El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, reiteró este martes que el Gobierno está comprometido con el principio de independencia judicial, por lo que invitó al relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Diego García Sayán, y espera que su evaluación despeje el discurso de “persecución política” que alegan quienes enfrentan un proceso.

“Estamos pidiéndole al relator especial sobre la independencia de magistrados de la Organización de Naciones Unidas, Diego García Sayán, que pueda visitarnos la segunda quincena de febrero con el fin que estos mitos y estas falsedades que se tienen en contra de la administración de la justicia queden despejadas”, dijo en entrevista con Red Patria Nueva.

Lamentó que algunos ciudadanos argumenten que son “perseguidos políticos” cuando enfrentan un proceso. Calificó a esta actitud como un “discurso mentiroso” que regularmente es utilizado por quienes cometen delitos o graves irregularidades en contra de los derechos o el patrimonio del pueblo boliviano.

Puso como ejemplo el caso de Antonio Parada, implicado en el caso de corrupción “ítems fantasmas” en la alcaldía de Santa Cruz, quien huyó a Brasil y junto a su hermano Guillermo pidieron refugio político.

“No creemos en ese discurso mentiroso de la persecución política que utilizan todos los que cometen delitos y todos los que cometen graves irregularidades en contra de los derechos y el patrimonio del pueblo boliviano”, explicó.

Dijo que se prevé, con la visita y evaluación de García Sayán, demostrar una “ruta seria” y un trabajo “esforzado” con diferentes entidades para hacer un cambio estructural de la justicia.

Lima indicó que se enviará un informe documentado al relator porque se espera que la visita dure aproximadamente entre siete a 15 días para reuniones con diferentes sectores de la sociedad.

“Son informes muy serios en los cuales se revisan todas las dificultades que tienen los países, todos los aciertos. Se tiene un espíritu constructivo, en el cual se van a plantear seguramente recomendaciones o se dirá que estamos yendo por buen camino con este proceso de reforma de la justicia”, acotó.

Se espera que el informe del relator sea presentado a mediados de la gestión 2022.

El Ministerio Público emitió una orden de aprehensión en contra del exrector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, sindicado por la comisión del delito de abandono de mujer embarazada.

El mandamiento de aprehensión de fecha de 3 de enero de 2021 indica que la medida se asume para que “preste su declaración informativa dentro del presente caso que se viene investigando”.

En marzo de 2021, una mujer de 35 años denunció que Albarracín la embarazó y luego abandonó a su bebé que se encontraba en terapia intensiva del Hospital Materno Infantil. Ante el riesgo de que la niña muera, la madre decidió hacer pública su acusación.

El  Artículo 250 del Código Penal establece colmo delito de abandono de mujer embarazada lo siguiente: “El que fuera de matrimonio hubiere embarazado a una mujer y la abandonare sin prestarle la asistencia necesaria, será sancionado con reclusión de seis meses a tres años. La pena será de privación de libertad de uno a cinco años, si a consecuencia del abandono la mujer cometiere un delito de aborto, infanticidio, exposición o abandono del recién nacido, o se suicidare”.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, prestó este martes su declaración informativa en calidad de testigo en la Fiscalía y ratificó su denuncia por el presunto desvió de Bs 700.000 durante la administración del exgobernador Rubén Costas.

“Ya me tomaron la declaración en función a lo que yo sabía (…) Como Gobernador, he recibido un informe a mediados de diciembre, en el cual se reportaban supuestos desvíos de fondos que se utilizó para campaña política del partido Demócratas, siendo que estaba destinado para la prevención contra COVID-19, eso es lo que se ha dicho, nos hemos ratificado”, aseveró Camacho tras salir de la Fiscalía.

Aseveró que todos los antecedentes están en la denuncia formal que presentó la actual Gobernación y que ahora investiga la Fiscalía este caso denominado caso “publicidad fantasma” durante la gestión Costas.

“Todo está plasmado en la denuncia formal que se ha hecho por parte de la Gobernación a cargo de la Secretaría de Justicia”, indicó.

El 20 de diciembre, el secretario de Justicia de la Gobernación cruceña, Efraín Suárez, denunció que en la gestión de Costas se destinó presuntamente un presupuesto público de la prevención contra el COVID-19 superior a Bs 700.000 para apoyar la candidatura de Roly Aguilera a la alcaldía de la capital oriental.

El Ministerio Público investiga ese presunto hecho de corrupción de oficio. Los denunciados son el exgobernador Rubén Costas; el excandidato a la alcaldía Roly Aguilera y el concejal Manuel Saavedra, quienes deberán presentar su defensa.

En el marco de las investigaciones, realizaron el allanamiento de dos empresas publicitarias en Santa Cruz "Multimedia" y Cisneros Interactive Bolivia en búsqueda de evidencia sobre el presunto desvió de recursos económicos de la Gobernación para campaña electoral de Demócratas.

El Alto: Centro de monitoreo de BOL-110 suspende vigilancia a falta de pago de internet

El director departamental de Seguridad Pública, Jesús Silva, informó este lunes que el Centro de Monitoreo de BOL-110 sufrió el corte del servicio de internet, por lo que se suspendió la videovigilancia en puntos estratégicos de la ciudad de El Alto.

Pidió a la alcaldía de la urbe alteña cumplir con el pago del servicio para restablecer el monitoreo y perseguir hechos delictivos.

“La suspensión de datos de transmisión de las cámaras de videovigilancia en la ciudad de El Alto, entendemos y conocemos que esto se dio a raíz de la falta de la gestión administrativa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto”, indicó el jefe policial a Bolivia TV.

La Policía exhortó al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto a cumplir con los temas administrativos para que se solucione este problema. Aclaró que los oficiales que realizan el monitoreo están a la espera para continuar precautelando la seguridad ciudadana.

El comandante Regional de El Alto, Oscar Ruiz, lamentó que la alcaldía no haya realizado el pago del servicio de internet y esto dificulta la labor de la Policía.

“Evidentemente, no se ha cumplido con el pago administrativo para que continúe en pleno funcionamiento el servicio de wifi y la trasmisión de datos correspondientes que es de tanta importancia para la ciudadanía alteña, porque nos permite resolver hechos delictivos en lugares estratégicos”, aseveró.