Cerca al mediodía de este lunes, Francia Antelo, esposa de Guillermo Parada Vaca, sindicado en la investigación de los 800 ítems fantasmas en el municipio cruceño durante la gestión de Percy Fernández, se presentó a declarar en calidad de testigo en compañía de su abogado.

“(Llegamos) a las 11.00 como corresponde para que mi patrocinada pueda presentar su declaración en calidad de testigo. Al salir, les damos mayores datos, estamos en horario”, aseveró el abogado de Antelo, quien trabaja en la Cooperativa de Agua Potable y Saneamiento (Saguapac), en declaraciones difundidas por Bolivia TV.

Según las primeras declaraciones de Antelo, ella desconocía de los movimientos de su esposo, por lo que tramita su divorcio tras 16 días de casada con Guillermo Parada Vaca, quien se encuentra prófugo de la justicia y pesa sobre él una orden de aprehensión y una alerta migratoria.

El miércoles anterior, Antelo se presentó en la Fiscalía de manera voluntaria, donde aseguró que no tiene relación con el caso de los ítems fantasmas y expresó su interés en colaborar con la investigación. Según indicó, se enteró de este hecho tras retornar de su luna de miel.

En el marco de las investigaciones de este caso, se citó a tres ejecutivos de Saguapac en calidad de testigos. Durante esta mañana, declararon dos y el último prestará su versión en horas de la tarde.

“Cada quien responde por sus actos (…) la cooperativa no tiene nada que ver”, indicó Otto Ritter, abogado de dos ejecutivos de Saguapac.

En tanto, Mery Balcázar, exfuncionaria de la Cooperativa Jesús Nazareno y esposa de Julio César Herbas, quien es el primer detenido preventivamente en la cárcel de Palmasola, no se presentó a declarar ni presentó ningún justificativo de su ausencia, por lo que el Ministerio Público no descarta en emitir una orden de aprehensión en su contra.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Bolivia entregó, en el marco de la cooperación, equipamiento al Ministerio Público con el objetivo de fortalecer las capacidades de la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico y la Unidad de Asuntos Internacionales.

“Agradecemos la cooperación y la entrega de los equipos que serán de mucha utilidad para las fiscalías especializadas, sobre todo en fases controladas. Tenemos en la institución bastantes necesidades, pero hemos logrado en esta gestión importantes avances y el Ministerio Público ha cambiado sustancialmente, ya no es el de hace tres años con más de 300 mil causas, ahora tenemos una reducción del 55%”, dijo el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce.

Según un reporte institucional, esta cooperación consiste en la dotación de computadoras, impresoras, proyector, entre otros, para fortalecer el trabajo de los fiscales en la lucha contra los delitos.

El Representante de la UNODC en Bolivia, Thierry Rostan, manifestó que la entrega de equipamiento es una ratificación de la cooperación que se firmó en la gestión 2020.

“En noviembre de 2020 el Fiscal General y mi persona firmamos un convenio para reiterar consolidar nuestras actividades conjuntas que son variadas que van desde talleres, foro de casos, conversatorios y la entrega de equipamiento, dentro del proceso de modernización de la institución”, acotó.

Además, destacó que el trabajo incluye la búsqueda constante para fortalecer la cooperación jurídica internacional, redes de facilitación de cooperación, así como esfuerzos para reducir todas las formas de violencia e incrementar el conocimiento y el compromiso por transparencia integral en el ámbito del sistema penal.

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, aseveró este lunes que desde la Unidad de Trasparencia de esta cartera de Estado se realizarán las investigaciones necesarias en el ámbito administrativo sobre presuntos “contratos fantasmas” que se detectaron en la Caja Nacional de Salud (CNS) en la ciudad de La Paz. Advirtió que serán implacables y que se identificará a todos los autores de comprobarse estos hechos de corrupción.

"Nosotros vamos a ser implacables con esta situación. Si bien la Caja Nacional de Salud tiene su autonomía jurídica, su autonomía técnica, su autonomía administrativa, autonomía económica, eso no convierte a la Caja Nacional de Salud en una isla y nosotros desde el Ministerio de Salud, desde nuestra Unidad de Transparencia, vamos a realizar las investigaciones necesarias", aseveró la autoridad en entrevista con Unitel.

Explicó que, pese a que la CNS tiene una autonomía técnica, administrativa y económica, facilitará la investigación de esta presunta red de corrupción, por lo que se realizarán “auditorías generales y especiales”.

Hasta la fecha, el ministerio identificó 23 casos con nombres y apellidos. No descarta que se encuentren más casos. Cuestionó que personas oculten documentación sobre el caso. Indicó que esto no afectará a la investigación y que desbaratará a “estructuras de corrupción”.

“Es infantil creer que escondiendo documentación algunas personas van a intentar dificultar esta investigación, los documentos se manejan en múltiples etapas, por múltiples áreas (…) Aquellas personas que forman parte de una estructura creada en la gestión 2020, con el objetivo de lucrar, con el objetivo de generar corrupción con el dinero de los asegurados de la Caja Nacional de Salud, nosotros las vamos a identificar a esas estructuras, a esas personas, vamos a desestructurar estos grupos y vamos a sancionar ejemplificadoramente a los responsables, de comprobarse estas sospechas”, aseveró Auza.

Asimismo, aseveró que se facilitará las investigaciones al Ministerio Público para esclarecer este hecho e identificar a todos los responsables. “Nos interesa saber la verdad de los hechos”, acotó.

Se identificó que Antonio Parada Vaca, principal sindicado en los 800 “ítems fantasmas” en el municipio de Santa Cruz, trabajó también como Jefe de Recursos Humanos con el exgerente general de la CNS, Roberto Carlos Rojas Justiniano, donde se detectaron “contratos fantasmas” a nombre de personas que dejaron su currículum en la institución sin que los postulantes se enteren.

Este hecho se conoció por una víctima que no logró cobrar su Bono Contra el Hambre porque figuraba como funcionaria de la CNS, por lo que denunció el hecho y el Ministerio Público inició las investigaciones hasta encontrar las irregularidades.

Según la Fiscalía, se estima que son alrededor de 80 contratos fantasmas y el presunto daño económico al Estado “asciende a Bs 137.000 aproximadamente”. Hasta la fecha, se tiene a nueve personas sindicadas en este hecho y tres de ellas ya tienen detención preventiva.

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó este lunes que se realizarán verificaciones e inspecciones en el trópico cochabambino para identificar posibles zonas de riesgo e intensificar los trabajos de prevención. El objetivo es evitar que la crecida de los ríos afecte a las poblaciones aledañas.

 “Justo en la zona del trópico hemos hecho bastantes trabajos de contención de los ríos, sobre todo, por el dragado (…) iremos a verificar si existe zonas de posibles inundaciones. Tenemos semana y media más para evitar que los ríos puedan afectar a las familias”, indicó la autoridad.

Explicó que, según los reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), se tiene previsto para enero de 2022 más precipitaciones que pueden provocar inundaciones. A la fecha, se tiene activada una alerta hidrológica de prioridad naranja para los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba.

Calvimontes aseveró que la Armada Boliviana realiza un seguimiento y tiene información que en la zona del trópico puede existir mayor crecimiento en sus ríos.

Aclaró que hicieron trabajos de prevención con la limpieza y dragados, pero que se realizarán los verificativos para identificar si existen algunas zonas de posible riesgo para resguardar la seguridad de las familias cochabambinas.

“Van a ver intensas lluvias durante estas dos semanas, pero estamos preparándonos para enero y la primera quincena de febrero. Se estima que serán meses donde habrá mayor precipitación fluvial y esto pone en riesgo los desbordes y los desastres”, explicó.

Acotó que hasta la fecha se reportaron alrededor de 1.050 hectáreas afectadas tras las últimas lluvias, por lo que se realiza la coordinación con los gobiernos subnacionales para reforzar los trabajos de reacción inmediata ante cualquier tipo de desastres.