“Para el señor Calvo los casi 3,4 millones de votos que recibió nuestro actual presidente no cuentan. Cree que Bolivia solo es un grupo de personas que trabaja en la calle cañada Strongest”, indicó.

Reprochó que el cívico no tome en cuenta el voto de los bolivianos, desconociendo así la democracia y se atribuya la representación popular cuando a él lo eligieron 284 personas “ni el 0,01% de 3,4 millones) y en cuatro paredes”.

Indicó que ello demuestra que Calvo “no sabe qué es la democracia y desconoce cómo funcionan las instituciones en nuestro país”

El Juzgado Quinto de Instrucción Penal de El Alto determinó este sábado, en audiencia virtual, enviar a la cárcel de manera preventiva, por el lapso de seis meses, al presunto contrabandista identificado como Faustino Q. C., imputado por el delito de asesinato del suboficial Roberto Jaracalla Rocabado durante una emboscada a efectivos militares en Senkata. 

“El Juez Quinto de Instrucción en lo Penal de El Alto dispone la detención preventiva de Faustino Q. C. en el penal de San Pedro, de la ciudad de La Paz, por el lapso de seis meses”, determinó el juez Freddy Choque en la audiencia virtual.

La autoridad explicó que durante la audiencia se fundamentó que el imputado sería un peligro para la sociedad. Indicó que no se cuenta con un registro judicial de antecedentes penales, pero sí con un certificado de antecedentes donde se registra un proceso por violencia doméstica.

Acotó que por la naturaleza del presunto delito y la forma en la que se desarrolló en contra de los militares que luchan contra el contrabando se determinó que es un hecho de relevancia social y es investigado por el Ministerio Público.

Explicó que la parte querellante enfatizó que el imputado podría modificar elementos de prueba o podría influenciar de forma negativa en contra de testigos, peritos y otros.

El juez determinó que el imputado debe estar recluido mientras duran las investigaciones para esclarecer el caso. Entre los siguientes actos se hará un análisis de los equipos celulares que fueron decomisados como el extracto y flujo de llamadas, examen técnico ocular seguido de la reconstrucción, entre otros.

El 18 de noviembre, el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando informó sobre el deceso de un militar del Comando Estratégico Operacional (CEO - LCC), quien fue emboscado junto a sus compañeros en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto, por personas que se dedican al contrabando.

El 19 de noviembre, la Fiscalía determinó imputar por el delito de asesinato a Faustino Q. C., quien es acusado de haber participado en la muerte del efectivo militar.

Según el informe de la Fiscalía, el sindicado fue capturado cuando intentaba reparar la rueda del vehículo en el cual los contrabandistas emboscaron a los efectivos militares. En su declaración informativa admitió haber estado presente en el momento del fuego cruzado entre los contrabandistas y militares.

El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó este sábado que, tras el rastrillaje en recintos penitenciarios, se identificó 70 casos activos de COVID-19 en la población privada de libertad de San Pedro, en La Paz, y Palmasola, de Santa Cruz.

“Hemos aumentado los casos, hasta ayer (viernes) teníamos 30 casos, hemos subido 15 más por las pruebas que ha realizado Inlasa (Instituto Nacional de Laboratorios de Salud de Bolivia), tenemos 45 casos de COVID-19 (…). Hemos subido a 25 casos en el penal de Palmasola”, indicó Limpias a Red Uno.

Explicó que ya se coordinó con el Programa Mi Salud, dependiente del Ministerio de Salud, para reforzar las tareas de prevención, desde los rastrillajes médicos en la población penitenciaria. Además, que esta tarde se hará la entrega de medicamos e insumos para luchar contra el COVID-19.

Enfatizó que hasta el momento las personas contagiadas están estables y no presentan síntomas; sin embargo, indicó que recibirán toda la atención médica para resguardar su salud.

Anunció que se realizarán pruebas antígeno nasales y pruebas PCR a toda la población penitenciaria para detectar posibles casos de manera oportuna y evitar que se siga propagando.

Palmasola y San Pedro son los únicos establecimientos penitenciarios donde se detectaron casos positivos, por lo que están encapsulados de manera temporal por 21 días.

Durante el encapsulamiento se realizarán tareas de desinfección, rastrillajes médicos, pruebas de COVID-19, con la finalidad de garantizar la salud de la población privada de libertad.

El ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, instó este sábado a esclarecer el robo de computadoras que sufrieron las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Santa Cruz.

“Se debe investigar hasta esclarecer el caso”, indicó la autoridad en conferencia de prensa.

Montaño aseveró que en esa Cartera de Estado se instruyó hacer copias de seguridad de toda la documentación importante y archivos de las computadoras para resguardar la información de presuntos ladrones.

“Hemos instruido, con mucha anticipación (…), que hagan el back up (copias de seguridad) correspondiente de todas nuestras instituciones, porque tenemos experiencia que esta gente que quiere hacer el golpe de Estado se roba, quema los documentos que tiene cada institución, por eso hemos instruido hacer los back up correspondientes, porque quieren hacer desaparecer información clave, entonces el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda ha tomado todas las acciones para que no desaparezca la información; no es el robo de las computadoras, sino la información que contiene”, aseveró.

Señaló que las personas que están detrás de esos ilícitos podrían ser las mismas que están gestando un “segundo golpe de Estado”, porque ya se tiene experiencias de la administración del gobierno de facto de Jeanine Áñez, en el caso de Entel.

Este sábado 20 de noviembre, la Policía Boliviana recibió una denuncia por el ingreso de personas ajenas al INRA en Santa Cruz, se presume que esta madrugada los ladrones se llevaron computadoras con importante información, además de documentación.