El Gobierno avanza en la reparación integral por el daño causado a las víctimas durante el régimen de facto de 2019. Aprobó un fideicomiso de hasta Bs 8 millones para entregar créditos, otorgó hasta Bs 100.000 a las familias afectadas, atención médica a los heridos, becas educativas, paquetes alimentarios y fuentes de trabajo.

El informe fue brindado por el ministro de Justicia, Iván Lima, quien explicó que se requiere de una Ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional para reforzar y ampliar esa reparación integral a más personas, especialmente a los heridos y a los perseguidos políticos y judiciales.

Explicó que, en el marco del compromiso para la reparación integral del daño a todas las víctimas de los hechos ocurridos en el último trimestre de 2019, se aprobó el Decreto Supremo 4639, que autoriza al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural constituir un fideicomiso de hasta Bs 8 millones, con el fin de otorgar créditos de fomento a la producción para los familiares de los fallecidos y víctimas del golpe de Estado de 2019.

La autoridad explicó que esa y otras medidas forman parte de los resultados del diálogo con las víctimas y con representantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El Ministro explicó que, “como Gobierno nacional, en las áreas que se han determinado en diálogo con las víctimas y con los expertos internacionales se ha indemnizado con 100 mil bolivianos a todas las familias de los fallecidos de los luctuosos hechos que hemos vivido en el país”.

Además de ello, también “se han atendido operaciones y todos los reembolsos necesarios. El tema de salud ha sido cubierto”, añadió.

El Gobierno también otorgó 1.500 becas educativas a las familias afectadas.

También se entregó un Bono alimenticio con apoyo del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem).

En el campo laboral, se otorgó un ítem o contrato a un representante de cada familia afectada.

El Ministro explicó que se tiene el registro de 38 fallecidos, más de 100 personas heridas, cifra que es variable debido a que algunas personas continúan presentando sus documentos de respaldo.

Además de ello se tiene un registro en construcción de personas torturadas, perseguidos políticos y perseguidos judiciales. En esa categoría se encuentran aproximadamente 5.000 personas por lo cual se requiere la aprobación de una Ley para atender a ese sector.

La Dirección General de Régimen Penitenciario desmintió este miércoles una denuncia que circula por las redes sociales respecto a que la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, fue agredida por el personal de seguridad del Centro Penitenciario Femenino de Miraflores de la ciudad de La Paz.

“Ante esta publicación infundada y malintencionada es que desmentimos categóricamente tal hecho”, menciona un comunicado de la entidad estatal.

El documento deplora, por otro lado, que Áñez agrediera, más bien, verbalmente al personal policial del recinto penitenciario “tras haber entregado información que la misma privada de libertad habría solicitado”.

El comunicado manifiesta que el desmentido fue realizado luego de recibir un informe solicitado al personal de seguridad penitenciaria del Centro Penitenciario Femenino de Miraflores, por una publicación hecha por la hija de la expresidenta de facto, Carolina Rivera, por la que denunciaba que su madre sufrió agresiones físicas por parte de personal policial.

(Foto: Gentileza)

El director general de Régimen Disciplinario, Juan Carlos Limpias, informó este miércoles que alrededor de 250 jóvenes privados de libertad de todo el territorio nacional, terminaron su bachillerato mediante la educación alternativa, como parte de la reinserción social.

“A nivel nacional, entre hoy (miércoles) y mañana (jueves) serán las graduaciones en todos los centros penitenciarios del país; más de 250 privados de libertad se están graduando (…), eso es lo que la administración penitenciaria quiere mostrar, porque la educación es fundamental en la reinserción social”, aseveró la autoridad en declaraciones difundidas por Contra Líneas.

Limpias indicó que se está haciendo un convenio con la Universidad Pública de El Alto (UPEA) para que los jóvenes puedan continuar sus estudios superiores.

La tarde de este miércoles 14 jóvenes del Centro de Rehabilitación de Qalahuma, en Viacha, recibieron su diploma de bachiller.

Se estima que en la gestión 2022 alrededor de 80 personas privadas de libertad puedan cursar la carrera de Derecho en ese centro de rehabilitación.

El procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, fue nombrado padrino de la Promoción 2021 y mostró su alegría y satisfacción, porque los jóvenes decidieron seguir formándose y concluir sus estudios de bachillerato.

“Pese a la adversidad han podido lograr sus objetivos (…), van a recuperar su libertad y serán bolivianos de bien, esa es la idea”, indicó la autoridad.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este miércoles que la Policía Boliviana logró desarticular tres organizaciones criminales que se dedicaban al robo de inmuebles en la ciudad de El Alto. Se tiene a siete personas en calidad de aprehendidas.

“El día de hoy (miércoles) vamos a informar al pueblo boliviano que gracias el trabajo efectivo de la Policía Boliviana hemos logrado desarticular tres organizaciones criminales (…). Hemos logrado aprehender a siete personas que se dedicaban al robo de inmuebles en la ciudad de La Paz y El Alto”, indicó la autoridad en conferencia de prensa.

Explicó que la investigación inició el 7 de diciembre, tras el robo agravado en una tienda en la zona Huayna Potosí de la ciudad de El Alto.

Efectivos de inteligencia analizaron los videos de las cámaras de videovigilancia y evidenciaron el recorrido del vehículo sospechoso, minibús marca Subaru, gracias a mecanismos de georreferenciación dieron con el lugar donde se planificaban los robos, ubicado en la zona Vino Tinto de La Paz.

El 14 de diciembre, tras allanar y requisar el lugar, encontraron tres armas de fuego tipo revolver, por lo que aprehendieron a cuatro personas y además secuestraron dos vehículos, uno de ellos que fue utilizado en el robo.

Las asociaciones delictivas usaban la fuerza en las chapas de ingreso, procedían a envenenar a los canes que resguardaban los inmuebles y hacían el uso de armas de fuego al momento de ejecutar los robos.

Los componentes de las agrupaciones procedían a ingresar a viviendas para robar diferentes bienes. Las denominadas bandas eran identificadas como: La Triada, el clan familiar Juchani y el clan familiar Canguro´S.

El cabecilla de los grupos era Pedro Q.Y., autor intelectual quien se presume que era la persona que recibía todo lo robado, además marcaba los domicilios para los robos.

“Ese señor era el autor intelectual quien reclutaba ladrones en el departamento de La Paz y marcaba domicilios para que posteriormente ingresen a robar los distintos clanes”, aseveró. 

Los otros componentes de las bandas criminales son: Luis Javier R., Andrés Ch.L., Álvaro H.H., Gregorio S.C.E., Paton R., E.R.T., Leticia R.T. y Pedro Q.Y.

Asimismo, indicó que se tienen todas las pruebas para que sean juzgados por las autoridades competentes.