Pese a que existe abundante evidencia contra Luis Fernando Camacho sobre su participación en el golpe de Estado de 2019, la Fiscalía aún no lo convocó a declarar, lamentó este martes Marcelo Valdez, abogado de la exdiputada Lidia Patty.

“Nosotros estamos muy preocupados, ya va a ser un año de que esto (proceso judicial) está y no se ha citado al principal sindicado (Camacho) que con probabilidad es autor de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración”, indicó en radio Patria Nueva.

Lamentó que a más de dos años de la ruptura constitucional que dio paso al régimen de Jeanine Áñez, “vemos que la justicia está lamentablemente muy atrasada”.

El 1 de octubre, el Fiscal General, Juan Lanchipa Ponce, informó que Camacho fue convocado a declarar el 7 de octubre en el marco de las investigaciones del caso golpe de Estado.

Sin embargo, el 6 de octubre, el fiscal Omar Mejillones informó que se suspendió la declaración de Camacho hasta que su padre, José Luis Camacho, preste su declaración informativa. Sin embargo, hasta la fecha, ninguno de los dos fueron citados por la Fiscalía.

En ese contexto, el abogado Valdez exhortó a la Fiscalía a proporcionar justicia a las víctimas del régimen de facto y proceder a la aprehensión de Luis Fernando Camacho antes de Navidad.

“El mejor regalo de Navidad para las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba y (para) el pueblo boliviano, el mejor regalo sería la aprehensión del señor Luis Fernando Camacho”, indicó.

Camacho, quien sustentó el régimen de Áñez, admitió en un video que su padre fue quien negoció con los militares y policías para que se insubordinen y den pie a la ruptura del orden constitucional en 2019.

La exdiputada Patty inició un juicio por lo sucedido en 2019. Producto de esa demanda, Áñez se encuentra recluida en la cárcel de Miraflores, en la ciudad de La Paz.

(Foto: Estela Quintana)

La Fiscalía General del Estado informó este martes que en Bolivia ya se suscitaron 107 hechos de feminicidio en todo el territorio nacional. Familiares de las víctimas salieron a las calles en la ciudad de La Paz para exigir justicia y que no se deje en la impunidad esos hechos violentos que dejaron luto y dolor en más de un centenar de familias bolivianas. 

“A días de la Noche Buena, las familias de víctimas en busca de justicia en Bolivia no encuentran respuestas a sus procesos que fueron truncados y sin justicia. Estamos indignadas con tanta impunidad”, indicó la representante de la Organización de Familias en Búsqueda de Justicia, Estela Quintana a la ABI.

Durante esta jornada hermanas, madres, hijas y amigas salieron a las calles paceñas y protestaron ante el incremento de la violencia hacia las mujeres, la retardación en los procesos penales en contra de los feminicidas y que muchos de los autores de esos crímenes salieran libres, tras una detención preventiva. Cerca a un centenar de fotos de las víctimas fueron colocadas al frente del Ministerio Público como una medida de protesta.  

Quintana reprochó la existencia de “funcionarios” que se corrompen y dejan en la “impunidad” la muerte de las mujeres. Asimismo, mostró su preocupación ante el alto índice de feminicidios que se suscitaron hasta la fecha.

“Nuestras víctimas sufrieron tres muertes perpetradas por feminicidas, la indiferencia y la vulneración de derechos e impunidad en los procesos”, condenó la representante.

Los familiares de las víctimas exigen justicia y que la figura legal sea modificada para que los agresores sean sentenciados a cadena perpetua. Asimismo, piden una renta vitalicia para los huérfanos y el resarcimiento de los daños.

“La impunidad y una estructura judicial hoy deja más de 800 mujeres asesinadas (…), sentencia no ejecutoriada no es justicia; detención preventiva de seis meses, no es justicia; sentencia de seis años a menores de edad feminicidas no es justicia”, aseveró.

Condenó que las víctimas de feminicidio, tras ser asesinadas, tengan que pasar por la indiferencia y la vulneración de sus derechos por la impunidad que se genera en la mayoría de los casos.

Quintana indicó que se tienen casos que llegan a demorar cerca de ocho años, porque los agresores retardan los procesos solicitando la cesación a la detención preventiva, incluso superando las 20 veces.

“Se cumplirán los 8 años de proceso y se extinguirá la acción. Esto dejará en libertad a otro feminicida”, reprochó.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, afirmó que desde el 1 de enero al 21 de diciembre de 2021 se suscitaron 107 feminicidios a nivel nacional, cifra que se acerca a los 113 que se reportaron en 2020. 

“Lastimosamente, el año pasado hemos cerrado con una cifra de 113 feminicidios, hasta ahora tenemos registrados 107 casos a nivel nacional, esta situación es preocupante porque aún no termina el año. Lo que llama la atención es la alta incidencia reportada en el departamento de La Paz, en particular en la ciudad de El Alto”, dijo Lanchipa.

Según los datos oficiales del Ministerio Público, en el departamento de La Paz se tienen 43 hechos de feminicidio; en Santa Cruz, 16; en Cochabamba, 15; en Potosí, 10; en Oruro 10; en Chuquisaca 6; en Beni, 3; en Tarija, 3 y en Pando, 1.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, aseveró este martes que se declaró en reserva las investigaciones del caso “ítems fantasmas” para no entorpecer las mismas. Aclaró que la determinación de la autoridad jurisdiccional fue a solicitud de la comisión de fiscales que investigan la presencia de una red de corrupción que operaba en la Alcaldía de Santa Cruz durante la gestión de Percy Fernández. 

“Se ha identificado que se puede filtrar información muy sensible y en algunos casos poner personas a buen recaudo; por ello, para no perjudicar ni entorpecer el trabajo investigativo es que se ha solicitado, a través de la autoridad jurisdiccional, la declaratoria en reserva”, indicó Lanchipa.

Según un reporte institucional, el fiscal general explicó que durante los diez días que el caso permanezca en reserva, la información que se genere durante el proceso investigativo no será cargada al Sistema Informático “Justicia Libre”, para que no se convierta en un mecanismo de filtración de datos de la investigación.

El principal investigado por la creación de 800 ítems fantasmas en la alcaldía cruceña es el exdirector de Recursos Humanos, Antonio Parada Vaca, quien está prófugo, y en las últimas horas se confirmó que está en Brasil solicitando un refugio político. 
El hecho se hizo público el 30 de noviembre a denuncia de la ejecutiva de la Gobernación cruceña Valeria Rodríguez, quien reveló que su exesposo cobró por más de 800 ítems fantasmas y derivó en la investigación de oficio del Ministerio Público que develó la existencia de una red de corrupción al interior de la Alcaldía cruceña.  

Parada Vaca tiene dos órdenes de aprehensión en su contra por los presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes, por los ítems fantasmas generados en la Alcaldía cruceña y por los contratos fantasmas de la Caja Nacional de Salud de La Paz, donde trabajó en el área de Recursos Humanos en la gestión 2020.

La denuncia por corrupción que hizo la administración de Luis Fernando Camacho contra la gestión del exgobernador cruceño, Rubén Costas, si bien puede ser una distracción para confundir la atención pública sobre los 800 ítems fantasmas, debe traducirse en la anotación preventiva de bienes de los involucrados para recuperar el dinero malversado, dijo el diputado Anyelo Céspedes.

El legislador, entrevistado en el programa “Contragolpe”, de radio Patria Nueva, indicó que tanto las denuncias de malversación en la Gobernación de Santa Cruz, como el escándalo de corrupción de los ítems fantasmas, muestran también disputas internas entre las logias (Caballeros del Oriente y Toborochi) que controlan entidades regionales.

“Lamentamos mucho, ayer fue la Alcaldía, hoy es la Gobernación (de Santa Cruz), indicó.

Cuestionó la “incapacidad” de Luis Fernando Camacho que ejerce el cargo de Gobernador de Santa Cruz por casi un año y recién presente una denuncia por corrupción contra la agrupación de Costas cuando lo usual es que realice una auditoría al poco de posesionarse en el cargo.

“Se tiene que investigar pero que no sea una forma de querer confundir al pueblo cruceño para que no sigamos con la investigación del caso de los ítems fantasmas. No olvidemos que los ítems fantasmas de la Alcaldía están sus socios políticos de Luis Fernando Camacho”, manifestó.

Céspedes recordó que varios diputados de Creemos, la agrupación política de Camacho, están involucrados con el caso de los ítems fantasmas.  

El 14 de diciembre, el diputado Rolando Cuellar (MAS), presentó una denuncia contra seis diputados de Camacho. “Hemos presentado al Ministerio Público la planilla de las Secretarías de Seguridad Ciudadana y Planificación (de la alcaldía cruceña), donde claramente estos diputados, y una asambleísta departamental de Santa Cruz, están figurando en el caso de los ítems fantasmas. Incluso hay un diputado de Creemos cuya esposa y hermana figuran en las planillas”, dijo entonces.

Según el detalle presentado por el legislador, Verónica Aguilera habría sido beneficiada con 15 contratos irregulares, Jenniffer Torrico con 23 contratos, Haidy Muñoz con 28, Oscar Michel Flores con 12, Tatiana Añez con 16 y la asambleísta departamental, Keila García con cinco contratos fantasmas.

Los legisladores de Camacho, ahora enfrentan una denuncia por los delitos de beneficio en razón al cargo, uso indebido de influencias y daño económico al Estado.

“Por ejemplo, aquí está la planilla de la Secretaría Municipal de Planificación, donde claramente vemos el nombre de Jenniffer Torrico, ahí está la planilla con los nombres, los ítems, el cargo, el sueldo y el contrato del mes de enero al 31 de marzo. Cuando Angélica Sosa estaba en campaña, estas personas solamente marcaban, se iban a hacer campaña y nunca trabajaban”, denunció Cuellar.  (https://www.abi.bo/#/noticia/15846 ).

En ese contexto, el diputado Céspedes pidió que la “Fiscalía siga investigando el caso de los ítems fantasmas, pero también que se investigue la corrupción que hubo en la gestión de Rubén Costas”.

El legislador dijo que la Fiscalía debería proceder a la anotación preventiva de los bienes de los involucrados en el caso ítems fantasmas como en el caso de malversación en la Gobernación de Santa Cruz, con el propósito de recuperar los dineros públicos.